Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de desplazados por la violencia de Guerrero, Chihuahua, Chiapas, Quintana Roo, Michoacán y Ciudad de México, realizaron el primer encuentro de familias desplazadas en Chilpancingo, el fin de semana pasado.
En éste, acordaron fortalecer y posicionar el problema del desplazamiento forzado interno, para que tenga mayor visibilidad y mayor atención por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Los acuerdos de dicho encuentro se dieron a conocer mediante un boletín de prensa del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), anfitrión del encuentro.
Los desplazados resolvieron fortalecer individual y colectivamente su movimiento, para lograr un mayor nivel de incidencia y atención por parte de las autoridades; posicionar el desplazamiento forzado interno para que tenga mayor visibilidad el problema y obtener datos como magnitud del problema en estadísticas.
También visibilizar la responsabilidad del Estado realizando marchas, “para que el gobierno sepa que estamos unidos”, y articular el movimiento a la par con el movimiento de personas desaparecidas.
Algunos de los participantes, propusieron también discutir entre todos las causas del desplazamiento para identificarlas, conforman el colectivo como actor social y tratar una ruta de trabajo para 2022; generar los lineamientos y los acuerdos de convivencia; construir un plan de trabajo para 2022 que integre las líneas de incidencia, fortalecimiento de procesos y visibilización de la problemática.
De acuerdo con el comunicado, los participantes concluyeron el encuentro “con la esperanza de que en adelante se puedan tener mejores condiciones, para luchar por los derechos de las familias víctimas de desplazamiento forzado interno”.
Además, se dijo que surgió el comentario de que quienes asistieron a la reunión comparten el mismo dolor “y lo deseable es que todo se resolviera y que es bueno escuchar el intercambio de experiencias, para entender mejor a qué nos enfrentamos y poder trazar una mejor estrategia, para reforzar a través de una red nacional las luchas que se llevan a cabo en los diferentes estados y comunidades”.
Asimismo, discutieron la importancia de que las personas solidarias sigan apoyando al movimiento, para lograr ayuda humanitaria, una estabilidad material y psicológica para las mujeres, las niñas y los niños.
Propusieron unir fuerzas en todos los estados para tener una ruta, a fin de convencer al gobierno federal de aprobar la Ley de Desplazamiento Interno, “y podamos vencer el miedo, para romper la cultura del silencio y evidenciar los males del desplazamiento forzado”.
Asimismo, se proponen buscar que las organizaciones de derechos humanos apoyen el movimiento de los desplazados, para “que nuestros hijos no crezcan con el dolor de desplazamiento”.
De acuerdo con el comunicado, este es el primer encuentro que realizan grupos de desplazados de diferentes estados del país.
Se informó que fue convocado por la Coordinación de Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno, al que pertenecen familias víctimas de desplazamiento forzado interno y sus representantes, que son miembros de organismos civiles de derechos humanos.
“De hecho, fue una oportunidad para compartir no sólo el dolor y el calvario que han pasado para enfrentar su situación de desplazamiento, sino también compartir sus experiencias con las autoridades estatales y federales, al solicitarles la atención a la que tienen derecho, de acuerdo con protocolos internacionales y leyes nacionales”.
Se denunció que en los tres órdenes de gobierno hay un patrón de conducta común con respecto al problema del desplazamiento forzado interno y que consiste en tratar de invisibilizar el problema, al minimizar el número de familias desplazadas, o revictimizarlas al relacionarlas con grupos de narco-paramilitares.
Se informó que sólo los estados de Chiapas, Guerrero y Sinaloa cuentan con leyes sobre desplazamiento forzado y que a pesar de ello, las familias víctimas de desplazamiento no son atendidas y ni se han creado las condiciones de seguridad para que regresen a sus lugares de origen.
Durante el encuentro se informó que el 23 de septiembre del año pasado, se tipificó como delito en el Código Penal de Guerrero el desplazamiento forzado y que la primera denuncia se hizo apenas el 3 de marzo pasado.