Policías estatales despedidos en mayo insistieron al presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, que informe el procedimiento que lleva la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por su situación laboral y reinstalación, luego de que fueron despedidos de manera irregular por el secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes.
A las 10 de la mañana llegaron unos 20 manifestantes a la explanada de la Codehum con pancartas en mano en las que se leía, “Policías reprimidos por el gobierno Astudillo”, “Astudillo, cumple, respeta la recomendación emitida por la Codehum”, “Navarrete, solicita el Congreso del Estado a comparecer a Almazán Cervantes por no cumplir la recomendación”.
En conferencia de prensa en ese lugar, un policía estatal despedido comentó que al no responder a la recomendación que emitió la Codehum en contra de Almazán Cervantes en octubre, pidieron la intervención de la CNDH para continuar el proceso de la queja por despido injustificado.
Dijo que la Secretaría de Seguridad Pública estatal no ha comprobado los requerimientos que le pide la CNDH por el despido injustificado, y la violación a los derechos laborales de los 120 agentes estatales que luchan por defender sus derechos.
“El gobernador Héctor Astudillo Flores, el secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes y el Congreso Local, no atendieron las peticiones que pidieron la Codehum y la CNDH para resolver su situación laboral de los 120 policías estatales despedidos que continúan luchando para ser reinstalados en la corporación”, informó.
Informó que de los 176 policías despedidos, sólo 120 continúan luchando para resolver su situación laboral, “porque los demás ya recibieron su finiquito, pero a nosotros todavía nos adeudan 16 quincenas”.
Dijo que en este año iniciarán protestarán en la ciudad apoyados de los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, ante el nulo apoyo a los policías estatales despedidos por exigir sus derechos laborales.
Responsabilizaron a Almazán Cervantes y al gobernador Astudillo Flores de lo que pudiera pasarles.

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