El Comité por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) del Fortín, en Tixtla, expusieron los asesinatos y aprehensiones que ha sufrido esta organización e informaron que el 8 de agosto levantaron a un policía comunitario que días después fue hallado sin vida y con huellas de tortura.
”El 8 de agosto fue levantado el compañero Tomás cuando fungía sus labores como policía comunitario en el municipio de Tixtla”, se lee en el comunicado.
Refiere que días después el hombre fue encontrado sin vida en las escalinatas de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Chilpancingo.
La estructura de la base del Fortín inició las investigaciones para dar con los responsables materiales de la desaparición, y posterior asesinato de su compañero.
“En dichas investigaciones nos enteramos que el mismo grupo de sicarios ya tenía la orden de levantar a los compañeros Pedro Juárez y Pablo Molina que también son policías comunitarios de la base del Fortín. Cabe mencionar de los dos compañeros son familiares de promotor de la CRAC-PC Gonzalo Molina González, que actualmente está presos en el penal de Chilpancingo Guerrero”, resaltan las organizaciones.
A este hecho se suman otros como la detención de la hermana de Molina González el 6 de junio en La Paz, Baja California Sur, a quien le dijeron que tenía una orden de aprehensión vigente en Guerrero por robo calificado y lesiones.
Sin embargo, estos cargos ya fueron retirados por la parte acusadora, y esto deja en claro que el gobierno del estado de Guerrero reactivó las más de 70 órdenes de aprehensión en contra de policías comunitarios que forman parte de la Casa de Justica de El Paraíso, en Ayutla.
“El 26 de noviembre de 2015 fueron asesinados 4 miembros de la Policía Comunitaria de la base del Fortín en las inmediaciones del barrio del Fortín, a manos de un grupo de sicarios fuertemente armados, la respuesta del gobierno del estado en ese momento fue de intentar militarizar el municipio de Tixtla en lugar de investigar el asesinato de los compañeros”, añade.
El documento expone que cuando Gonzalo Molina hizo una huelga de hambre de 21 días de los cuales cinco fueron sin líquidos dentro del penal, su salud se fue deteriorando al grado de mantenerse en cama más de una semana, por los fuertes dolores que le producía una hernia y los cálculos biliares en sus riñones.
Abunda que entonces las autoridades del estado no permitieron su revisión sino hasta después de dos meses, a pesar de que su vida corría peligro. Después de dos meses Gonzalo Molina fue trasladado al hospital de Iguala donde fue operado del riñón y de la hernia que tenía.
Informan que las autoridades penitenciarias no han permitido a Gonzalo Molina ser trasladado a un hospital para una revisión médica y los análisis necesarios.
Abunda que las detenciones de integrantes de la CRAC-PC dejó en claro que el gobierno busca desmantelar a la organización, imputando delitos y criminalizando a la institución comunitaria.
La actuación de la CRAC-PC está fundamentada en el artículo 2 de la constitución, el convenio 169 de la OIT y la ley 701 del estado de Guerrero, precisa.
De la sentencia de cuatro años 100 días que se le impuso al preso en la capital Samuel Ramírez, afirman que no tiene fundamento jurídico, pero el gobierno se empeña en no reconocer los derechos de los pueblos originarios y sentencia al policía comunitario.
“El saldo de esta represión es de cinco comunitarios asesinados, tres presos políticos, seis procesados que tienen que ir a firmar desde su comunidad de origen que es El Paraíso en el municipio de Ayutla de los libres hasta Tlapa de Comonfort, dos compañeros que ahora están en resguardo de la CRAC-PC pero sin poder realizar su vida normal, y más de 70 órdenes de aprehensión”, detalla.
Refiere que estos hechos no son actos aislados, que esta persecución es un intento del gobierno federal para desarticular a la organización, en especial la de la base del Fortín porque se ha mantenido de manera autónoma e independiente.
“Nos gustaría decir que este recuento de la represión termina aquí, pero sabemos que el gobierno federal no va a parar sus intentos de vender el territorio a las grandes mineras financiando grupos de sicarios, paramilitares, y comprando a líderes comunitarios para imponer el terror y la violencia en las comunidades”, advierte.