Alejandro Guerrero

Iguala

El gobierno de Teloloapan que preside el alcalde perredista Narvel Mojica Sotelo, condenó la “difamación” que llevó a la detención de su director de Reglamentos Fernando Hernández Flores, en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada en contra de tres comerciantes, y exigió a las autoridades correspondientes atención a esta “injusticia” y que su juicio sea “pronto e imparcial”.
El martes la Fiscalía del estado informó en un boletín de prensa que derivado de un operativo desplegado en coordinación con autoridades federales ese mismo día dieron cumplimiento a una orden de aprehensión girada por un juez, para detener a Hernández Flores por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada, cometida en contra de tres comerciantes del mercado municipal de Teloloapan.
Informó que según las investigaciones, el pasado 28 de febrero el funcionario municipal en compañía de otro hombre y de civiles armados, aparentemente miembros de la llamada Fuerza Teloloapan, “habría exigido a tres comerciantes el pago de 5 mil pesos como extorsión a cambio de permitirles continuar con sus actividades comerciales y de no atentar contra su integridad física o su vida”.
Se agrega que los presuntos extorsionadores dieron de plazo el 6 de abril para que los comerciantes entregaran el dinero, lo cual hicieron debido a las amenazas recibidas y el dinero fue cobrado directamente por el ahora detenido.
En respuesta, mediante un comunicado de prensa difundido en la página oficial de Facebook del gobierno municipal, “condena enérgicamente los hechos difamatorios que llevaron a la privación de la libertad de un integrante de esta administración”.
Agrega que apegados al derecho a la justicia, “exigimos a las autoridades correspondientes la inmediata atención a esta injusticia” y llama a la población “a no incitar al odio público ante estos lamentables hechos difamatorios, esperando que el juicio sea pronto e imparcial, y se actúe siempre con estricto apego a la ley”.
Agrega que el gobierno municipal se encuentra consternado y manifiesta su condena y repudio ante los hechos difamatorios que, de manera malintencionada llevaron a la “privación de la libertad” del director de Reglamentos.
Dice que los trabajadores del gobierno local reafirman su apoyo y solidaridad para su compañero “y hacemos pública nuestra inconformidad con los señalamientos que se le imputan, aclarando que todo el proceso de traslado hacia el mercado Progreso se realizó en todo momento con total seguridad, diálogo, concertación y transparencia”.
En el comunicado difundido después de las 9 de la noche del martes, el gobierno de Mojica Sotelo reiteró su compromiso “con la legalidad, el diálogo y la transparencia, y confiamos en que prevalecerá la justicia”.
A principios de marzo inició el conflicto entre el actual gobierno municipal y comerciantes del antiguo mercado Cuauhtémoc, quienes fueron emplazados por el alcalde perredista Narvel Mojica a desalojar las instalaciones a más tardar el viernes 7 de marzo, bajo el argumento de un dictamen emitido por Protección Civil estatal que evidenció las malas condiciones de la estructura por lo que recomendó “delimitar o restringir su acceso”, así como “evacuar o reubicar” a la brevedad a los comerciantes.
Esta disposición del gobierno municipal, del que los comerciantes denunciaron que se hizo de forma unilateral, denunciaron amenazas con uso de civiles armados, hostigamiento y acoso de funcionarios municipales que derivó en la presentación de demandas colectivas de más de 200 comerciantes en contra de Mojica Sotelo ante el Tribunal de Justicia Administrativa con sede en Iguala en contra del desalojo.
El 10 de marzo, un día después de una mega marcha realizada por comerciantes en el centro de la ciudad, el gobierno municipal ordenó el cierre de todos los accesos del mercado dejando fuera a los comerciantes con su mercancía, y al día siguiente se volvió a abrir con intervención del gobierno estatal, luego de que los comerciantes se reunieron con el subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros.
El gobierno local afirmó, mediante comunicados de prensa, que entregó los locales comerciales del nuevo mercado Progreso de forma gratuita, aunque en medio del conflicto con los locatarios que se resistían a la reubicación, el alcalde ofreció públicamente locales para cualquier persona que quisiera tener un local en el nuevo centro de abasto.