El abogado de las viudas de la masacre de Aguas Blancas, José Sánchez denunció que en la estructura de gobierno “se mantiene la clase rancia con actitud represiva”, ante la posibilidad de que el notario público, Robespierre Robles Hurtado sea magistrado del Poder Judicial.
El notario propuesto como magistrado por el gobierno del estado en el Congreso local, es hijo del fallecido José Rubén Robles Catalán, secretario general en el periodo de Rubén Figueroa Alcocer, cuando ocurrió la masacre del 17 de junio de 1995 en Aguas Blancas, perpetrada por policías estatales.
En entrevista telefónica, dijo que ven con preocupación que la vieja clase política está llegando a ocupar puestos de gobierno, porque el notario representa los mismos intereses de su padre; a los dinosaurios viejos de PRI.
El representante de las viudas dijo que nunca se castigó a nadie ni se deslindaron responsabilidades por la muerte de 17 campesinos, por esa razón se repitió la masacre de El Charco en 2000, así como los asesinatos y la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. Ahora se dice que su hijo podría ser presidente del Poder Judicial.
Por otro lado, denunció que la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, Norma Saenz los citó ayer en la tarde en Palacio de Gobierno, y cuando llegaron encontraron las oficinas cerradas porque no hubo labores.
Recriminó que la funcionaria no haya tenido la atención de avisar a los familiares que no habría labores. Al buscar al enlace de Organizaciones, César Flores Maldonado, éste ni siquiera les atendió la llamada, contestó su secretario particular.
Ayer no fue un día inhábil, pero se dio el día a los trabajadores por acuerdo del sindicato. El luchador social dijo que encontraron una mala actitud de funcionarios de la nueva administración, “nos están desgastando, las viudas y sobrevivientes son gente muy pobre”.
Consideró que es un movimiento que ha sido muy reprimido y masacrado, pero que pide calma sin perder sus principios, debe ser atendido con dignidad. Demandó una mesa con el gobernador Astudillo Flores o con el secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame.
Recordó que a 17 años de las recomendaciones que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Aguas Blancas, no se han cumplido, tampoco no hay atención a las víctimas ni castigo a los culpables.
Agregó que, las víctimas a la fecha reciben sólo una mensualidad de 4 mil 800 pesos, y siguen viviendo en pobreza.