Luis Blancas

Chilpancingo

Policías estatales despedidos en mayo del año pasado se quejaron porque el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno no cumplió los acuerdos para insistir al gobernador y a la Secretaría de Seguridad Pública estatal el pago de los salarios caídos y la reincorporación de los agentes afectados.
En conferencia de prensa en la explanada de la Codehum el policía despedido José Muñoz Franco informó que un juez federal ordenó al gobierno estatal y a la SSP el pago del sueldo y reincorporar a los 176 agentes estatales despedidos a la corporación, lo que debió ocurrir hace 15 días, “pero con el desacato de Navarrete Magdaleno no se llevó a cabo este proceso”.
Comentó que el gobierno del estado ya agotó todo sus recursos legales para defenderse de la demanda de despido injustificado de los uniformados, pero el ombudsman guerrerense, “no ha sometido a las autoridades como corresponde conforme a la ley, debe aplicar la ley pero tiene que defender a su patrón, al gobierno del estado, pero seguiremos en la lucha”.
Señaló que el gobierno del estado y el ex secretario de la Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes violaron sus derechos laborales porque no han cobrado su salario desde mayo del año pasado, y están sin poder llevar un sustento a sus familias, “por eso le damos un ultimátum a Ramón Navarrete para que atienda nuestras peticiones”.
Indicó que en la lucha para defender sus derechos continúan 100 policías estatales despedidos de los 176 que eran, e insistió al presidente de la Codehum que los atienda, porque en caso de no hacerlo cerrarán las instalaciones y procederán contra él.
Por su parte la Codehum difundió un comunicado la tarde de ayer en el que dice que Navarrete Magdaleno atendió a los agentes despedidos, “les expresó que la Codehum ha realizado todos los trámites de acuerdo a lo que mandata la ley, recordándoles que esta institución emite recomendaciones y procura su aceptación y cumplimiento de los puntos recomendatorios, con lo cual la comisión, como en todos los casos, está cumpliendo con la responsabilidad con cada uno de ellos”.
El 29 de mayo de 2017 unos 600 policías estatales de las regiones Centro, Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango) pararon labores en el cuartel, en Chilpancingo, para exigir al gobernador Héctor Astudillo y a la Secretaría de Seguridad Pública estatal una jornada laboral de tres días de descanso por tres de trabajo, y un bono de riesgo de 3 mil 500 a 12 mil pesos.
El 31 de ese mes los agentes estatales terminaron el paro, marcharon del cuartel de la corporación a la Codehum y la Secretaría dio de baja definitiva la corporación a 176 policías que incurrieron en una conducta violatoria de ley.