En el segundo día del foro Movimientos sociales desde el sur hacia la nación. Debate para una agenda común, en la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (Unisur) en Cuajinicuilapa, las organizaciones asistentes debatieron acerca de la defensa del territorio y los derechos ambientales, y continuaron las discusiones de la mesa de seguridad y justicia.
Al retomar el debate sobre la seguridad y la justicia, la tarde de ayer, representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), cuestionados por varios de los asistentes, dijeron que es muy difícil que estos dos organismos creados para dar seguridad y justicia que se han separado e incluso enfrentado, con el costo de vidas de varios de sus miembros, se coordinen para trabajar juntos en la impartición y procuración de justicia.
La mañana de ayer el profesor de la Unisur, David Benítez señaló que los gobiernos han dejado de garantizar los derechos ambientales, y que la división de los movimientos sociales permite que se trate al territorio como una mercancía.
La secretaria general del Consejo de los Pueblos Nahuas del Alto Balsas, Axel Ascencio Iglesias recordó la génesis de su organización luego de que las comunidades se organizaron contra la construcción de una presa en San Juan Tetelcingo, en 1980, y una década después contra las mineras que pretenden extraer minerales de su territorio.
El consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Valentín Hernández Chapa contó que el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio se creó para encargarse específicamente de vigilar la integridad del espacio territorial, que incluye el suelo, el subsuelo, el cielo, el aire, la flora y la fauna.
Recordó que esta defensa inició con el apoyo de abogados de organizaciones, principalmente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, que asesoraron a las comunidades en la defensa legal del territorio. Sin embargo, indicó que esto ha generado que las comunidades dejen de participar directamente en la defensa del territorio, lo que no es conveniente para los movimientos sociales.
La integrante de la Red de Mujeres Guerreras, Patricia Bazán exigió la inclusión de las mujeres en la lucha en la defensa del territorio, para lo que exigió que se tome en cuenta a las mujeres para fomentar su participación informada.
Con ella coincidió la integrante de la organización Comunidad Raíz Zubia, Susana Oviedo Bautista, quien agregó que el territorio atraviesa el cuerpo de las mujeres, y que la defensa de las mujeres es parte de la defensa del territorio.
En seguida, la antropóloga del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Teresa Sierra también se refirió a la violencia contra las mujeres, que se agrava en la lucha en defensa del territorio.

La lucha por la autonomía es contra el Estado, dice participante originario de Cherán, Michoacán

Un representante del municipio autónomo de Cherán, Michoacán, Juan Jerónimo Lemus, contó su experiencia en la defensa del territorio; después de aclarar que su declaración era a título personal y no una postura oficial de la comunidad, explicó que la defensa de sus bosques fue en parte junto con la violencia criminal, la que dio origen a su organización comunitaria.
Juan Jerónimo Lemus comentó que en su proceso de lucha por su autonomía, la comunidad descubrió que la batalla es contra el Estado, y que no es necesario el capital para vivir bien.
Comentó que a la par de la ronda comunitaria, el equivalente a la Policía Comunitaria de Guerrero, tienen guardabosques que se encargan de la protección y vigilancias de sus bosques.

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