Ramón Gracida Gómez

El caso de la masacre de El Charco está estancado y las viudas siguen en el olvido, denunció uno de ellas, Eustolia Castro Ramírez, quien acudió ayer con otra de las viudas, Catalina Leobardo Aurelia, al homenaje de los guerrilleros del Movimiento de Accio?n Revolucionaria (MAR), en el panteón de Las Cruces.
Después del evento, recordó que la masacre de El Charco, comunidad del municipio de Ayutla de los Libres, fue el 7 de junio de 1998, donde militares asesinaron a 10 campesinos y un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y desde aquel año hubo apoyo de organizaciones sociales.
Al principio su caso fue llevado por la Red Solidaria Década Contra la Impunidad y luego por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, cuyo director y también comisionado del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad, Abel Barrera Hernández, participó en homenaje de los guerrilleros en Acapulco, uno de ellos, José Luis Martínez Pérez, enterrado en el panteón de Las Cruces.
El caso fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012 y en 2018 declaró admisible la petición, pero a partir de ese año ya no hubo respuesta del gobierno mexicano, señaló Castro Ramírez a El Sur.
“Y pues ahorita nosotros hemos estado esperando”, dijo la esposa de José Rivera Morales, uno de los indígenas asesinados, y señaló que continúan realizando las conmemoraciones para recordar la masacre y difundir el caso porque “el gobierno ha hecho caso omiso del tema”.
Castro Ramírez declaró: “por eso ahí hemos estado estancados porque el caso no puede seguir y hasta ahorita no hemos tenido una respuesta ni nada de parte del gobierno” y recalcó que las viudas quieren el esclarecimiento del caso y justicia.
Comentó que el grupo de familiares creyó que iba a ser más fácil avanzar con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México, “pero por lo que vimos, pues ni cara le vimos, o sea, nunca tuvimos esa oportunidad de tener ese acercamiento con ellos como caso de la masacre de El Charco”.
Castro Ramírez expuso que las viudas viven en sus comunidades y se encuentran “en abandono como cualquier otras indígenas”, cada quien vive como puede en el municipio. Ella tenía 18 cuando asesinaron a su esposo José Rivera, y su compañera Catalina Leobardo Aurelia tenía 22 años.
Sus hijos ya son grandes, de quienes fueron padre y madre porque no tuvieron ningún tipo de apoyo de parte del gobierno, declaró la mujer indígena y agregó que la falta de oportunidades no les permitió llevarlos a la escuela; por ejemplo, su hija realiza trabajo doméstico en una casa particular.
Castro Ramírez tiene 43 años, vive actualmente en la cabecera municipal de Ayutla y mencionó que hace unos años gestionó un recurso para construcción de casas para los desplazados como ella que rentaba, ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) –hoy Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)–, e incluyó el nombre de sus compañeras, “pero en sí no fue apoyo para las viudas”, recalcó.