Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

Con la presencia de las familias de los estudiantes desaparecidos la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero encabezó la instalación formal de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en el Caso Ayotzinapa, creada por decreto presidencial a cuatro años y tres meses de los ataques en Iguala.
Sánchez Cordero instaló la comisión en compañía del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas -quien la presidirá- y el canciller Marcelo Ebrard.
“Hoy 15 de enero de 2019 estamos aquí para dar cumplimiento al decreto presidencial. Hoy instalamos la comisión que deberá coadyuvar a conocer la verdad de lo ocurrido en Iguala, en los hechos que provocaron la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa”, indicó la secretaria.
Con esta acción arrancan de nueva cuenta las investigaciones para dar con el paradero de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos, y los padres y madres de los 43 expusieron al nuevo gobierno federal que esperan “compromiso y seriedad”.
Ante la exigencia de las familias de “saber la verdad, dónde están nuestros hijos, qué pasó con ellos”, Sánchez Cordero prometió resultados a breve plazo, los cuales se basarán en evidencias humana, legal y científicas: “Se van a esclarecer los hechos y a saber la verdad sin importar quiénes hayan sido y qué cargos ocupaban”, afirmó.
“El objetivo es coadyuvar al esclarecimiento de la verdad. Queremos que la verdad se conozca y se haga del conocimiento de los familiares”, dijo la funcionaria y añadió que la instalación de la comisión responde a la demanda de los familiares de los normalistas desaparecidos de encontrar la verdad.
Sánchez Cordero detalló que con la instancia de la comisión también se “fincarán responsabilidades y aplicará la ley”. Además, dijo, “no se parte de cero”, pues la investigación que se efectuará a partir de este momento retomará avances de las averiguaciones previas, como las efectuadas por el Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI), el Equipo Argentino de Antropología Forense, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República (PGR).
“Tenemos la voluntad de completar las investigaciones y entregar resultados en un plazo razonable”, indició tras decir que se cuenta con “pruebas y circunstancias”.
Agregó que la comisión es el primer decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y afirmó, esperan que los resultados sean “de los primeros que se entreguen a la sociedad y a los familiares de los 43 desaparecidos”, “en el más breve plazo científica y humanamente posible”.

Los integrantes

La comisión de investigación para el caso Ayotzinapa será encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y estará conformada por representantes de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público.
También participarán activamente algunos familiares de los normalistas desaparecidos y representantes de las organizaciones Centro Prodh, Tlachinollan, Fundar y Serapaz.
Se informó que la comisión sesionará al menos una vez al mes y tendrá un plazo de seis meses para informar los primeros resultados.
Entre sus tareas inmediatas se encuentra la aprobación de sus lineamientos de operación, en una primera reunión ordinaria el próximo 23 de enero.
La comisión que operará desde las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, en Bucareli, no efectuará investigaciones penales, pero sostendrá interlocución con “altos funcionarios” para obtener la información que el Ministerio Público federal necesite en su indagatoria.
El 4 de diciembre pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para crear la comisión, el cual también fue firmado por los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, Luis Cresencio Sandoval y José Rafael Ojeda.
En su intervención Alejandro Encinas Rodríguez dijo que “la verdad es que no hay verdad en el caso Ayotzinapa. Encontrar esa verdad es nuestra encomienda y la vamos a cumplir. Iniciaremos nuestros trabajos tomando como punto de partida los informes del GIEI, forenses argentinos, los informes de la ONU-DH, la recomendación de la CNDH, y la averiguación ya recabada por PGR, y las sentencias emitidas hasta la fecha”.
La comisión abre una nueva esperanza para las familias de los desaparecidos, que mes tras mes se manifiestan en la Ciudad de México y en Guerrero para exigir que el caso sea esclarecido y los responsables castigados.
El papá del estudiante desaparecido José Ángel Navarrete González, Emiliano Navarrete, agradeció “la disposición” del gobierno de López Obrador “para llegar a la verdad” de los crímenes ocurridos en septiembre de 2014, que además de 43 estudiantes desaparecidos de manera forzada dejaron seis personas asesinadas, entre ellas tres normalistas y varias más lesionadas.
“Las promesas del gobierno de Enrique Peña Nieto fueron estériles. No hubo ningún avance y por el contrario se mintió todo el tiempo a los familiares. Hoy con la instalación de esta comisión hay una esperanza. Para nosotros la esperanza renace. Les agradezco como padre esa disposición que como nuevo gobierno tienen para llegar a la verdad, les pido compromiso y seriedad”, dijo.
Al final, el subdirector del Centro Prodh, Santiago Aguirre afirmó que el mayor reto con el que se enfrentará la comisión “son los círculos de impunidad que han envuelto la desaparición de los normalistas”.