Lourdes Chávez

Chilpancingo

El sobreviviente de la matanza de Aguas Blancas e integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Jerónimo Hernández Refugio, fue trasladado de manera ilegal de la prisión estatal de Chilpancingo, al penal federal en Villa de Comaltitlán, Chiapas, el 21 de febrero, donde se encuentra incomunicado, extorsionado y amenazado de muerte, denunció su abogado, Hegel Mariano Ramírez.
En un comunicado conjunto con organizaciones que participan en su defensa, aclaró que el 4 de abril se interpuso un recurso de apelación, y en respuesta una jueza ordenó que regresaran al preso político en un lapso de cinco días, y las autoridades penitenciarias no han atendido la orden judicial.
En el escrito, Mariano Ramírez explicó que siendo Hernández Refugio uno de los dirigentes más visibles de la OCSS en Coyuca de Benítez, fue detenido hace 16 años, en diciembre del 2002, por el delito de secuestro.
En septiembre del 2018 fue condenado a 20 años de prisión que terminan en diciembre de este año, “(y) el año pasado su defensa promovió un amparo directo que se espera sea resuelto antes de que purgue su condena”.
Aclaró que los años que lleva preso, Hernández Refugio fue llevado a los centros penitenciarios de Acapulco, Taxco, Durango y finalmente en el de Chilpancingo, quedando a disposición de la jueza de Ejecución de Sentencia, Maritza Jiménez Santiago.
Sin embargo, el 21 de febrero de 2022, el director del Centro Regional de Reinserción Social de Chilpancingo, Hugo Mejía Patricio, informó a la jueza de Ejecución que “se ordenó y ejecutó el traslado de la persona privada de la libertad de nombre Jerónimo Hernández Refugio, de ese centro penitenciario, al diverso Centro Federal de Readaptación Social No.15 “CPS-Chiapas”, por requerir medidas especiales de seguridad”.
Aclaró que de inicio, el traslado se calificó de legal, y la defensa interpuso el recurso de apelación, al que la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia determinó que el detenido debe volver al penal de Chilpancingo “hasta que se resuelva el juicio de amparo directo” que se le promovió, porque se encuentra a disposición del tribunal federal donde se tramita.
Por lo anterior, el 4 de abril pasado, la Jueza de Ejecución otorgó cinco días al director del penal de Chilpancingo, “para que realice las gestiones correspondientes ante la Dirección General de Reinserción Social del Estado, ante el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social y ante el Director del Centro Federal de Readaptación de Readaptación Social No. 15 “CPS-Chiapas” para que en ese término materialicen el traslado de Jerónimo Hernández Refugio de ese centro penal federal al de esta ciudad de Chilpancingo.
De esa orden judicial, pasaron casi dos meses sin que las autoridades penitenciarias cumplieran la indicación.
Recordaron que el 15 de mayo, organismos civiles promovieron una Acción Urgente ante el gobierno federal y organismos de derechos humanos por que Jerónimo Hernández Refugio se encuentra prácticamente incomunicado, y en una llamada que hizo a la dirigente de la OCSS, Norma Mesino, le manifestó que estaba siendo extorsionado y amenazado de muerte, y presionado por alguien que dice ser defensor de oficio, para que firme un escrito en el cual manifieste que quiere permanecer en el penal federal de Chiapas y que no quiere ser trasladado a Chilpancingo, a lo cual se ha negado porque su deseo es permanecer en el penal de Chilpancingo o, en su caso, en el de Ayutla de los Libres.
El defensor y organismos civiles expresaron preocupación por la integridad del preso político, y señalaron que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia matutina del pasado 21 de abril, dijo que en una semana tendría un informe de los sobrevivientes de Aguas Blancas que se encuentran presos.
Ahí, el mandatario federal señaló que órganos gubernamentales “siguen perpetrando las violaciones de sus derechos humanos y no le están garantizando su vida e integridad”.
Mariano Ramírez reprochó que en el discurso político se reivindique a los presos políticos, pero en los hechos lossiguen siendo objeto de vejaciones. “De nada sirven las mesas de trabajo con Secretaría de Gobernación federal, no vemos un compromiso real en atender los casos de los presos políticos, ni a nivel federal ni a nivel local, no existe un seguimiento puntual, de lo contrario, no tendríamos que pasar estas cosas, donde además de pugnar por su libertad, tenemos ahora que luchar contra un traslado ilegal y contra las condiciones de riesgo en que se encuentra durante su reclusión”, denunció.