Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Concejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata (Cipog-EZ) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) negaron “categóricamente”, las acusaciones del obispo emérito de la Iglesia Católica, Salvador Rangel Mendoza, quien señaló a esas agrupaciones como las responsables del asesinato de dos agentes de tránsito hace dos semanas en Chilapa.
En declaraciones el domingo pasado, Rangel Mendoza dijo que el asesinato de dos agentes de Tránsito ocurrido el 5 de abril en Chilapa, “fue una venganza de la Policía Comunitaria del Cipog-EZ”, debido a que en noviembre de 2022 los agentes viales asesinados retuvieron a tres policías comunitarios en esa población, quienes minutos después fueron asesinados a la salida hacia Chilpancingo.
Mediante un boletín de prensa enviado ayer a los medios de comunicación, el Cipog-EZ y la CRAC-PF refieren que los promotores, defensores de derechos humanos, autoridades comunitarias, policías comunitarios y pobladores de las comunidades, “nuevamente somos objeto de ataques y calumnias”.
Denuncian que el prelado, “de escasa calidad moral, cuenta con una entrañable cercanía con los grupos criminales de Guerrero”, y que “existen infinidad de declaraciones de su propia voz que así lo demuestran”.
Explican que los señalamientos del obispo emérito en contra de esas organizaciones las hace, “porque somos quienes hemos puesto un alto al grupo criminal de Los Ardillos en nuestro territorio, y lo hemos liberado de grupos criminales”.
En el documento las organizaciones sostienen, “es del dominio público la forma en que se conduce este personaje, quien pacta con el mejor postor y se exalta de ser amigo de líderes y jefes de plazas en la entidad, todo esto con la seguridad de que no será investigado por las autoridades que debieran fincarle responsabilidades por todas y cada una de sus declaraciones”.
Añaden que en cada una de estas declaraciones a los medios de comunicación, señala actos constitutivos de delitos con la seguridad de sentirse intocable por ser un representante de la Iglesia Católica en la entidad, “y actúa de manera contraria a los principios de a quien dice venerar”.
El Cipog y la CRAC-PF exigen a las autoridades competentes que “finquen responsabilidades sobre esta persona que descaradamente manifiesta pactar con los grupos de la delincuencia organizada, y que negocia las plazas para no perder ingresos”.
En tanto que al obispo emérito exigen que si tiene pruebas para acreditar sus dichos, de que son los responsables del asesinato de los dos agentes de Tránsito, que las presente en las instancias correspondientes, y le advierten que si las tiene y no las hace públicas “es cómplice de asesinato de personas”.
El Cipog-EZ y la CRAC-PF se deslindaron en su escrito de esos asesinatos y argumentaron que no tienen control, “ni podemos entrar a Chilapa porque es un bastión del grupo paramilitar Los Ardillos, quienes tienen controles de acceso en la ciudad”.
Señalaron que los líderes de ese grupo “son amigos del mismo obispo emérito” y que por eso ese doble crimen “tratan de achacárnoslos debido a las denuncias públicas que realizamos”.
“Desconocemos si los dos policías de Tránsito asesinados son los mismos que fungieron como halcones y dieron aviso al sicario que asesinó a nuestros compañeros Guillermo Hilario Morales y Adán Linares Silverio”, de quienes aclararon, no fungían como policías comunitarios, sino que eran promotores de derechos humanos.
Las agrupaciones recordaron que ambos contaban con medidas cautelares del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaria de Gobernación.
Las agrupaciones aclararon, “nosotros nos regimos por los siete principios del zapatismo, en ese tenor buscamos justicia, no venganza”.