Unos 200 integrantes de la Organización de Pueblos Indígenas Me’Phaa (OPIM) de Ayutla marcharon ayer en Chilpancingo y se instalaron en plantón afuera del Palacio de Gobierno.
Los miembros de la OPIM, encabezados por la presidenta y el secretario de la organización, Obtilia Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez, demandan una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores, para pedirle la apertura del Centro de Atención a la Mujer Indígena y el albergue para menores que se construyó en Ayutla.
Los integrantes de la OPIM, en su mayoría mujeres, denunciaron que el gobierno del estado pretende excluir a las mujeres de esa organización de la administración del Centro de Atención a la Mujer Indígena y del albergue que se construyeron como parte de la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en 2010, por el caso de la violación de Inés Fernández Ortega, ocurrido en 2002 en la comunidad de Barranca Tecoani.
El contingente salió de Ayutla en marcha-caravana la mañana del martes, y llegó a las 8 de la noche a Chilpancingo. A las 10 y media de la noche se reunieron con la secretaria de la Mujer, Gabriela Bernal Resendis, quien les oreció mesas de trabajo para atender sus demandas.
Sin embargo los inconformes rechazaron el ofrecimiento; piden una reunión directa con el gobernador Héctor Astudillo Flores, porque, según la presidenta de la organización, Obtilia Eugenio Manuel, ya se han reunido muchas veces con la secretaria de la Mujer y con el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y no les han resuelto sus demandas.
Ayer, los integrantes de la OPIM marcharon de las instalaciones de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), ubicado al sur de la ciudad, al Palacio de Gobierno, en donde se instalaron en plantón por tiempo indefinido.
Eugenio Manuel informó que también piden al gobierno del estado apoyo para proyectos productivos, centros de salud, escuelas y servicio públicos para los pueblos me’phaa de ese municipio.
Pero la demanda principal es que se abran el Centro de Atención a la Mujer Indígena y el albergue para niños, que se terminó de construir desde hace un año pero que no se ha puesto en operación por culpa del Gobierno estatal, según dijo Eugenio Manuel.
Recordó que la sentencia de la Corte se emitió desde 2010, pero que desde 2015 no han tenido respuesta en reuniones con la secretaria de la Mujer y con el secretario de Gobierno, y por eso quieren hablar con el gobernador.
La secretaria de la Mujer les dijo la noche del martes que le dieron instrucciones para que los atendiera y les ofreció reunirse con ellos en mesas de trabajo, pero la dirigencia de la OPIM le respondió que no, porque quieren hablar directamente con el gobernador.
“No sabemos porqué no se abre el Centro y el Albergue, por eso queremos hablar con el gobernador para que nos diga porqué”, dijo Eugenio Manuel y denunció que el gobierno pretende administrarlos a través de la Secretaría de la Mujer, “como que si fuera de ellos”, cuando explicó que son, según la sentencia de la Coidh, un proyecto colectivo para que atienda a las mujeres que son víctimas de violencia.
Eugenio Manuel acusó al gobierno estatal de excluir a las mujeres indígenas de Ayutla y decidir quién va a administrar el Centro y el Albergue, “como que si fuera de ellos”.
Informó que la sentencia dice que el Centro de Atención a la Mujer y el Albergue deben ser administrados colectivamente, y que, incluso, en la administración deben participar las mujeres de la OPIM.
Eugenio Manuel consideró que es de justicia que incluyan a la OPIM, en reconocimiento a su lucha en la que han participado en contra de la violencia y el maltrato que han sufrido las mujeres cuando bajan de las comunidades indígenas a la cabecera municipal o a la capital del estado.
Otras de las demandas de la OPIM son que se construya un nuevo hospital en Ayutla, viviendas para los miembros de la organización, proyectos productivos, “y que nos den maíz para comer y para sembrar”, dijo la presidenta de la organización.
Las mujeres indígenas se quedaron en plantón afuera del Palacio de Gobierno en espera de ser recibidas por el gobernador Astudillo Flores.
Cuando llegaron al Palacio de Gobierno el medio día de ayer, el inmueble estaba acordonado por vallas metálicas y policías estatales, como se encuentra desde hace 15 días, cuando comenzaron las protestas de los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) contra la reforma educativa.