Beatriz García

Chilpancingo

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero emitió un comunicado en apoyo a los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González y Samuel Ramírez Gálvez encarcelados en esta ciudad, en el que manifiesta que pese a los convenios internacionales, el artículo Segundo Constitucional y las asambleas comunitarias el gobierno sigue sin reconocer a la organización.
En el documento menciona que el 6 de noviembre de 2013 detuvieron a Molina González, primero lo tuvieron siete meses en un penal de Oaxaca, lo trasladaron al penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México y después a la cárcel de Chilpancingo, y lo acusan de secuestro.
Mientras que el na’savi Ramírez Gálvez fue detenido el 6 de octubre de 2013 cuando tenía 18 años, acusado de portación de arma de fuego cuando fungía como policía comunitario.
Fue sentenciado a 4 años y 6 meses de prisión, y aunque alcanzó fianza prefirió impugnar la resolución de la sentencia, porque no es culpable de los delitos que le imputan, y aceptar la sentencia es aceptar que la Policía Comunitaria es ilegal, agrega el documento.
“La CRAC–PC es una institución de los pueblos originarios cuyo modelo de justicia sigue siendo efectivo y exitoso, los caminos y pueblos donde impera el sistema de justicia de la CRAC-PC hoy en día son seguros, allí se puede caminar y dormir tranquilamente, aún cuando el funcionamiento de la Policía Comunitaria ha sido objeto de persecución y denostación permanente por parte de las autoridades durante toda su historia”, expone.
Menciona que la organización cuenta con un reglamento que ha condensado los sistemas normativos de los pueblos indígenas que se encuentran en el territorio comunitario, que es el marco de la Policía Comunitaria y sus coordinadores.
Refiere que esta institución de justicia de los pueblos ha sido una alternativa para tomar la seguridad en sus manos, porque desde hace 21 años ha representado una forma de organización comunitaria, que se ha vuelto un peligro para el Estado porque deja clara la corrupción y el vínculo de los gobiernos con la delincuencia organizada.
El comunicado subraya que “desde hace años el gobierno ha tratado de desmantelar a la Policía Comunitaria mediante la criminalización, tachándola de ser un grupo violento, y con constantes ataques a las comunidades con grupos financiados por el Estado para que los pueblos dejen de organizarse.
Abunda que la CRAC-PC como institución está avalada por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado, mediante la norma de seguridad, justicia y educación comunitaria. Además el artículo Segundo de la Constitución autoriza la organización de los pueblos originarios mediante sus usos y costumbres, y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado por México, garantiza los derechos de los pueblos indígenas avalados por las asambleas comunitarias.
A pesar de toda la legislación en la que se sustenta la CRAC, el gobierno sigue sin reconocer a su sistema comunitario, “manteniendo compañeros encarcelados o con procesos penales impidiendo la libre organización”.
Añade que en su encarcelamiento Gonzalo Molina ha estudiado su caso y las leyes para defenderse aunque ha recibido asesoría jurídica de sus compañeros, pero es él quien ha llevado su defensa, y ha asesorado y ayudó a meter un oficio de impugnación a la sentencia y pruebas de la defensa de Samuel Ramírez que el juez había omitido.