Ramón Gracida Gómez

Acapulco

La sobreviviente de desaparición forzada ordenada por el gobernador Rubén Figueroa Figueroa y ejecutada por su jefe de la Policía Judicial, Arturo Acosta Chaparro, Alejandra Cárdenas Santana, consideró que es parte del derecho a conocer la verdad que ambos funcionarios de alto nivel son señalados como participantes de desapariciones forzadas en el anexo tres del informe de la Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad).
La militante de izquierda y maestra emérita de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) saludó el informe porque quienes cometieron violaciones graves a los derechos humanos deben ser “exhibidos como lo que fueron, torturadores, criminales finalmente, porque son criminales esta gente que cometió desapariciones forzadas de personas, torturas, secuestros, robo”.
Los ex integrantes de la Comverdad, Nicomedes Fuentes y Pilar Noriega, presentaron el jueves en la Facultad de Derecho de la UAG en Acapulco el anexo tres de su Informe final, Personas participantes en desapariciones forzadas, que fue editado por la organización internacional pro libertad de expresión Artículo 19.
El anexo del informe de la Comverdad señala que el ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa (1975-1981) “golpeó sin respiro” a la UAG y “se le hace responsable de más de un centenar de desapariciones forzadas de campesinos, activistas sociales, maestros y estudiantes”.
De Arturo Acosta Chaparro, la investigación arroja que llegó a ser el director de todas las corporaciones policiacas del estado y en el gobierno de Figueroa Figueroa “mandó a construir 16 celdas bajo las instalaciones que están hoy a cargo de la Dirección de Tránsito de Acapulco. Las habilitó como cárcel clandestina, a la que fueron llevados muchos detenidos que en ocasiones aparecieron muertos”.
Consultada vía telefónica, Alejandra Cárdenas Santana afirmó que esta parte del informe de la Comverdad “está abonando al esclarecimiento de hechos que son una herida abierta para el estado de Guerrero y es muy importante porque finalmente la gente tenemos derecho a saber la verdad y la gente joven también tiene derecho a conocer la verdad”.
Consideró que “no sólo se trata del castigo a los culpables, sino al derecho a la verdad y además de que la gente sea exhibida como lo que fueron, torturadores, criminales finalmente, porque son criminales esta gente que cometió desapariciones forzadas de personas, torturas, secuestros, robo”.
Alejandra Cárdenas Santana formó parte del grupo de apoyo del Partido de los Pobres fundado por Lucio Cabañas, “yo nunca he negado mi participación en este grupo, pero fui solamente, dijéramos, personal de apoyo y aun así tanto Antonio Hernández (su pareja sentimental) como yo fuimos detenidos en la Ciudad de México” en agosto de 1978.
Ambos fueron llevados a una cárcel clandestina de la capital del país y luego fueron trasladados a diversas cárceles clandestinas de Guerrero, “donde pude ver con vida a varios de los compañeros que el gobierno decía que estaban muertos, que los habían matado sus propios compañeros y, sin embargo yo los vi en las cárceles clandestinas”; Luis Armando Cabañas, Jaime López Sollano, hermano de Saúl López Sollano, el ahora delegado del gobierno estatal en la región Sierra, entre otras personas.
Señaló que Acosta Chaparro, el procurador Carlos Ulises Acosta Víquez, que también aparece en el informe, “y un tal capitán Aguirre fueron los directamente responsables de mi desaparición y tortura, entonces me parece muy bien que lo saquen a la luz, me parece excelente, sobre todo, porque se sienta un precedente de que la impunidad no va a ser un elemento que se le deba adjudicar al presente gobierno”.
Salió amnistiada en noviembre de 1978 por el apoyo de Rosario Ibarra de Piedra “y en gran medida porque Amnistía Internacional nos declaró a Antonio y a mí presos de conciencia”, lo cual casi no había ocurrido. Alejandra Cárdenas presentó su denuncia frente al Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en sus oficinas de Nueva York, Estados Unidos.
Respecto a la inclusión del ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa en la lista de participantes de desapariciones forzadas, la profesora emérita de la UAG indicó que “uno de los grandes problemas, incluso de la inseguridad hoy en día, es la impunidad, entonces a mí me parece que este tipo de informes abonan al esclarecimiento, a que no permanezcan en la penumbra estos delincuentes porque son delincuentes”.
Resaltó que aparezcan funcionarios de este nivel porque el ex mandatario estatal “no solamente fue responsable por omisión, sino por participación directa, fíjate, no es lo mismo. Normalmente se acusa a los gobernadores o funcionarios de altísimo nivel por omisión, pero en este caso es participación directa”.
Señaló que Figueroa Figueroa “participa directamente, da las órdenes directamente y estaba orgulloso de eso” y agregó que una vez el mandatario estatal declaró que “los desaparecidos están muertos, ¿y cómo sabe él que están muertos? ¿Porque dio órdenes específicas sobre eso o a qué se debe que él sepa que están muertos?”.
“Declararlo como parte del engranaje de la tortura y de la desaparición forzada me parece un hecho de gran envergadura”, concluyó.