El vocero Roberto Álvarez Heredia informó que aún no hay fecha para que la Policía Municipal de Chilpancingo regrese a sus actividades, y que además del policía municipal detenido por el asesinato de los jóvenes Jorge Arturo Vázquez Campos y Marcos Catalán Cabrera son investigados otros 110 agentes.
Agregó que “la Policía del Estado con el apoyo a distancia del Ejército mexicano y la participación directa de la Policía Federal son los responsables de brindar la seguridad en la capital del estado, mientras tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) continúa con las investigaciones para determinar si existen más elementos de la Policía Preventiva Municipal que pudiesen tener presunta responsabilidad por las denuncias que existen con relación a la desaparición de varios jóvenes en la capital”.
Señaló que mientras la FGE no termine con la investigación la Policía del Estado va a seguir a cargo de la seguridad en Chilpancingo.
El funcionario informó que también son investigados otros agentes municipales pero como no han aprobado sus exámenes de control de confianza no están en activo, aunque no dijo cuántos son los policías en esta situación.
El funcionario informó que se pretende evitar que ocurra otra situación similar a la de Iguala por el caso de Ayotzinapa, en respuesta al pronunciamiento que emitió la semana pasada Amnistía Internacional (AI).
En declaraciones después del homenaje a la bandera la mañana del lunes en la explanada del Palacio de Gobierno, Álvarez Heredia informó que además del policía municipal detenido por el asesinato de los jóvenes Jorge Arturo Vázquez Campos y Marcos Catalán Cabrera también son investigados otros 110 agentes municipales en la capital.
La semana pasada la directora de Amnistía Internacional para América Latina, Ericka Guevara Rosas alertó que “otro caso como Ayotzinapa podría darse en cualquier momento” en Guerrero y en particular en Chilpancingo, ante el grave contexto de tolerancia y de impunidad en que ocurren las desapariciones forzadas.
Al respecto el vocero declaró que las instituciones federales y estatales están obligadas a generar las condiciones para que por ningún motivo se vuelvan a repetir “hechos gravísimos” en Guerrero como los que sucedieron en Iguala.

Apoyo de vecinos y familiares de policías municipales

Mientras tanto, familiares de los policías municipales acuartelados, comerciantes y vecinos del barrio de San Mateo convocaron en las redes sociales a una movilización para exigir el regreso de los agentes que no tienen nada que ver en los hechos y que permanecen inhabilitados.
Los policías municipales permanecen acuartelados desde la tarde del 4 de enero cuando la Policía Estatal tomó el control de la seguridad tras la desaparición de siete jóvenes y el hallazgo de los cuerpos de dos de ellos, Arturo Vázquez Campos y Marcos Catalán Cabrera, hechos por el que el viernes fue vinculado a proceso un policía municipal.
Desde el sábado y domingo en redes sociales se difundió lo siguiente, “Alerta Chilpancingo y Barrio de San Mateo, que se atribuyen familiares de los policías municipales, comerciantes y vecinos del barrio de San Mateo, en el que cuestionan que por culpa del ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Pioquinto Damián Huato, la capital se quedó sin Policía Municipal.
“Cómo es posible que este empresario chismoso vividor del sistema, diga que al estar encerrados los policías preventivos la inseguridad ha bajado. Él dice que ya no hay muertos, asaltos a casas habitación, ya no habrá en su familia por que anda con gente armada y cuidándola, además de estar rodeado de 30 empresarios que lo cuidan como a su Dios”, decía el texto.
Y lo acusaron que “por su culpa” los buenos agentes de la Policía Preventiva están acuartelados por los hechos del día 30 y 31 de diciembre, por lo que piden “que se castigue a los malos policías pero que dejen salir a las calles a los policías buenos ya que en nuestro barrio nos están asaltando, nos están robando en nuestras casas, y no nada más en San Mateo, sino en todo Chilpancingo”.
Además exigieron al gobernador, Héctor Astudillo y al alcalde suplente, Jesús Tejeda que la policía haga los recorridos para inhibir la violencia. El escrito fue firmado por siete negocios, entre ellos los propietarios de la taquería Las Brasas del barrio de San Mateo.
La vecina del mismo barrio, Marina Leyva informó que los vecinos se están organizando para salir a manifestarse el próximo jueves y exigir que las autoridades dejen trabajar a los agentes de la Policía Municipal que no están señalados de cometer delitos.