Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A 10 años de la desaparición y asesinato del dirigente de la organización Unidad Popular (UP) de Iguala, Arturo Hernández Cardona y dos de sus compañeros, más de 20 organismos de derechos humanos y organizaciones sociales reprobaron la ausencia de justicia.
En su pronunciamiento con motivo del décimo aniversario, las organizaciones llamaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le dé trámite al caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) para que se resuelva en esa instancia del sistema de justicia continental.
Hernández Cardona fue desaparecido la tarde del 30 de mayo del 2013 y su cuerpo fue encontrado con huellas de tortura y disparos al estilo de una ejecución, en el kilómetro 160+300 de la carretera federal Chilpancingo a Iguala, cerca de Colonia Valerio Trujano, municipio de Tepecoacuilco, el 3 de junio a las 6 de la mañana.
Junto a su cadáver estaban también los de sus compañeros de organización Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez.
“No hay dolor más grande en el mundo para una hija que ver a su padre ejecutado, torturado y con los ojos vendados. Eso fue lo que vivió su hija, la defensora, María Soledad Hernández Mena, quien fue a reconocer el cuerpo de su padre”, publicó ayer la Red Solidaria Década Contra la Impunidad que da acompañamiento a la familia del dirigente asesinado y uno de los organismos que se responsabilizan del pronunciamiento.
Entre algunas de las más de 20 organizaciones que lo respaldan están la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), los mineros de la Sección 17 de Taxco, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem-Fedefam), la Fundación Diego Lucero A.C., el Foro Permanente de Mujeres Iztacalco A.C. (FPM-I), y el Consejo Federal Ejecutivo Nacional e Internacional del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos A.C.
Además, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y la Libertad de los Prisioneros Póliticos, Mujeres Guerrenses por la Democracia, y la Asamblea Vecinal Nos Queremos.
Expusieron que la familia de Arturo Hernández Cardona se encuentra “totalmente devastada”, por la reciente resolución del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales en el estado de Matamoros, Tamaulipas.
El 12 de mayo, se dio a conocer la sentencia de 92 años de prisión que emitió el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales en Matamoros, Tamauli-pas, en contra del ex alcalde Abarca Velázquez por el delito de secuestro de Hernández Cardona, y de acuerdo a la Red Década contra la Impunidad no se tomó en cuenta la ejecución extrajudicial ni la tortura.
En su escrito de ayer agregó que “no tomó en cuenta la denuncia de hechos ingresada el 29 de mayo del 2013 ante el Ministerio Público de Iguala, en contra del entonces presidente municipal José Luis Abarca Velázquez.
Los dirigentes de las organizaciones recordaron que en esa misma denuncia que presentó el propio Hernández Cardona y sus compañeros de UP, un día antes de que fueran desaparecidos, también señalaron el hostigamiento que venían sufriendo por parte de la esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda, así como del secretario de Seguridad Pública Municipal, Felipe Flores Velázquez, mismos que no se incluyeron en la sentencia.
Reconocieron que la denuncia ya no la pudieron ratificar ese 30 de mayo las víctimas porque por la tarde fueron privados de su libertad.
“En una fecha tan especial y leyendo los signos (de impunidad) que la procuración de justicia envía a nivel nacional, enviamos nuestro abrazo solidario a la familia de Arturo Hernández Cardona, esposa e hijas, quienes llevan 10 años caminando por una justicia que pronto será alcanzada”, expusieron.
Y solicitaron a la CIDH que dé trámite del caso a la Coidh para que se resuelva en ese organismo internacional, porque en México no hubo justicia.
Exigieron al Estado mexicano que haga válidas las medidas de seguridad para la familia de Hernández Cardona, “y le exigimos la justicia que se merece y lo responsabilizamos de la integridad física y psicológica tanto de la familia de Arturo Hernández Cardona como la de su representaciónn jurídica”.
También piden a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales que sigan atentas al caso.