Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El conflicto entre vecinos del Campamento Liberación Campesina y ejidatarios de Copala sigue latente, debido a que los ejidatarios no llegaron a una reunión hace dos semanas, como se acordó el 9 de julio, cuando hubo un intento de desalojo a los primeros con soldados del Ejército y policías estatales.
El coordinador del Frente Socialista Guerrerense, Eloy Cisneros Guillén, quien da acompañamiento a los pobladores del campamento, informó por teléfono que las familias a las que pretenden desalojar, seguirán insistiendo en que el conflicto se resuelva por la vía del diálogo.
Después del 9 de julio, cuando por enésima vez hubo un intento de desalojo de los ejidatarios a los que viven en el campamento, hubo una reunión de éstos con autoridades, encabezadas por el subsecretario de Asuntos Agrarios del gobierno estatal, Gustavo Miranda González.
Cisneros Guillén dijo que el acuerdo fue que las autoridades investigarán a quién realmente les pertenecen las tierras, si son ejidales o si son pequeña propiedad.
Recordó que cuando las tomaron, hace 28 años, estaban en poder del gobierno estatal, puesto que saben que las compró el ahora ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer para un experimento de la palma enana, pero se abandonó el proyecto y los terrenos quedaron abandonados.
“Nosotros fuimos a ver al entonces gobernador interino, Ángel Aguirre Rivero, y le planteamos el problema y cedió en que los compañeros que carecen de vivienda se asentaran ahí y hasta los apoyó con la compostura de un tractor, que también había quedado abandonado”, dijo.
Sin embargo, indicó que el problema comenzó hace 10 años, cuando los ejidatarios de Copala presentaron una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) de Acapulco, y el órgano acordó su expulsión y en cinco ocasiones han intentado desalojarlos. La más reciente fue el 9 de julio.
Cisneros Guillén explicó que “afortunadamente” han evitado el desalojo mediante el diálogo, “porque no es conveniente enfrentar campesinos contra campesinos, porque eso podría traer más violencia”.
Reconoció que la última vez, pese a que los ejidatarios fueron acompañados de soldados y policías estatales, llevaron la propuesta de llegar a un acuerdo, “pero su propuesta es que les entreguen toda la tierras (unas 40 hectáreas) y eso no es posible, porque ¿a dónde se van a ir los compañeros y a donde van a trabajar?”.
Cisneros Guillén informó que están buscando una concertación apropiada con los gobiernos federal y estatal, así como con las dos partes, para que las autoridades determinen si las tierras en verdad son ejidales, apoyen a los ejidatarios de alguna otra forma y éstos dejen el predio a los del campamento.
Informó que las autoridades federales y estatales convocaron el 28 de julio pasado a una reunión con los ejidatarios, para buscar sensibilizarlos en la propuesta, pero no se presentaron.
En tanto que con los pobladores del campamento acordaron una reunión el 13 de agosto, pero como no se presentaron los ejidatarios a la reunión del 28 de julio, creen que ya no se realizará tampoco la del 13 de agosto, en la que se supone que estarían los dos grupos.
El activista informó que el miércoles habló por teléfono con funcionarios federales a quienes les pidió que sigan insistiendo en la reunión con los ejidatarios y que si es necesario que los vayan a buscar a Copala, que lo hagan para buscar una alternativa de solución.
Contó que los pobladores del campamento han ofrecido cinco hectáreas para una escuela superior e, incluso, invitó a unos académicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y se dijeron interesados en crear una escuela técnica.
Otra propuesta que surgió fue para una Escuela del Bienestar Benito Juárez, pero al final, ese caso no se concretó pues se pretende construir en un predio distinto, cercano al pueblo Las Salinas.
Reconoció que el conflicto sigue latente, pero aclaró que seguirán insistiendo en el diálogo, para que no les quiten esos predios que utilizan desde hace 28 años, que son para su siembra y sus viviendas.