Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Al menos siete muertos han dejado enfrentamientos intermitentes entre dos grupos armados que comenzaron el 27 de febrero en San Pedro Huitzapula, municipio de Atlixtac, y que se han extendido a otras comunidades ubicadas en las colindancias de este municipio y el de Zapotitlán Tablas.
En una carta enviada el 5 de marzo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, los pobladores de Huitzapula denuncian que los gobiernos federal y estatal los han dejado solos ante la violencia generada por dos grupos que se disputan el territorio.
En tanto que en un boletín de prensa el gobierno del estado informó el 7 de marzo que autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de la Secretaría General de Gobierno y del Ejército sostuvieron ese día reuniones con líderes ejidales y representantes comunitarios de Atlixtac, “para fortalecer la seguridad y la prevención del delito en la región”.
Según el documento enviado a la presidenta Sheinbaum, uno de los grupos armados se presenta como Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), pero en los hechos es un brazo armado del grupo delictivo Los Ardillos que pretende desplazar al otro que controla la población actualmente.
Las autoridades de los pueblos, que por temor a las represalias sólo respaldan el escrito con sellos de las comunidades, refieren que la violencia comenzó con el enfrentamiento entre dos familias el 26 de octubre de 2024 con resultado de dos muertos.
Pero indican que los enfrentamientos reiniciaron este 27 de febrero pasado, cuando unos 200 hombres armados que se presentan como policías comunitarios entraron a Huitzapula en 15 camionetas y atacaron algunas casas y vehículos, con resultado de cinco campesinos muertos.
Antes, integrantes del grupo armado adversario, habían asesinado a balazos a un policía comunitario e incendiaron una camioneta y un automóvil cerca de Atlixtac, lo que habría motivado la irrupción a Huitzapula en busca de los agresores.
En tanto que el viernes pasado un hombre fue encontrado desmembrado en una de las calles de Huitzapula dentro de una bolsa negra de plástico y fueron señalados como responsables los “policías comunitarios”.
Los pobladores tanto de esta localidad como de comunidades vecinas han insistido mediante mensajes por Facebook al gobierno federal y estatal que envíen soldados y agentes de la Guardia Nacional para que se encarguen de la seguridad.
“Ni la Guardia Nacional, ni el Ejército Mexicano, ni la Policía Estatal intervinieren. Las autoridades no hacen nada”, reprochó una vecina.
Además, el 3 de marzo, autoridades de al menos 10 pueblos enviaron una carta a la presidenta Sheinbaum Pardo a quien le exponen la grave situación de violencia que está viviendo.
Refieren que desde el 27 de febrero no han cesado los enfrentamientos cerca de sus localidades, sin que haya intervenido el ejército ni la Guardia Nacional para pacificar la zona.
“A cuatro días de que iniciaron estos enfrentamientos en esta región por la supuesta policía comunitaria siguen manteniendo bajo asedio a la población”.
Aclaran: “Decimos supuesta policía comunitaria porque sabemos que no lo son, estas personas se escudan de comunitarios para atacar a San Pedro Huitzapula, hacer sus fechorías y poder ingresar a las comunidades como lo quieren hacer con nosotros”.
Denuncian que han pedido ayuda y el resguardo por parte de la Guardia Nacional y del 93 Batallón de infantería ubicado en Tlapa “y hasta el momento no hemos recibido tal resguardo por parte de la seguridad”.
De acuerdo al comunicado sellado por las comunidades y firmado por las autoridades, derivado de la violencia de los últimos días se suspendieron las clases en las escuelas de todos los niveles.
“Nos están matando y la Guardia Nacional y el ejército mirando de lejos quien gana porque ellos no se quieren enfrentar con estos criminales, ni mucho menos”.
Concluye: “Este es un grito de auxilio a quien nos escuche ¿o será porque somos indígenas nos discriminan?, ¿ante quién debemos acudir?. La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda no ha tomado cartas en el asunto”, reprochan.
En un boletín de prensa el gobierno del estado informó el 7 de marzo que autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de la Secretaría General de Gobierno y del ejército mexicano sostuvieron ese día reuniones con líderes ejidales y representantes comunitarios de Atlixtac “para fortalecer la seguridad y la prevención del delito en la región”.
Se informa que durante el encuentro en la comisaría ejidal de San Pedro Huitzapula Norte, “se establecieron acuerdos para mejorar la comunicación con la comunidad y atender sus inquietudes en materia de seguridad. “Además, se reforzó la importancia del uso de los números de emergencia 9-1-1 y 089 para la denuncia ciudadana”.
El comunicado añade que posteriormente, en la comunidad de Lucerito, se dialogó con representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), “destacando la importancia de respetar la normatividad vigente en el marco de la Ley 701 y el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de seguridad”.
De acuerdo al boletín, en la reunión se acordó impulsar acciones de proximidad social y prevención del delito, promoviendo la denuncia ciudadana y la realización de programas comunitarios en beneficio de los habitantes del municipio y sus localidades.
Pero mediante otro llamado por Facebook, pobladores señalan que hasta el 10 de marzo “la situación sigue siendo crítica. Los grupos armados siguen en la zona y los habitantes temen una nueva masacre”.
Indican que el gobierno aún está a tiempo de actuar. “Si no lo hace, será responsable de lo que ocurra en Huitzapula”.
Piden el retiro inmediato de los grupos armados de la CRAC de San Juan Escalerillas, garantías de seguridad y protección para la comunidad, atención a las familias afectadas, especialmente a niños y niñas, así como justicia para las víctimas de la violencia.
“El conflicto en San Pedro Huitzapula es un reflejo del abandono que sufren muchas comunidades indígenas en México. Mientras el gobierno ignora la crisis, los habitantes resisten con la esperanza de que su historia no quede en el olvido”, denuncia otro de los pobladores en Facebbook.