Apoyado en informes de organismos internacionales y en datos periodísticos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció en Guerrero “al Estado mafioso” y “la porosidad de las instituciones de seguridad y justicia, que dan cabida a las mafias delincuenciales”.
En su informe anual de aniversario, que será presentado mañana en Tlapa, y a modo de introducción de las luchas de los pueblos y organizaciones, señala en un mapa de Guerrero a los 14 principales grupos de la delincuencia organizada que se disputan o establecieron una connivencia por el territorio.
Declara que “ante el desfondamiento del sistema de seguridad y de justicia que ha dejado en total indefensión a la población guerrerense, las comunidades indígenas y campesinas enfrentaron la amenaza con organización, se erigieron como los guardianes de sus territorios”.
Señala también que la mayoría de las 19 policías comunitarias, policías ciudadanas o autodefensas, asentadas en 49 de 81 municipios de Guerrero, “nacen de la preocupación genuina para contener la avalancha delincuencial”.
Precisa que “en este ambiente de descomposición, tanto de las instituciones del Estado como de la misma sociedad, que se ha contaminado de la influencia que ejercen las organizaciones delincuenciales, han aparecido grupos de civiles armados que se han autodenominado policías comunitarios, que no necesariamente nacen del seno de una asamblea, ni responden a una amenaza inminente de algún grupo delincuencial”.
Reconoce que algunas fueron creadas a iniciativa de líderes criminales, “son ellos quienes promueven la creación de estos grupos, comprando los atuendos de las policías comunitarias y otorgándoles armamento de grueso calibre”.
En el informe de 2016, denominado Guerrero: mar de luchas, montaña de ilusiones, confirmó que “hay alcaldes supeditados a las decisiones del jefe de la plaza. Se han dado casos donde diputados y presidentes municipales forman parte la estructura delincuencial”.

Acapulco dejó de ser el puerto paradisiaco

Sobre las operaciones del narcotráfico, señala que Acapulco “dejó de ser el puerto paradisiaco, para transformarse en el centro de operaciones del narcotráfico”. Ahí, según los registros, operan el Cartel Independiente de Acapulco, que se extiende a Chilpancingo, en la zona Centro; Coyuca de Benítez, en Costa Grande, y en cuatro municipios de Costa Chica: Cruz Grande, Copala, Ometepec y Cuajinicuilapa, los últimos dos colindan con Oaxaca. Asimismo, tiene presencia La Barredora, al parecer del mismo grupo, y el Comando del Diablo que se encuentra también en Zihuatanejo.
En este registro se coloca a Los Rojos como el grupo con más presencia en 31 municipios: nueve de la zona Centro, diez de la Norte, ocho Montaña, dos de Tierra Caliente, uno en Costa Grande y uno Costa Chica.
Sigue en número Guerrero Unidos, cuyo nombre llegó a primeras planas nacionales e internacionales por los ataques a estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, futbolistas y otras víctimas, la noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala, cuando se evidenció un sistema de narcogobierno en Iguala. El grupo tiene presencia en 26 municipios: cinco del Centro, 14 de la Norte, seis de Tierra Caliente y uno en Costa Grande.
Los Caballeros Templarios en 17 municipios: siete de Costa Grande, ocho de Tierra Caliente, de la Zona Norte, Costa Grande y dos de la zona Centro. Además de Los Tequileros, en cuatro municipio de Tierra Caliente y dos de Costa Grande.
Con todos los anteriores, que están en guerra por los territorios, la Familia Michoacana tiene presencia en ocho municipio de Tierra Caliente, siete de Costa Grande y dos de la zona Centro.
En los municipios la zona Centro, siempre repiten Chilpancingo y General Heliodoro Castillo, donde también se encuentra el Cartel del Sur, con presencia en la capital.
Los Granados operan en cinco municipios de Tierra Caliente y cinco de Costa Grande, más cercano a Michoacán y conectados por la sierra. Menciona una alianza de Los Granados con el Cartel de Jalisco Nueva Generación en cuatro municipios de Tierra Caliente y cinco de Costa Grande, donde comparten influencia.
Los Ardillos, en fuerte disputa con Los Rojos en la Montaña, tienen presencia en cuatro municipios del Centro, dos de la Montaña, tres de Costa Chica y Acapulco, además de Los Jefes o Gente Nueva, de quienes sólo hay registros en Chilapa.
Para explicar la fuerte presencia criminal en el estado, declara que “la Costa grande permite un sin número de maniobras marítimas y terrestres para el trasiego de droga. La Sierra Madre del Sur es una región mega diversa, abandonada por el gobierno y controlada por los caciques y sus pistoleros”.
Antes, hace referencia a los índices de criminalidad, con los cuales estima que 37 por ciento de municipios con presencia criminal están supeditados a la lógica de la violencia criminal y las autoridades locales “se encuentran atadas de manos por los compromisos contraídos con algún grupo delincuencial que impulsó su candidatura”.
En este marco, indica que 10 de los 13 municipios de la zona Centro están catalogados como violentos, sobresaliendo Chilapa, Zitlala, Tixtla, Quechultenango, General Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Juan R. Escudero, Mártir de Cuilapan y Eduardo Neri.
A nivel regional, señala que si bien la Montaña presenta el menor número de homicidios dolosos que se registraron durante los meses de enero a mayo de 2017, Tlapa es la ciudad más violenta de la zona, y la cabecera de Copanatoyac sigue en menor en número de homicidios, pero advirtió que los datos oficiales, que genera la Fiscalía General del Estado “no necesariamente corresponden a la realidad, porque el municipio es un foco rojo”.
En este tenor, destacó los resultados del Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX) 2016, elaborado por Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas, Puebla, que ubicó a Guerrero “en el grupo cuatro de impunidad muy alta y tiene una cifra negra de 95.8, superior a la nacional que es de 92.8”.
El equipo concluyó que hay “una baja cultura de la denuncia y una muy alta desconfianza a las instituciones de seguridad y justicia”.
No obstante las operaciones policiacas y militares, se incrementaron los homicidios, “la población considera infructuosa una presencia armada que sólo aterroriza a la gente y deja el campo libre a quienes se disputan el trasiego de la droga”.
En respuesta, reconoce a las comunidades indígenas y campesinas que se asumieron como sujetos de derecho y retomaron el modelo exitoso de la policía comunitaria, para hacerle frente a la delincuencia.
Indicó que en los últimos dos años se multiplicaron los modelos de seguridad, como policías comunitarias y autodefensa.
Señala a la Policía Comunitaria de Tlacotepec, el Movimiento Adrián Castrejón, de Apaxtla; La Tecampanera, de Teloloapan; la Guardia Rural de Ejidos Unidos de Guerrero, en comunidades de Coyuca de Catalán y Zihuatanejo; Movimiento por la Paz, de San Miguel Totolapan; Policía Comunitaria, de Eduardo Neri; Policía Comunitaria, de Tlacotepec, asimismo, las organizaciones de Juchitán del Progreso, Arcelia, Tecpan y Cuetzala del Progreso.
Enseguida aparecen tres expresiones de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC): de la microrregión Costa chica-Montaña, de los pueblos de Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Teconaoapa y Tlapa, y la de Los Pueblos Fundadores.
Además de la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP), de Temalacatzingo, en comunidades de Olinalá, Cualax y Tlapa; el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Aclara, que estos primeros movimientos por la seguridad requieren un tratamiento más profundo y detallado.

El informe

Tlachinollan dedicó su 23 informe anual a reseñar la lucha de las víctimas y de los pueblos en Guerrero en el contexto de inseguridad e impunidad, y de manera particular al tema de Ayotzinapa, a mes y medio de que se cumplan tres años de la desaparición forzada de los 43 normalistas en Iguala.
Afirma que si el caso Ayotzinapa no está resuelto, es por los pactos de impunidad que no han sido rotos, y que señaló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para brindar asistencia jurídica internacional en el caso.
Recordaron que a la salida del GIEI del país, los expertos dejaron 20 medidas esenciales para conseguir la verdad de los hechos, que el nuevo el Mecanismo Especial de Seguimiento insiste en que sean atendidas.
A pesar de la disposición expresa de las autoridades, a la fecha no hay un sólo detenido por el delito de desaparición forzada, no ha habido justicia en la asesinatos de los estudiantes ejecutados Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fontes, ni para los heridos que presentan las más graves secuelas, Aldo Gutiérrez Solano, que permanece en estado vegetativo, y Edgar Andrés Vargas, que sigue recibiendo tratamiento por los impactos de bala en su cara.
En otro de los apartados, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos, de Chilapa, documentó desplazamientos forzados de periodistas locales y familias en 15 localidades de Heliodoro Castillo, nueve de San Miguel Totolapan, dos de Chilpancingo, siete en Chilapa, tres de Zitlala, tres de Coyuca de catalán, una en Pungarabato, Tixtla, Arcelia, Leonardo Bravo y Apaxtla de Castrejón.

Señala que las familias provienen de comunidades donde la confrontación entre grupos de la delincuencia organizada es parte de la cotidianidad, mientras las instituciones criminalizan y regatean los recursos a las familias, “como si se tratara de negociar su tragedia”.
Asimismo, se hace un recorrido de la lucha social y legal que permitieron los dos amparos en favor de la Jubá Wajín (San Miguel el Progreso), contra la minería a cielo abierto en el territorio del pueblo me’phaa.
También documentaron la gravedad de las violaciones a los derechos humanos en el estado, que tiene 30 por ciento de los datos individuales del Registro Nacional de Víctimas (Renavi), de un total de 3 mil 949 víctimas registradas en todo México.
Hasta 2016, Guerrero contaba una inscripción de mil 131 víctimas, y “en la reinvindicación de sus derechos, surgieron defensores emergentes frente al Estado”.
Menciona entre estas iniciativas ciudadanas a la organización para la búsqueda de personas desaparecidas, así como de apoyo a familias desplazadas por la violencia, como Siempre Vivos de Chilapa, y los que exigen justicia por las ejecuciones extrajudiciales, en este caso la familia de Bonfilio Villegas, asesinado por militares en 2009.
Además del caso de Quetzalcoatlán de las Palmas, municipio de Zitlala, que refleja a un Estado rebasado por las bandas del crimen organizado, donde el grupo criminal que controla la zona asesinó a varias personas y mantiene el acoso a los pobladores.
Entre otros temas, la periodista Marcela Turati reunió para este informe testimonios que dan cuenta de las estructuras criminales que operan fuera de la ley y buscan el control de territorios; y sobre la operación, colusión u omisión de amplios sectores de la administración pública en diversos niveles, que inhiben la labor de informar.
Señala factores que “limitan la libertad de expresión y produce un efecto amedrentador sobre el libre flujo de la información, genera autocensura y refuerza la tendencia a llevar a cabo un periodismo que evite informar sobre temas de seguridad, corrupción o tráfico de influencias”.
De las agresiones a periodistas, se enlistan un asesinato, dos agresiones con arma de fuego, además de la retención ilegal de grupo de comunicadores, ultraje y robo, y hostigamientos verbales, vigilancia por civiles, obstrucción al trabajo y amenaza de muerte.