Zacarías Cervantes

Alcozacán, Chilapa

A tres meses de los ataques a balazos y con explosivos lanzados con drones a las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, municipio de Chilapa, 127 personas siguen desplazadas y el númeero de asesinatos ascendió a 13; preliminarmente se había informado de seis.
Y cinco indígenas siguen desaparecidos, cuatro de Xicotlán y uno de Alcozacán, informaron autoridades comunitarias.
En tanto, las autoridades comunitarias denunciaron que los gobiernos federal y estatal no han cumplido con las obras sociales con las que se comprometieron, después de los ataques los días del 6 al 11 de mayo.
El recuento actualizado de las víctimas se dio a conocer en una asamblea general ayer, a la que asistieron representantes de los 12 pueblos que pertenecen al Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF).
Se informó que durante los ataques a esas cuatro localidades, hubo nueve asesinatos en Xicotlán; siete hombres adultos, una niña de seis meses y una mujer adulta.
En tanto que en Alcozacán, hubo tres vecinos asesinados, y uno en Acahuehuetlán.
De las víctimas mortales de Xicotlán, se informó que apenas el miércoles pasado fue entregado a sus familiares el cuerpo de Saturnino Bartolo, que todavía permanecía en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).
Otro adulto de esta comunidad salió herido y desplazado durante los días de los ataques a Baja Ca-lifornia, donde días después falle-ció, contaron ayer pobladores que siguen refugiados en Alcozacán.
Otro más, que también huyó herido, fue a fallecer al estado de Michoacán. En tanto que otros dos más fallecieron en Chilapa, donde fueron sepultados debido a que por la violencia ya no pudieron regresar a su pueblo.
De acuerdo con los registros del Cipog-EZ, siguen desplazados de sus localidades 127 personas; 100 de Alcozacán, 15 de Tula, 10 de Xicotlán y dos de Acahuehuetlán.

No se han reconstruido las casas para los desplazados

Una de las autoridades comunitarias denunció que los gobiernos federal y estatal no han cumplido su compromiso de reconstruir las casas que resultaron dañadas durante los ataques armados, para que las familias puedan regresar a ocuparlas.
Junto con esa promesa hubo otras que a tres meses de la violencia todavía no han cumplido los gobiernos federal y estatal, como la colocación del techado de la comisaría municipal de Alco-zacán; la instalación de un cajero automático del Banco Bienestar, la construcción de un hospital básico comunitario, un mercado regional y un telebachillerato.
Lo único que han cumplido es el envío de militares, Guardia Nacional y policías estatales que este viernes se vieron recorriendo la carretera a Chilapa, en tanto que se observaron al menos cuatro filtros; uno en Los Ajos a la salida de Chilapa, otro en el crucero del Jagüey, uno más en Xicotlán y el cuarto en la entrada de Alcozacán.
En todos, los agentes pidieron a los reporteros una identificación, preguntaron su ocupación, de dónde iban, el lugar que visitarían, así como el motivo.
Antes de autorizar el paso, tomaron fotografías de las placas del vehículo y de la identificación.
Se pudo constatar que el procedimiento no se aplicaba a todos los automovilistas.