Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A tres meses de que los transportistas que prestan el servicio en Urvan incrementaron sus tarifas, al principio sin la autorización de la Comisión Técnica de Transportes, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental respondió negativamente a un grupo de abogados de la capital que pidieron investigar y sancionar al titular, Arturo Salinas Sandoval, por omisión en sus funciones.
Según la dependencia, el incremento a las tarifas fueron “de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley, culminando con su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 23 de abril”.
Sin embargo, uno de los abogados de los que presentaron la demanda, Carlos Marx Barbosa Guzman, declaró ayer por teléfono a El Sur que sí hubo un cobro irregular de miles de pesos de los transportistas a los usuarios.
Por lo tanto, consideró que la respuesta de la Contraloría es insatisfactoria y hay protección a la dependencia que toleró el cobro del incremento a las tarifas de manera ilegal, por lo que anunció que recurrirá a otras instancias.
La Contraloría estatal abrió el expediente DCJA/AI/A/0073/2026, mediante el cual dio cumplimiento a la resolución del Juzgado Primero de Distro, con residencia en Chilpancingo, a donde recurrieron los integrantes del Frente Nacional de Abogados Democráticos, delegación Guerrero, encabezados por Barbosa Guzman, para promover un amparo por la negativa de la Contraloría para investigar el cobro irregular del pasaje por los transportistas.
En su respuesta, la dependencia indica que la Dirección General de Transporte y Vialidad, “actuó apegada a la normatividad vigente y aplicable a su diligencia, sin preferencias de cualidades personales o preferencias particulares, sino bajo un poder legítimo como órgano del Estado”.
Estima que “no se cuenta con elementos de convicción suficientes” para considerar la existencia de alguna falta administrativa a cargo del director de la Comisión Técnica de Transportes y Vialidad del Estado, Arturo Salinas Sandoval.
El 13 de abril los integrantes del Frente Nacional de Abogados Democráticos presentaron una queja ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del estado, en contra del director de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, Arturo Salinas Sandoval, en la que pidieron se le aplique una sanción por permitir el incremento de manera irregular, sin un estudio socioeconómico de por medio.
Antes, el 6 de abril habían presentado su queja por el incremento unilateral de los transportistas en la propia Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, pero denunciaron entonces que “nada ha hecho para sancionar a los abusivos transportistas que aumentaron el costo del pasaje”.
En su denuncia ante la Contraloría, argumentaron que: “Es del dominio público que, desde el 6 de abril, todos los choferes y permisionarios del transporte público de Chilpancingo, así como de la población de Zumpango del Río, aumentaron el costo del pasaje; los de Zumpango cinco pesos por persona y los de Chilpancingo dos pesos por persona, afectando la economía de más de 500 mil usuarios, diariamente”.
Sin embargo, como tampoco de parte de la Contraloría tuvieron respuesta, los abogados promovieron un amparo el 28 de abril ante el Juzgado Primero de Distrito y el 30 la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, recibió la notificación para que realizara una investigación a la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, “por posible omisión” ante el incremento de las tarifas del servicio de transporte público en Urvan, en la capital del estado.
Las Urvan de todas las rutas aumentaron sus tarifas de ocho a 10 pesos, sin la autorización de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, a partir del 6 de abril. En tanto que la Comisión autorizó ese incremento hasta el 27 de abril, sin que haya aplicado multas ni sanciones a los concesionarios, por el cobro ilegal a los usuarios durante ese lapso de tiempo.
Además, Barbosa Guzman, explicó que el incremento debió haber sido conforme a la inflación, y que el índice estaba en esos días en 4.59 por ciento, de acuerdo al índice nacional de precios al consumidor, pero que los transportistas incrementaron sus tarifas en un 25 por ciento, “es decir cinco veces más”.
Por tanto, el abogado insistió que si hubo una violación a la normatividad pero que la Contraloría está protegiendo al titular de Transportes.
Anunció que revisará la respuesta y que recurrirá a otras instancias.