* Denuncian hostigamiento de policías judiciales y desinformación contra los activistas del movimiento * Buscan negociar un nuevo planteamiento de coadministración con el gobierno del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa

Claudio Viveros Hernández, corresponsal, Cacahuamilpa * Un mes cumplió ayer la toma de las instalaciones del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa por los habitantes de tres comunidades aledañas a este sitio turístico. Son 15 días transcurridos desde la destitución del administrador, Gabriel Ortiz Bonal, y uno de sus allegados, Alejandro Cruz Estrada, envueltos en líos y desfalcos financieros y boletaje falsificado luego de la auditoría practicada por el gobierno estatal.

Pero la concesión, principal demanda de los pobladores, no se ha otorgado.

Las comunidades demandan la administración de las grutas para obras de beneficio comunitario, pero el gobierno renejuarista no parece ceder, ni los pobladores muestran señales de abandonar su lucha.

Varios de ellos denunciaron a El Sur una campaña de interrogatorios y hostigamiento de policías judiciales, al igual que desinformación de quienes llaman “intereses afectados”.

A la propuesta del gobierno estatal, hecha llegar por los enviados en las negociaciones a mediados de enero, los pobladores y sus representantes, después de analizarlas, respondieron a su vez con la exhibición de dos documentos que entregaron el martes 29 al director jurídico de la Secretaría de Finanzas y Administración, Rogelio Gutiérrez Barrios.

Fue esto entendido como un revire que al parecer tendrá contestación la semana próxima en Chilpancingo, cuando un grupo de habitantes y funcionarios se reúnan para discutir sobre el tema, el primer conflicto social del año en Guerrero.

“Todos sabemos, y ahí se ven muy claros los intereses y la corrupción comprobados en donde en sólo cuatro meses del año 2001 hubo un desfalco de más de un millón de pesos, que si los multiplicamos por todo el año y después por cuatro o cinco años que estuvieron esos señores al frente, pues ellos están sentidos y de alguna manera quieren buscar culpables, quieren venganza y como no pueden en contra de un pueblo, de una comunidad o tres que estamos representando, van a buscar chivos expiatorios y ya lo están haciendo, pero detrás del pueblo están las comunidades”, expresó José Reyes Amates, integrante del movimiento.

Dos son los convenios que presentaron por su parte los representantes con el consenso de la población de las comunidades de Cacahuamilpa, Crucero de Grutas y El Transformador.

En el primero reiteran su petición del cumplimiento, pago y administración del 25 por ciento de los ingresos netos del Parque Nacional derivado de los acuerdos suscritos el 19 de diciembre de 2000, de los que hasta la fecha no cumplió el gobierno estatal, por lo que ahora estipulan los pobladores que les entreguen en una sola ministración a la recién constituida Unión de Pobladores de Comunidades Posesionarias del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, A. C., misma que será la encargada de vigilar y administrar los recursos que se destinarán a obras sociales, lo que se realizará previo acuerdo de las mismas comunidades y con el visto bueno del gobierno municipal de Pilcaya.

En otro documento, los representantes de las “comunidades ancestrales” a través de su organización modificaron su exigencia de tener la concesión total de las Grutas y ahora proponen la coadministración de la operación del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa y administración del 50 por ciento de los ingresos mensuales netos del mismo a partir de la fecha de firma del convenio y hasta por 99 años, en el cual firman –si es que se aprueban los dos convenios– por una parte el gobierno estatal encabezado por su representante, René Juárez Cisneros, así como los secretarios de Gobierno, Finanzas, Desarrollo Social y el Contralor general. Por la otra parte, los representantes de la Unión de Pobladores de Comunidades Concesionarias.

En una de las claúsulas del texto citado se especifica que “será a partir del inicio de la operación formal de la coadministración, que se considerará concluido el conflicto que dio origen al convenio, sin que autoridad alguna se reserve alguna otra acción legal por este motivo contra ninguno de los representantes de las comunidades o ciudadano alguno”.

Afirman también que esa Unión, órgano de representación ciudadana, cumple con las expectativas para hacer llegar beneficios a sus representados ante los diversos actos de corrupción que se han encontrado por quienes han fungido como administradores, razón por la que se comprometen en nombre de las comunidades a “destinar los recursos obtenidos (de ese 50 por ciento que ahora piden) para proyectos productivos, ecoturísticos, obras sociales, formación a capacitadotes, e investigación del desarrollo comunitario en sus respectivas comunidades (…) y distribuir los recursos con equidad, en forma honesta, puntual, transparente y participativa”.

En esa figura de coadministración afirman que los ingresos y gastos de los recursos de la Unión de Pobladores tendrán un consejo de vigilancia plural integrado por representantes del gobierno estatal, del ayuntamiento de Pilcaya, del Congreso estatal, la Universidad Autónoma de Guerrero y de organizaciones no gubernamentales.

Otra de las claúsulas da la vuelta al filo de la navaja que se cuestionó con insistencia. Por eso es que la multicitada Unión puntualiza en su propuesta hecha al gobierno guerrerense que reconoce y acepta que el gobierno federal o el gobierno del Estado de Guerrero a través de las instancias correspondientes “pueda realizar las auditorías que sean necesarias sin previo aviso y en los momentos que considere necesarios con el objeto de garantizar la honestidad y transparencia en el manejo de los ingresos.

Además, la Unión se compromete a publicar los resultados de cada audotoría a través de algún diario de circulación nacional, para que la opinión pública conozca esta experiencia que se rige por principios y valores genuinamente éticos y para bien de las comunidades, posesionarias ancestrales, es decir, sin ningún tipo de discriminación”.

Fundamento legal de la demanda

La propuesta de convenios de la organización de pobladores, explican, está fundamentada en el artículo 39 constitucional y citan que “todo poder público dimana del pueblo y se constituye para beneficio de éste”, al igual que de varios artículos de la Ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente, “que otorgan libertad plena a las comunidades para la realización y toma de decisiones para el uso y disfrute de sus recursos naturales”, en el caso de las cavernas legendarias que han estado abiertas, según los pobladores, desde 1920, primero concesionadas al gobierno federal, luego al gobierno del Estado de Guerrero y, por cuatro meses en 1996, al canadiense Barry Sendel Angel, “El artista del fraude”, quien en varias ocasiones espetó al reportero su molestia por el seguimiento periodístico de él y su proyecto truncado Las Grutas del Tiempo.

Eso quedó atrás y ya transcurrió un mes en el cual las reacciones son de acoso a la gente de los poblados y a los representantes y militantes del movimiento a quienes envían amenazas veladas.

De esto platicó también José Luis Hernández Rosas: “Ahora acusan a los compañeros Margarito y Alejandro Sánchez Mérida, que son no sólo miembros del PRD, sino que incluso pertenecen a grupos armados, y eso no solamente es una artimaña sino que es una bajeza, porque si tienen las pruebas que lo demuestren; por eso, si algo les sucede en su integridad física y su familia, responsabilizamos a Gabriel Ortiz Bonal y la gente que estaba a su alrededor, además de que policías judiciales lo han estado hostigando al pasar cerca de su casa y han estado yendo a sus trabajos. Ellos ahora no encabezan el movimiento (como lo hicieron en 1996 durante seis meses que se tomaron las grutas por vez primera), son ciudadanos que nos apoyan como todos”, dijo.

También acuso que a varios ciudadanos los ha parado la Policía Judicial “para interrogarlos, o que han recibido llamadas telefónicas, y a el mismo presidente del comisariado ejidal de Cacahuamilpa (Enrique Mederos Rosas) ha denunciado que en su casa ha recibido amenazas”.

Ante el panorama y con los dos documentos-convenio que ellos plantearon ahora al gobierno estatal, el comisario municipal de Crucero Grutas afirma que “la propuesta es el camino definitivo a seguir, en primera porque si esto llegara a prolongarse un poquito más podría enfadar al gobierno y recibir represiones, pero las comunidades están firmes, podríamos aguantar más.

“Vamos a empezar la propuesta del 50 por ciento y veremos si se puede ir canalizando la concesión, tenemos que hacer méritos y realmente este parque tenga otra cara diferente, y creo que si el gobierno ve que las comunidades que están al frente van rehabilitando este lugar, entonces el gobierno tendrá que darnos la razón.

“Esperamos demostrar cómo hacemos obras buenas, e incluso si nos pueden hacer una auditoría cada ocho días, adelante. Nosotros lo hacemos con el fin de demostrar al gobierno que hay honestidad por parte de las comunidades y si nosotros vamos por buen camino y el gobierno ve que realmente somos merecedores de esto, es posible que nos den la concesión”, concluyó.