Integrantes de la Organización Popular Independiente de Guerrero (OPIG) realizaron un bloqueo informativo en las carreteras de Tlapa a Chilapa y a Puebla para exigir el cumplimiento de los acuerdos generados con dependencias federales el pasado mes de enero, que se movilizaron en la Ciudad de México.
Más de 100 campesinos indígenas llegaron a la carretera Tlapa-Chilapa, en el puente de Ahuatepec Ejido, como a las 12 del día a botear e informar el incumplimiento de los acuerdos del gobierno federal.
Como a las 7 de la noche se trasladaron a la carretera Tlapa-Puebla para botear y tomar autobuses que los llevaran a la Ciudad de México para su jornada de lucha del 5 al 9 de marzo.
La OPIG que forma parte de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN) denunció la falta de avances e incumplimiento para resolver la conflictividad social derivada de la explotación minera, represas hidroeléctricas que se han instalado sin la consulta previa, libre e informada a las comunidades principalmente indígenas y que llevan al hostigamiento, persecución, encarcelamientos y asesinatos.
En enero, representantes de la OPIG se reunieron con el jefe de la Unidad de Gobierno, Germán Uribe y el subsecretario de Gobierno, Manuel Cadena Morales de la Secretaría de Gobernación y con funcionrios de las secretarías de Agicultura (Sargarpa), Desarrollo Social (Sedesol), Desarrollo Agrario (Sedatu), de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) con quienes acordaron que atenderían sus demandas, y decidieron regresar a sus lugares de origen, pero al no cumplirse iniciarán una nueva jornada nacional de movilización del 5 al 9 de marzo en la Ciudad de México y en los estados del país.
Mencionaron que la falta de apoyo los obliga a dejar a sus familias y sus campos, pero no tienen opciones ante la indiferencia de las autoridades que no atienden su agenda política, social y productiva.
Exigieron transparencia y apertura en los procesos legislativos de las cámaras de diputados y senadores; no aprobación de la Ley General de Biodiversidad que beneficia a empresas mineras y perjudica a pueblos y comunidades indígenas; por una Ley General de Consulta a los Pueblos Indígenas con carácter previo, libre y vinculante; libertad a los presos políticos; no a la Ley de Seguridad Interior, alto a los megaproyectos de muerte; alto a la represión a las comunidades indígenas de Guerrero y su sistema de policías comunitarias CRAC-PC y respeto a la Ley 701.
Dijeron que en el país los estados de Chiapas, Puebla, Veracruz, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Tabasco, Yucatán, Nayarit, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Guanajuato y Durango son donde hay conflictos sociales, agrarios por la desigualdad y exclusión.