El preso político de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Gonzalo Molina González dijo que está en estado de indefensión pues el juzgado Segundo de Primera Instancia donde estaba la causa 47/2017 se declaró incompetente y envió su expediente a Tixtla, lo que demuestra que se busca tenerlo preso, denunció.
Demandó a los organismos internacionales de derechos humanos su apoyo pues dijo que se está violando el debido proceso.
En una llamada telefónica el promotor de la Policía Comunitaria en Tixtla manifestó que “en el juzgado Séptimo tengo la causa 59/2013, el juez a través del notificador me acaba de notificar que efectivamente ya no hay ninguna audiencia por desahogar, que va a informarles a las partes para que se pueda ya dar inicio el cierre de conclusión, con esto ya estamos cerrando el proceso, prácticamente en una semana tendrían ya que autorizarme el cierre de conclusión”, explicó.
Agregó que de ahí sólo se esperaría que el juez mediante los alegatos que haga le puedan dar la audiencia de vista, y luego la sentencia.
Dijo que para este proceso sería un mes y medio pero el problema está en el juzgado Segundo de Primera Instancia, donde está la causa 47/2017, que se declaró incompetente y por lo tanto envió el expediente a Tixtla para que el juez de ahí, como se supone conoce el caso, pueda dar la sentencia.
“Con esto se está demostrando clarito que están buscando la forma de tenerme más tiempo aquí encerrado, porque en el documento que me envían dice que no han podido localizar a las personas (que lo acusan y que deben declarar), llevo cuatro años, casi cinco años, no es posible que hasta la fecha el juez o los jueces no hayan podido localizarlas, pues se tiene que hacer de acuerdo al proceso hasta por edictos”.
Reprochó que ya pasaron cuatro años y que no van a aparecer, que se supone que si pese al llamado no aparecen tienen que presentarlos con la fuerza pública, y claramente se está violando el debido proceso.
Se declaró en estado de indefensión, porque antes aunque sea pedía permiso para hacer documentos que elaboraba él para llevar su proceso, pero que ahora no va a poder hacerlo.
Explicó que ahora el juez de Tixtla le asignó un abogado de oficio y ese abogado no va a ir a verlo a la cárcel para conocer las propuestas que tiene para su defensa.
Llamó a los organismos internacionales de derechos humanos, pues dijo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo una recomendación a las autoridades que no ha acatado para ver los casos de los presos de la CRAC, para ver qué pueden hacer para que se respeten no sólo sus derechos sino también del policía comunitario preso Samuel Ramírez Gálvez, y los derechos de los pueblos indígenas.
Recalcó que están atacando sus derechos, violentando el debido proceso, “están violando las leyes que amparan a las comunidades indígenas y una institución que es la CRAC”.
Externó que ese llamado también va “para los compañeros de la Coordinadora (Regional de Autoridades Comunitarias)”.