Organizaciones y colectivos de familiares de desaparecidos y asesinados señalaron la falta de atención médica, y que su salud cada vez se agrava por las secuelas y el desgaste por buscar a sus parientes y exigir justicia.
Además, si les dan la atención médica en el sector salud hay medicamentos que no se los surten, sobre todo los controlados, y si tienen que ser remitidos sus casos a clínicas fuera de sus ciudades de origen la falta de recursos económicos les impiden trasladarse.
Desde hace tres años la indígena nahua Reyna Hernández clama justicia y la aparición de su esposo Miguel Heredia, un taxista que desapareció en Chilapa, dejó desamparados a sus cuatro hijos, uno de ocho años, otro de seis y dos más de cuatro.
Reyna padece un cuadro de depresión severo por la ausencia de su esposo, y tuvo que ser remitida de urgencia con un psiquiatra
“Yo también ando buscando a mi marido, está desaparecido, por eso sigo aquí buscando, además tengo cuatro hijos… yo ya estoy enferma, la verdad yo quisiera que el gobierno nos escuchara, que nos apoyara, no me puedo atender porque no tengo dinero, no puedo venir para atenderme y a luchas me alcanza para mis hijos”, expresó la mujer con su voz quebrada entre sollozos.
Agregó que tiene problemas con la familia de su esposo, con quienes vive violencia que no puede soportar más.
Dijo que quisiera que las autoridades apoyaran a las familias porque en su caso no puede salir adelante con sus hijos, ya no sabe qué hacer porque el gobierno no los ayuda, e insistió que seguirá asistiendo con el resto de las víctimas, porque no se va a quedar callada.
“La verdad yo sufro mucho por mi familia y por mis hijos… a veces no tengo qué les voy a dar de comer, a veces que tortilla con sal porque no nos apoyan con nada, si nos apoyaran cada mes ya nos apoyan con algo”, insistió.
Dijo que trabaja en casas para poder darles de comer a sus hijos, le diagnosticaron una enfermedad psicológica grave que prefirió no decir, pero tuvo que ser remitida a la Unidad de Atención Psicológica en Chilpancingo, donde le informaron que tiene que ir cada dos días, pero no le financian el traslado que es de unos 300 pesos por día.

La situación de las víctimas

El director del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández expuso que las víctimas, sobre todo mujeres indígenas de la región Montaña bajas es grave en distintos sentidos, tienen una situación de salud deteriorada porque no han podido localizar a sus familiares desaparecidos, que va de la cuestión física a la psicológica.
Abundó que es preocupante que las autoridades y las diferentes instituciones que se han creado para atender a las familias no den resultados, y que por derecho corresponde a las víctimas directas de la desaparición y ejecución.
El médico del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti) Raymundo Díaz Taboada expuso que han venido acompañando a las víctimas de Chilapa y Zitlala desde hace medio año, por lo que vienen rastreando los impactos de la violencia y en particular las desapariciones forzadas y ejecuciones han dejado en las familias.
“Nosotros hemos podido ver que lo que se llaman secuelas psicosociales, tiene que ver con ansiedad, con miedo, con preocupación, pero no son las preocupaciones cotidianas… se trata de una angustia por el estado de salud, por la vida del desaparecido, es una preocupación que afecta el sueño, el apetito de las personas, afecta las funciones intelectuales, las capacidades físicas, este permanente estado de estrés provoca un cansancio permanente”, detalló.
Abundó que ocasiona un desgaste psicológico y físico, esta situación de angustia permanente agudiza las enfermedades que ya había en las personas antes de las desapariciones, como la hipertensión, la diabetes, dolores reumáticos y la artritis, y facilita la aparición de enfermedades agudas que podrían ser problemas respiratorios, digestivos o de la piel.
Agregó que está la falta de recursos económicos, pues los desaparecidos generalmente eran los proveedores económicos de las familias, por lo tanto la familia se tiene que recomponer para buscar el sustento económico y hacer la búsqueda y localización de su desaparecido.
Dijo que en la cuestión médica como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Secretaría de Salud (Ssa) y los programas sociales a los que no todas las familias tienen acceso, no ven que las familias son víctimas y los siguen tratando mal, a pesar de que requerirían atención especializada porque están en una situación vulnerable.
Reprochó que ha pasado que a los familiares les dan una receta que no pueden surtir en sus pueblos, que es un gasto más, la Ssa les sigue diciendo durante 20 días que no tiene el medicamento, con la escusa de que la dependencia no tiene dinero.
Resaltó que el estado mexicano debería dar los recursos suficientes para personas que viven un hecho traumático tengan el apoyo necesario para sobrellevar la situación.
Manuel Olivares contó que el 11 de mayo sostuvieron una reunión en la CEAV y que resulta indignante y frustrante que no se entienda desde el punto de vista de víctimas.
Mencionó que esa comisión ejerce 19 millones de pesos, 10 millones debieron de haber sido canalizados al fondo de ayuda para las víctimas, y resulta preocupante que una de las cuestiones burocráticas e inhumanas es que les digan que a las personas no se les puede dar el apoyo si no comprueban el recurso.
Agregó que en caso de que a alguna familia se le notifique que algunos restos pertenecen a su familiar desaparecido, ellas mismas deben costear el gasto.
Expuso que el 16 de este mes se llevó a cabo la jornada de salud en Chilapa, después se trajeron a la capital 16 recetas que no fueron surtidas, esto cinco días después de la consulta, cuando la obligación de la Ssa era llevar los medicamentos. Quedaron seis medicamentos pendientes que son controlados.
“Exigimos que las instancias y el gobierno sean más flexibles, más sensibles con las víctimas, no es posible que si no fueron capaces de garantizar la seguridad personal, el derecho a la vida, hoy ni siquiera tengan la capacidad de proporcionar esos apoyos a los familiares de los desaparecidos”.

El gobernador se negó a recibir a las víctimas, denuncia colectivo

La representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos y Asesinados de Chilpancingo, Guerrero y el país, María Guadalupe Rodríguez Narciso resaltó que tienen muchas quejas principalmente en contra del gobernador Héctor Astudillo Flores, porque quisieron reunirse con él para evitar los problemas que están pasando las víctimas y se negó a recibirlos.
Antes los recibió dos veces pero les dijo que sólo tenía media hora para atenderlos y que desde ese momento se vio la negativa de atender a las víctimas.
Expresó que también tienen muchas quejas en contra del secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, porque su personal no cumple, por ejemplo pidieron atención psicológica para una familia de Xochipala que estaba a punto de recibir el cuerpo de su hijo, y querían que la prepararan para levantarse de la cama pues sufre de pie diabético, fue una ambulancia, le pidieron sus datos y no regresaron más.
Dijo que por eso decidieron reunirse y exigirle al gobernador que no los engañe.
“Hemos dicho de frente, se los hemos dicho: ustedes están en complicidad con el crimen organizado porque no hacen nada, no hay investigaciones”.
Olivares Hernández informó que tienen documentadas 105 desapariciones de Chilapa, Zitlala y Atlixtac desde el 2013, y el lugar donde se perpetua el hecho es en Chilapa.
Puntualizó en el caso de Chilapa, Zitlala y Atlixtac, hubo un auge de desapariciones del 2015 al 2017 y que en este año hay más ejecuciones, y que es un problema que debe darse seguimiento para saber por qué deja de haber desaparecidos pero hay una gran cantidad de ejecuciones.
En Chilpancingo se tienen documentados 400 desaparecidos desde el 2010 a la fecha, y de este año tienen un registro de seis, pero los familiares no se quieren integrar a los colectivos.
Olivares Hernández indicó que ante este panorama los han llevado a buscar otros espacios y hacer esfuerzos de coordinación a nivel nacional, por ello el miércoles en la Ciudad de México harán el foro Desaparición de Personas, Actualidad y Contexto de una Ley Ausente.