Redacción

Chilpancingo

El ex procurador de Justicia del estado, Iñaki Blanco Cabrera dijo que la recomendación 208VG/2026 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa tiene un “sesgo jurídico y metodológico”, y cuestionó, “¿a quién beneficia una recomendación de esta naturaleza?, pues sostuvo que lejos de contribuir al esclarecimiento “genera mayor confusión y revictimiza a los familiares de los estudiantes”.
En un comunicado de prensa, quien fungió como procurador de Justicia en el Gobierno de Ángel Aguirre Rivero, cuando ocurrieron los ataques a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala la noche del 26 de septiembre del 2014, señaló que al documento le falta “exhaustividad”, y que por tanto sus conclusiones “carecen de sustento jurídico y probatorio”.
El exprocurador cuestiona particularmente “el uso” que la CNDH hace del testimonio del colaborador identificado como Juan, Gildardo López Astudillo; considera que el organismo aplica un “criterio selectivo” al darle validez cuando señala a autoridades estatales, pero que le resta credibilidad cuando sus declaraciones involucran a instancias federales, “especialmente al Ejército”.
Blanco Cabrera menciona que durante su gestión la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no encontró elementos que acreditaran una participación activa de las Fuerzas Armadas en los hechos, y se jacta de que ninguna de las consignaciones de la Fiscalía estatal han sido anuladas por actos de tortura o violaciones a derechos humanos.
Defiende el trabajo pericial de autoridades estatales y federales, así como por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que señala que los estudios científicos descartaron que los restos humanos localizados en fosas de Iguala correspondieran a los 43 estudiantes desaparecidos.
Por tanto, califica como “absurda, inverosímil e insostenible” la hipótesis de un supuesto intercambio de cuerpos, argumentando que no existe evidencia que la respalde, y que las pruebas genéticas imposibilitan una sustitución de identidades.
Recuerda que las primeras investigaciones por la Procuraduría estatal acreditaron la dispersión de los normalistas en distintas rutas, línea de investigación que señala, fue retomada posteriormente en informes oficiales del Estado mexicano y de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj).
En su texto, Blanco Cabrera reprocha a la CNDH que desacredite los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Covaj, así como por hacer señalamientos contra el exsubsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, relacionados con el manejo de testigos y pruebas para responsabilizar al Ejército.
Agrega que esas afirmaciones “carecen de respaldo probatorio y únicamente contribuyen a enturbiar el esclarecimiento del caso y a estigmatizar a diversos actores involucrados”.
El ex funcionario destaca la recuperación y resguardo de los videos del C4 de Iguala, por la entonces Procuraduría estatal, así como las investigaciones iniciadas por la omisión de funcionarios encargados de su entrega formal.
Al respecto indica que la CNDH omitió valorar el informe integral y la evidencia documental presentada por la PGJE, mientras otorgó un peso excesivo a testimonios que, “han cambiado con el tiempo”.
Blanco Cabrera destaca las “labores de inteligencia” de la Procuraduría estatal antes de la desaparición de los normalistas sobre la organización criminal Guerreros Unidos.
Asegura que esa información fue compartida con instituciones federales, lo que permitió realizar las primeras detenciones, integrar las consignaciones contra 33 implicados, identificar a la célula denominada Los Bélicos y obtener pruebas periciales que vincularon armas oficiales y policías municipales con las agresiones ocurridas la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
El ex procurador pide que las primeras diligencias estatales, la evidencia científica y los testimonios sean evaluados con rigor jurídico para evitar que “la política vuelva a imponerse sobre la justicia”.
Además, recuerda que recientes hipótesis impulsadas por la CNDH en el caso Colosio fueron posteriormente descartadas por la Fiscalía General de la República y por el Poder Judicial, por lo que pide “analizar con reserva y detalle los pronunciamientos del organismo nacional”.
Concluye: “Cuando el derecho y la política se confrontan, regularmente triunfa la política en agravio de la verdad y la justicia”.