El Juzgado Segundo de Primera Instancia del ramo penal, suspendió este jueves una audiencia en la que el promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González, preso en el penal de Chilpancingo, se carearía con la diputada local perredista, Erika Alcaraz Sosa, y con el profesor Edilberto Vega Cantor, que no asistieron.
La diputada y el profesor se desempeñaban como regidora y secretario general del Ayuntamiento en la pasada administración municipal de Tixtla, cuando Molina González fue acusado por la diputada y el profesor de los delitos de terrorismo, lesiones, privación de la libertad y robo específico en la causa penal 7/2017.
Los supuestos delitos se derivaron de una protesta afuera del Palacio municipal de Tixtla el 26 de agosto de 2013 de policías comunitarios que demandaban la libertad de Nestora Salgado García, promotora de la Policía Comunitaria de Olinalá.
El abogado de Molina González, Hegel Mariano Ramírez informó que la audiencia significaba agilizar el proceso y aportar elementos que fortalecieran la legalidad de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) como institución.
Añadió que con la comparecencia de la diputada y el profesor existe la posibilidad de que se desvanezcan todos los elementos incriminatorios contra Gonzalo Molina y, al mismo tiempo, aporten elementos que tienen que ver con la relación que existía entre el cabildo y la CRAC.
Informó que la actual diputada participó en mesas de diálogo después de la acusación contra Gonzalo Molina en las que el cabildo se comprometió a aportar toda la información para que el promotor de la CRAC en Tixtla recuperara su libertad y se suspendieran las órdenes de aprehensión en contra de los demás integrantes de la Policía Comunitaria.
“Nosotros consideramos que, de acuerdo con la investidura que actualmente tiene como diputada, debería de comparecer de manera voluntaria y facilitar el desahogo de pruebas en lugar de complicarnos, porque esto a nosotros nos mete en una dinámica nueva de seguir un procedimiento para hacerla comparecer”.
Por ello el abogado la llamó a que su comparecencia sea inmediata para agilizar el proceso en contra de su defendido.
Informó que el proceso se encuentra en la etapa del desahogo de pruebas, precisamente porque se ha dificultado la localización de algunos denunciantes y la comparecencia de otros.
Informó que también se ha complicado por la falta de recursos económicos de Gonzalo para ofrecer algunas pruebas o acceder a algunas documentales.
Aparte de la causa penal 7/2017, Molina González enfrenta otros dos procesos; uno en el Juzgado Séptimo de Distrito (federal) también por terrorismo, portación de arma de uso exclusivo del Ejército, portación de arma sin licencia y contra agentes de autoridad. Otro más está radicado en el juzgado de Tlapa, por el delito de secuestro agravado, aunque en este proceso lo defiende otro abogado.
Minutos antes de las 11 de la mañana, Molina González apareció en la rejilla de prácticas y firmó el acta en la que se asentó que no asistieron los denunciantes.
Molina dijo que la inasistencia de quienes lo denuncian es una forma de eludir su compromiso, “sin embargo, vamos a esperar, a veces tienen asuntos que arreglar y esperemos que la próxima vez si estén aquí, el profesor Edilberto y la diputada Erika, ellos saben bien como ocurrieron los hechos y saben perfectamente que yo era promotor de la Policía Comunitaria, y que la CRAC es una institución”.
Dijo que cuando ella era regidora y él secretario del Ayuntamiento, le entregaron su nombramiento como promotor de la Policía Comunitaria, y que él les informó que trabajaría en la organización de algunas comunidades.
Apareció en la rejilla con un cuadro en las manos con la imagen de Jesucristo, que pintó al óleo para ofrecerlo en venta, “porque necesito recursos no sólo para sacar adelante la defensa de Gonzalo, sino también la de Samuel” (Ramírez Gálvez), quien es policía comunitario de Zitlaltepec.