Los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) llegarán el miércoles 4 de noviembre a México, para revisar con funcionarios de gobierno los 10 acuerdos firmados el 19 de octubre en Washington para el seguimiento a la investigación de la desaparición forzada de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, informó el representante de los padres de los desaparecidos, Melitón Ortega.
Pasaron ya dos meses de negociaciones desde que terminó el primer mandato de trabajo del GIEI, acordado entre el Estado mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Aunque el gobierno federal ya expresó que el periodo de funciones del GIEI se amplié por seis meses, y la CIDH aprobó extender el mandato hasta el 30 de abril, los voceros del movimiento aclararon que no saben con precisión si ya se firmó el segundo convenio de continuidad.
En consulta telefónica Melitón Ortega informó que el lunes hubo una reunión con uno de los expertos, Carlos Martín Beristáin, un representante legal de los padres de familia y la procuradora general de la República, Arely Gómez, sobre los acuerdos de Washington, previo al informe del grupo ante la CIDH.
Dijo que los expertos lograron acuerdos mínimos con las autoridades para el seguimiento del caso, como la salida de la investigación de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Sin embargo, la cuestión es cuándo se puede hacer la entrevista a los militares, cuándo se comenzará a investigar a los políticos involucrados, y cuándo se van a utilizar la tecnología de punta para la búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa.
Adelantó que en cuanto lleguen, van a reunirse con los expertos, porque una cosa son los acuerdos firmados en un documento y otra los hechos.
Entre los acuerdos firmados están sacar de inmediato la investigación de la SEIDO, y trasladar toda la información a un nuevo equipo de investigación en la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), que propuso el gobierno federal.
Del tercer peritaje en el basurero de Cocula, donde según la PGR fueron calcinados los 43 normalistas, que se establezcan de común acuerdo los objetivos y condiciones para llevarlo a cabo, se tome de forma conjunta la decisión sobre los perfiles y la elección definitiva de los peritos, se consense el modo en que se realizará el estudio, pues los padres expresaron temor de manipulación de la evidencia.
También se acordó que el GIEI se incorpore al caso con el nuevo equipo a cargo de la investigación, en la evaluación las implicaciones del informe en la investigación de los hechos, en el seguimiento a las recomendaciones para la investigación, y colaborará en las recomendaciones y orientaciones para dicho equipo tanto sobre las cuestiones que se encuentran en su informe Ayotzinapa, como otras que están siendo deliberadas por el Grupo.
El último punto establece que el Estado se compromete a mantener la confidencialidad de la información sobre nuevos resultados de la investigación hasta transmitir la información a los familiares, previamente a cualquier comunicación pública, así como a tener un mecanismo de comunicación periódico y directo con las familias.