El sismo de 5 grados que ocurrió la madrugada del lunes 13 de febrero provocó nuevas grietas en las casas del fraccionamiento de damnificados El Mirador, al sur de Chilpancingo, informó el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello.
Consideró que un sismo de 6 grados, “podría ser catastrófico”, y pidió que sean especialistas en geotécnica y geología quienes puedan estudiar y emitir dictámenes y si es necesario demoler “estructuras en el fraccionamiento”.
En entrevista en su oficina al delegado se le preguntó si es viable continuar con obras de mitigación en el fraccionamiento, ante todas las deficiencias de las construcciones además de que el predio es inadecuado, y respondió que la construcción fue una decisión “tomada hace mucho tiempo, que definitivamente creo con la experiencia que puedo yo tener, soy ingeniero civil, conozco de construcción, estructuras, conozco de sismos y no hubiese tomado la decisión de construir en el predio en el que se ejecutó El Mirador”.
Informó tras el sismo de la madrugada del 13 de febrero aparecieron nuevas grietas en las casas, de las que no dio más detalles pero comentó que Protección Civil ya acudió, y está esperando el dictamen o nota técnica.
“Lamentablemente las estructuras se siguen moviendo” y los terraplén siguen presentando deficiencias por lo que continuará el trabajo complementario para fortalecerlo, para que en la próxima temporada de lluvias no se presenten más daños, informó.
“Nos va a seguir dando problemas, los vecinos cada que tiembla me encuentran nuevas fisuras, entre un edificio y otro encuentran nuevas fracturas, las filtraciones que ya se habían atendido en el pasado se vuelven a presentar, ha sido muy costoso y lo seguirá siendo”, lamentó José Manuel Armenta.

120 millones de pesos en obras no hechas

El delegado recordó que a su llegada como delegado se encontró con procesos legales y administrativos que estaban suspendidos, lo que generó una crisis porque las obras estaban detenidas, los pagos suspendidos y los periodos de las suspensiones “eran largos”, se hizo un diagnóstico de la situación y concluyeron que era necesario presentar denuncias penales.
Las denuncias fueron contra las empresas que se negaron a llegar a acuerdos con la delegación, por lo que a principios de 2016 la Sedatu presentó denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el incumplimiento de ocho contratos, y fue en contra de tres constructoras foráneas.
A las tres empresas se les está demandando el reintegro de dinero, que en total son más de 120 millones de pesos.
Comentó que los procesos penales continúan y la delegación ha entregado a la PGR en diferentes momentos la información requerida.
Las demandas de la Sedatu contra las empresas constructoras son por obras cobradas y no ejecutadas, después de que se ejecutan las obras hay un proceso de supervisión interno y externo ajeno a la dependencia, si coinciden en que la obra está concluida le autorizan al delegado que firme la solicitud de pago, pero la actual administración de la delegación encontró que no se habían ejecutado.
De los casos más graves que encontró en la dependencia fue el caso del fraccionamiento El Mirador ubicado al sur de Chilpancingo a un costado de la Autopista del Sol, porque presentaba deficiencias estructurales y a juicio de los expertos en estructura, 32 viviendas deberían ser demolidas.
Mencionó también que el daño estructural comienza en dos edificios de seis viviendas, cada uno que provocaron daños adicionales a otras baterías de vivienda, explicó.
Petaquillas fue otro de los fraccionamientos más vulnerables que encontraron porque el terreno era inadecuado, por lo que ahora tienen que invertir “una cantidad importante de recursos” en obras de mitigación que costó más de 20 millones de pesos “en obras que no se hubieran requerido, si se hubiese seleccionado otro tipo de predio”.
La ley establece que para iniciar un fraccionamiento se debe obtener una manifestación de impacto ambiental, y se debe de presentar la proyección de las alteraciones al predio, pero no se hicieron cuando estuvo a cargo de la delegación el ahora diputado priista Héctor Vicario Castrejón.
Se le preguntó de las responsabilidades de los servidores públicos que no hicieron los estudios necesarios, y por los que ahora la dependencia federal está gastando millones de pesos en obras de mitigación ya que 22 fraccionamientos fueron clausurados.
Justificó que las sanciones no son responsabilidad de la delegación y que lo único que pueden hacer es informar de las anomalías encontradas al órgano interno de control, “y después en la PGR hemos hecho lo necesario y lo conducente”.
Dijo que tanto el órgano de control interno de la dependencia como en la PGR, les han requerido información para ampliar las investigaciones, lo consideró que indica que las averiguaciones están en proceso.
De existir sanciones contra ex funcionarios de la Sedatu dijo que se enterarían hasta que sean notificados, porque ahora no tienen acceso al expediente.
Si el recurso se hubiera ejecutado de manera correcta y los predios donde se ubicaron los fraccionamientos tuvieran las condiciones requeridas, la reconstrucción del estado habría concluido a finales de 2015.