Ramón Gracida Gómez

Desde 2018, el apoyo mensual que el gobierno estatal entrega a las familias de desaparecidos se estancó en 2 mil pesos y se paga con retraso, denunció la representante del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera de Chilpancingo, Gema Antúnez Flores, participante del proyecto de unificación de los grupos de víctimas en Guerrero.
Dos de los cinco ejes de trabajo de la articulación de los colectivos reunidos el 5 y 6 de julio pasado en Acapulco, son la atención a la niñez y a la juventud de las familias de desaparecidos y el seguimiento de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).
Al respecto, Antúnez Flores recordó la reunión de los colectivos con la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda en junio pasado, cuando le pidieron la atención a la salud y a la educación de los familiares, sobre todo de los menores de edad.
Comentó que un rasgo en común de los colectivos participantes en la unificación es la “deserción de los niños en las escuelas porque ahora sí que estudian o comen; siempre, por lo general, está desaparecido el hombre, el padre, el hermano, el que proveía a la familia”.
La mayoría de los familiares “trabaja al día y pues un sueldo que les pagan de 200 a 250 por día apenas y la llevan para comer”, entonces las madres viven la disyuntiva de darles de comer a los hijos o llevarlos a la escuela.
Indicó que los 2 mil pesos de apoyo a la canasta básica utilizado por las familias de desaparecidos para pagar servicios, lo da el gobierno estatal mediante la CEEAV desde 2018, cuando era gobernador el priista Héctor Astudillo Flores.
Otra demanda a la actual mandataria estatal es que la cantidad incremente porque desde entonces no se ha hecho y los precios han subido, “aparte hay rezago de meses, ahorita tenemos un adeudo de tres meses que no se ha cubierto”, denunció la representante del colectivo con alrededor de 100 víctimas recibiendo ese apoyo.
La titular de la CEEAV, Enedina Medrano Serrano sólo responde que no es responsable de manejar este recurso económico, por ello, una de las propuestas de los colectivos en la Ley de Desaparición Forzada es que esta institución sea descentralizada, al igual que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CEBP), y el Servicio Médico Forense (Semefo).
En la misma reunión con la mandataria estatal, los familiares le plantearon la aprobación de esta iniciativa formulada desde 2021, “sabemos que esta ley no se va a aprobar si ella no autoriza que sea aprobada”.
Salgado Pineda se comprometió a leer la iniciativa, pero “hasta ahorita no nos ha mandado a traer, quién sabe cuándo va a ser la segunda reunión”.
En el caso de la CEBP, apuntó la también integrante de la Red de Enlaces Nacionales, “tiene muchas limitaciones en cuanto al material de búsqueda, personal capacitado”.
Dijo que la CEBP presentó en un convocatoria federal el proyecto del Centro de Resguardo Temporal en Acapulco, que ganó con un monto de 23 millones de pesos, el inmueble “ya está casi terminado porque aún faltan las instalaciones, el mobiliario”, además de la ventilación, el aire acondicionado y el depósito de aguas rojas; la gobernadora se comprometió a equiparlo.
Resaltó el involucramiento de los cuatro obispos de Guerrero en el proyecto de unificación de los colectivos de familiares, “de alguna manera eso nos hace sentir un poco protegidos porque nos sentimos abandonados, solos”.
La representante del colectivo con casos de Chilapa, Iguala, San Luis Acatlán, Ometepec, Atoyac, Zihuatanejo y de la región Sierra, señaló que hace falta la atención a la salud mental, “porque hay muchos niños que ya tienen en la mente como que se van a dedicar de chicos malos, de sicarios, porque quieren vengar la desaparición de sus familiares”.