Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La comunidad de Buenavista de la Salud, municipio de Chilpancingo, se incorporó al Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) y a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), informó ayer en un comunicado de prensa la primera organización.
En un escrito enviado ayer a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, al secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y al director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, les notificaron “la integración de la comunidad de Buenavista de la Salud del municipio de Chilpancingo a la Casa de Justicia de Alcozacán, municipio de Chilapa.
Agregan que las dos agrupaciones y las comunidades donde operan, igualmente reconocen a Buenavista la integración de esa comunidad, “como parte de nuestra organización y damos la bienvenida, a través de José Antonio Maldonado Cisca, coordinador del sistema comunitario de los Pueblos Fundadores de la comunidad”.
Notificaron a los tres órdenes de gobierno y a sus cuerpos de seguridad, “que respaldamos su organización como comunidad en la lucha de defensa contra los grupos de la delincuencia organizada denominados Los Ardillos”.
Las dos agrupaciones denunciaron en su escrito que el Ejército y la Policía Estatal, “ha puesto en charola de plata a la comunidad de Buenavista de la Salud cuando desarma y debilita a la Policía Ciudadana”.
Recordaron que el 22 de enero del 2022 después de que los policías ciudadanos (de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero) fueron desarmados por el Ejército y la Policía Estatal, el grupo criminal de Los Ardillos atacó la base comunitaria dejando como saldo cuatro muertos, entre ellos al comandante y profesor de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de La Educación (CETEG) Mario Zamora Maldonado, con quien sostenían conversaciones para unificar “la lucha por la vida” en la zona.
Denunciaron que ante la violencia e inseguridad que ha sufrido la comunidad de Buenavista de la Salud, “ninguna autoridad de los tres órdenes de gobierno ha querido resolver, únicamente actúan en contra de las comunidades desarmando a sus policías comunitarios”.
El Cipog-EZ y la CRAC-PF advirtieron que seguirán en resistencia, “conjuntamente con las comunidades de los pueblos indígenas” e hicieron un llamado “a las autoridades corruptas, que piensen dos veces antes de desarmar a las policías comunitarias que son las que realmente defienden a nuestras comunidades”.
Asimismo, convocaron a todos los pueblos del corredor Ocotito, Mohoneras, Dos Caminos, Carrizal, La Hacienda, Tierra Colorada, Plan de Lima, El Salitre, El Playón y Xaltianguis, “que se encuentran bajo el yugo de la delincuencia organizada, en particular por David Barrientos Salazar, quien se encuentra bajo las órdenes de Celso Ortega Jiménez, el Ardillo Mayor, a que se coordinen con nuestras comunidades para la defensa del territorio y la vida”.
La comunidad de Buenavista es una de las que se encontraba bajo el control de la policía de la UPOEG, pero el año pasado rompieron con el grupo de esta misma agrupación que controla la población de El Ocotito y que encabeza David Barrientos, desde entonces comenzaron a ser desarmados por el Ejército y simultáneamente a sufrir ataques del grupo delictivo Los Ardillos.