Ejidatarios de Ciénega de Puerto Alegre, municipio San Miguel Totolapan, reprocharon, en un escrito que entregaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, que los excluyó del programa Sembrando Vida y la falta de respuesta a su petición de que la Guardia Nacional le brinde protección a su ejido que está siendo saqueado por empresarios madereros.
El escrito, firmado por los integrantes del Comisariado Ejidal de Ciénega de Puerto Alegre, entre ellos su presidente Victoriano Martínez García, se quejan de que su ejido siempre ha sido marginado e ignorado por las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Los ejidatarios se mantienen movilizados desde el 12 de diciembre pasado para frenar la tala de árboles en su ejido por parte de empresarios madereros de Tecpan de Galeana y Atoyac de Álvarez.
En el documento que fue entregado al equipo del presidente el sábado en Atoyac denuncian que pensaron que esta administración federal que encabeza López Obrador sería la excepción, pero que, igualmente, no han recibido los apoyos que le han pedido.
“Todos los gobiernos federales sólo miran hacia la región de la Montaña y nunca a la Sierra, y nuestra gente es la que está sufriendo las carencias de los servicios de salud, educación y caminos que son de terracería, precarios y en condiciones deplorables”, dice el escrito.
Agrega: “Como consecuencia de esta realidad, los cultivos de amapola son la única alternativa para darle de comer a nuestras familias, y los grupos delincuenciales se aprovechan de esta situación, nos hostigan y amenazan la tranquilidad de nuestras familias y sacan ventaja de esta situación para sus fines perversos, sin que la autoridad haga algo, tal parece que son cómplices”, reprochan.
Mencionan que a cada gobierno en turno le solicitan apoyos para proyectos productivos, “porque para nosotros no es nada agradable dedicarnos al cultivo de enervantes, sin embargo, no tenemos otra alternativa, es el único modo económico en nuestra región”, y reprochan que no reciben respuesta a sus insistentes peticiones.
Exponen que actualmente “el gobierno que usted encabeza le ha apostado a proyectos para zonas maginadas como Sembrando Vida, del cual nosotros, los pueblos de San Miguel Totolapan fuimos excluidos, y todos los municipios colindanteestán dentro de dicho programa, ¿acaso nosotros no somos mexicanos, o no merecemos este apoyo?”, cuestionan.
Y le reclaman: ¿por qué se nos discrimina, si usted ha dicho que primero los pobres?”.
Le exponen que hace dos años iniciaron un proyecto de aprovechamiento sustentable de sus bosques, “sin embargo, el crimen organizado asesinó a cuatro de nuestros compañeros, dejando 24 huérfanos y, consecuentemente, paró por completo nuestro proyecto y muchas de nuestras expectativas para el desarrollo económico no basado en la siembra de amapola”.
Plantean que ahora no les han permitido trabajar legamente en su propio ejido, “y la delincuencia se aprovecha realizando saqueos a través de la tala ilegal y como no hay autoridad que ponga un alto a esta terrible situación, hacen lo que les da su gana, amenazando, levantando y secuestrando a personas que se oponen”.
Le recuerdan que el mes pasado le solicitaron la presencia de la Guardia Nacional para el resguardo de su ejido, sin que hayan tenido respuesta.
“Por lo anterior, solicitamos de manera atenta a usted, dé su apoyo para la presencia de la Guardia Nacional a la brevedad posible para que nos apoye a frenar el saqueo de madera, que se está haciendo por parte de personas del crimen organizado”.
Le advierten que de no tener respuesta favorable e inmediata, “lo hacemos responsable de lo que llegue a suceder, ya que defenderemos nuestros recursos naturales como nos sea posible”.
Ser quejan que todos los representantes ejidales tienen amenazas de muerte de Bruno Serrano Martínez y de Martín López Jaimes, el primero que tiene su empresa de madera en Tecpan y el segundo en Atoyac y quienes son los que están saqueando sus bosques.
Demandan también la presencia en la zona de personal de la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente (Profepa), Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal, para que vayan a evaluar los daños que han provocado los saqueadores de sus bosques y la reparación de los daños.