La Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero se reunió con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, con quien acordó que se revisarán los procesos jurídicos en contra de los integrantes.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) el dirigente de la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame declaró que el miércoles una comisión de la dirección colectiva fue atendida en Casa de Guerrero por Astudillo Flores por la intervención de la diputada federal, Beatriz Vélez Núñez.
“Se aclararon asuntos, que no eran personales entre el gobernador y yo, se tuvo que contribuir en la parte política con mucha humildad, con mucha sensibilidad”, expresó.
Dijo que se acordó que se revisarán “con mucho cuidado” los procesos jurídicos en contra de los integrantes de la dirección colectiva, así como la retención de su salario y el del integrante de la Comisión Política de la APPG, Alfonso Simón Tavira, quienes cuentan con plazas en la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
Contó que la reunión se llevó a cabo en un ambiente cordial y de respeto, “quedó claro que no hay una persecución personal en mi contra”, también reconoció la “disposición política” de Astudillo Flores para resolver las demandas de la organización.
En la conferencia estuvieron Simón Tavira, el secretario de Relaciones y Solidaridad del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), Alberto García Mendoza, el representante de la colonia Nuevo Mirador, Alberto Blanco y la representante de trabajadores despedidos injustificadamente de Prospera, Roselia Francisco Tranquilino.
Chávez Adame dijo que se acordó que habrá una reunión de seguimiento la próxima semana en la que se analizarán las órdenes de aprehensión en contra de los integrantes de dicha organización, la reubicación de habitantes de la comunidad de San Vicente que fueron afectados por las tormentas Ingrid y Manuel y la recontratación de los trabajadores de Prospera despedidos injustificadamente.
Dijo que le informó al abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, acerca de la reunión y él “nos decía que por la vía política los delitos de motín, sabotaje, como siempre se han hecho en contra de luchadores sociales, se debe buscar esa vía para el desistimiento”.
Por otra parte, señaló que se debe revisar el hostigamiento que han sufrido los integrantes de la dirección quienes denunciaron formalmente espionaje y persecución luego de que fueron seguidos por hombres armados y recibieron mensajes intimidatorios.
“Nosotros vamos a poner de nuestra parte, el gobernador tiene que poner de su parte para que empiece a trabajar un proceso de coordinación entre la lucha social y la demanda que se tenga que resolver”, concluyó.