Al cumplirse 45 meses de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los padres advirtieron que no dejarán la lucha para exigir justicia y la presentación de sus hijos, recriminaron el incumplimiento del gobierno federal para resolver el caso y confiaron que el próximo “quede quien quede”, pueda resolver el caso, investigar a los militares, a los policías federales y la telefonía celular de los estudiantes.
En esta ocasión las actividades para conmemorar los 45 meses de los hechos ocurridos en esta ciudad fueron breves y no hubo marcha como en otros meses.
La primera actividad inició minutos después de las 4 de la tarde en la estela colocada en memoria del normalista Julio César Mondragón Fontes, quien fue hallado torturado y desollado del rostro en la zona industrial, al norte de Iguala.
Llegó una comisión de aproximadamente 15 madres y padres que portaban los carteles con las fotografías de sus hijos desaparecidos, unos 80 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos que llegaron en tres autobuses y activistas del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala.
La señora María de Jesús Tlatempa, mamá del normalistas desaparecido José Eduardo Bartolo Tlatempa, reclamó que este año sus hijos estarían terminando su carrera para ser maestros, “les quitaron las ilusiones de seguir con sus estudios, les truncaron sus sueños y el gobierno no se conformó con desaparecerlos, los difamó diciendo que había sido un enfrentamiento con Guerreros Unidos y que había infiltrados de Los Rojos, es mentira, el gobierno desde un inicio mintió”.
Advirtió que no van a descansar y seguirán en pie de lucha más firmes que nunca, seguirán exigiendo justicia, castigo para los culpables y la presentación con vida de sus hijos al próximo gobierno “quede quien quede”.
“Si este gobierno se va sin resolver este problema pues se va como un traidor a la patria, entregando el pueblo a países extranjeros. Por eso decimos que si van a ir a votar hagan conciencia, no se vendan por una despensa, no vendan su voto por 500 o mil pesos, por una cubeta o una gestión porque eres madre soltera, te van a dar 500 pesos, basta de tanta corrupción”, expuso.
Señaló que a los integrantes del gobierno federal actual sólo les importa el dinero, el poder y las armas, “pero ya se va, va de salida, esperemos que el que entre ese sí pueda resolver el problema, investigar a los militares, a los policías federales de los que hay nombres e investigar, los teléfonos celulares de los estudiantes que siguieron siendo ocupados después de su desaparición”.
“Lo que queremos es a nuestros hijos de regreso, porque todos los días los estamos esperando, nunca nos íbamos a imaginar que estaríamos aquí a 45 meses, por eso no hay perdón ni olvido”, agregó.
De este primer mitin los padres, estudiantes y organizaciones que los acompañaban se trasladaron al segundo lugar a bordo de los autobuses y vehículos particulares.
En el segundo mitin junto a la estela en memoria de los normalistas Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, una madre que soltó en llanto agradeció el acompañamiento de las organizaciones, mencionó que este ciclo escolar sus hijos estarían egresando y advirtió que “esto no se acaba hasta saber de nuestros hijos”.
En declaraciones al término del segundo mitin el vocero de los padres, Felipe de la Cruz dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) se declaró incompetente para nombrar la Comisión de la Verdad, por lo que este proceso está detenido hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dé solución al recurso que interpuso el gobierno federal ante la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Tamaulipas.
Reiteró que esta resolución es algo que les da seguridad de que pueden llegar a la verdad y se puede hacer justicia, en el sentido de que la comisión que se forme va a participar de manera directa con los abogados que los han acompañado como víctimas, y las instituciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que regrese el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Dijo que para ellos está claro que en el gobierno de Enrique Peña Nieto ya no habrá ningún avance en este caso, que hay resistencia del ejecutivo, la PGR y complicidad de los fiscales de los estados que señalan que la resolución del Primer Tribunal Colegiado es anticonstitucional.