La coordinadora de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso del Estado, la diputada Érika Alcaraz Sosa se desistió de la denuncia por terrorismo, lesiones, privación de la libertad y robo específico que presentó cuando era regidora de Tixtla en contra del promotor de la Policía Comunitaria, Gonzalo Molina González, quien por esas acusaciones enfrenta la causa penal 7/2017 y está preso en la cárcel de Chilpancingo.
La diputada acudió este miércoles ante el juzgado Segundo de Primera Instancia del ramo penal para sostener un careo con Molina González, quien salió a la rejilla de prácticas a las 11 de la mañana.
Sin mayores protocolos en la audiencia la ahora diputada local declaró que no reconoce como suya la firma de la denuncia, y se desistió de las acusaciones en contra de Molina González.
Para el desahogo del proceso judicial que se le sigue, específicamente en esta causa penal, falta que acuda al careo el ex síndico de Tixtla, David Martínez Valdez y dos policías que se dijeron agredidos por policías comunitarios el día en que tomaron el Palacio Municipal, el 26 de agosto de 2013, en demanda de la liberación de la promotora de la CRAC de Olinalá, Nestora Salgado García.
La diputada Alcaraz Sosa declaró que el secretario de acuerdos del juzgado le dijo que no han podido localizar ni al ex síndico ni a los dos policías, y que con el afán de contribuir va a tratar de localizarlos ella “para que ellos vengan a exponer de su propia voz los hechos que sucedieron, y si es el caso, puedan otorgarle el perdón a nuestro paisano Gonzalo Molina”.
Molina González dijo a los reporteros que con la declaración de la diputada se confirma que “alguien está interesado en mantenerlo preso”, porque ella no reconoce la firma de la denuncia, “y asegura que esa declaración no la hizo”.
Añadió que otras personas que han acudido a careos anteriores han denunciado que fueron obligados a presentar la denuncia por el entonces presidente municipal, el perredista Gustavo Alcaraz Abarca.
Informó que las declaraciones están asentadas en el expediente que se lleva en el juzgado y que con la declaración que hizo este miércoles la diputada, “queda demostrado que el caso es netamente político”.
Al respecto llamó a las autoridades de gobierno para que intervengan en su liberación, “ya es justo, llevo cuatro años en la cárcel, se tiene que destrabar esta situación. La libertad de Gonzalo implica ir a trabajar más por los pueblos, no estoy buscando el beneficio personal, de grupos ni de personas, es el beneficio de los pueblos y comunidades originarias de Tixtla”.
Informó que tiene otra causa penal en el juzgado Séptimo de Distrito, pero que también los que supuestamente lo acusan dicen que ellos no lo denunciaron o que fueron presionados y que se han ido desistiendo.
Insistió que con ello queda demostrado que no hubo el terrorismo del que lo acusan, porque incluso el día de los hechos, “la gente estuvo allí y hasta tomó fotografías y que a él lo vieron dando entrevistas, con eso prácticamente se echa abajo todo”.
Añadió que si la diputada le quiere ayudar que no negocie su libertad, sino que concrete una reunión entre su familia y los integrantes del Comité de Presos Políticos y las autoridades, que se explique la función de la Policía Comunitaria y se pida respeto a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, con lo que quedaría en libertad incondicionalmente.
“Sería bueno abrir esa puerta, mi libertad no está en negociación, sólo hay que abrir la puerta para que mi familia y el Comité de Presos Políticos tengan esa reunión”, declaró.
En cuanto a su salud dijo que “es difícil” y que se sigue agravando ante la falta de medicamentos.  Contó que además del antiguo padecimiento del riñón sufre de gastritis aguda que se le ha ido agravando por falta de medicamentos. Informó que desde la semana pasada le recetaron medicinas pero que no se las han dado, “yo no tengo dinero para comprarlas, además es el Estado el que me tiene aquí y me las tiene que dar”.