Mediante el pago de una fianza de 4 mil 657 pesos, fue liberado a las 6 y media de la tarde del sábado el ex primer comandante de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla, Antonio Leobardo Galeana, quien fue detenido por la Policía Ministerial la mañana del viernes en Chilapa.
Sin embargo, el ex comandante de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) continúa siendo procesado bajo la causa penal 110-II/20014, por los delitos de privación ilegal de la libertad y ataque a las vías generales de comunicación, por las cuales otras tres ex autoridades de la CRAC tienen órdenes de aprehensión que no se han ejecutado.
El abogado del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Alejandro Ramos Gallegos informó ayer que será hasta este jueves cuando el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ayutla de Los Libres resolverá el auto de formal prisión o de libertad de Leobardo Galeana.
Dentro de la misma causa penal tienen órdenes de aprehensión que no se han ejecutado, el ex comisario municipal de la comunidad de El Timbre, municipio de Ayutla, Oscar Neri Epitacio; el ex segundo comandante de la Policía Comunitaria, Salvador Neri Neri y el primer comandante de la policía que depende de la comisaría municipal de El Timbre, Roberto Leobardo Nazario, por quienes solicitará un amparo para evitar su detención, anunció el abogado.
Ramos Gallegos denunció que las acusaciones en contra de las autoridades de la CRAC de El Timbre, al igual que como en el caso de Nestora Salgado, están relacionadas con acciones que realizaron en los meses de noviembre y diciembre de 2013, bajo el amparo de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
Recordó que en esos meses, a seis vecinos de El Timbre les cortaron el servicio de energía eléctrica por una denuncia que presentaron pobladores de la comunidad vecina de El Mirador, a raíz de un conflicto intercomunitario.
Explicó que los habitantes de El Timbre se organizaron y el 29 de noviembre bloquearon en cuatro puntos la carretera que comunica a El Mirador para presionar y que se restableciera el servicio de luz a los seis vecinos.
Comentó que la Policía Comunitaria detuvo también al entonces comisario de El Mirador, Casimiro Neri Feliciano y a dos autoridades más de esa comunidad, a Isauro Amado Luciano y Pedro Neri Rafael, quienes fueron los que presentaron la denuncia por privación ilegal de su libertad.
Ramos Gallegos informó que desde que comenzó el bloqueo y la detención de las autoridades de El Mirador, ninguna autoridad intervino, y fue hasta el 24 de diciembre, cuando autoridades municipales convocaron a una reunión en la que participaron las dos partes, pero no llegaron a ningún acuerdo, y fue hasta el 29 de diciembre de 2013 que liberaron al comisario y a sus dos acompañantes.
Informó que desde esa fecha los presuntos agraviados presentaron las denuncias, y que la órdenes de aprehensión se liberaron el 25 de julio de 2014; en el caso de Antonio Leobardo se ejecutó el pasado 18 de marzo a las 8 de la mañana en Chilapa, a donde había ido de compras.
El abogado informó que siguen pendientes por ejecutarse las órdenes de aprehensión del ex comisario municipal de El Timbre, Oscar Neri Epitacio, del ex segundo comandante de la Policía Comunitaria, Salvador Neri Neri y el ex primer comandante de la policía que depende de la comisaría municipal de El Timbre, Roberto Leobardo Nazario.
El abogado explicó que para el caso de Leobardo Galeana, ya está corriendo el plazo para que el juez de Ayutla resuelva el auto de formal prisión o de libertad, mientras que en el caso de las otras tres autoridades, solicitará un amparo para evitar que los detengan.
Denunció que se sigue el mismo patrón que en el caso de Nestora Salgado, y que el gobierno asumió la misma conducta de no querer reconocer los derechos de los pueblos indígenas, que con la Ley 701 se procuran justicia mediante los usos y costumbres de los pueblos originarios.
Sin embargo, reconoció que el caso de Nestora Salgado sienta un precedente para que muchas autoridades de la CRAC que están presas puedan obtener su libertad.