Se da en la sierra una relación tala ilegal-narcotráfico, dice

 El titular de Profepa justifica allí la presencia del Ejército

 Raquel Santiago Maganda

El titular de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa), José Luis Luege Tamargo, justificó la presencia militar en la parte serrana de los municipios de Tecpan de Galeana y Coyuca de Catalán, porque son “zonas críticas e ingobernables”, en donde existe la relación de tala ilegal-narcotráfico, y por consecuencia se registran las ejecuciones al estilo narco.

En conferencia de prensa en el hotel Fiesta Americana, el funcionario federal aseguró que en Guerrero existen el vínculo tala ilegal-narcotráfico porque en donde “se talan extensiones de bosques se da el cultivo de enervantes”.

Precisó que en la entidad Tecpan de Galeana y Coyuca de Catalán, son las dos zonas críticas para el ámbito federal, se suma a esta situación “el problema grave del crimen organizado y el narcotráfico”, delitos que le compete investigar a la Procuraduría General de la República (PGR), precisó el funcionario panista.

Luege Tamargo mencionó que para la Profepa “ya es obsoleto el que la tala ilegal lo realiza la gente pobre, el comunero o ejidatario que tala un árbol para vivir”, y aseguró que el vuelco de esto tiene sustento con el crimen organizado.

Explicó que en la relación tala ilegal-narcotráfico, se implica a las comunidades del área y también “el ajuste de cuentas” al estilo narco. Luege Tamargo precisó que la dependencia tiene clasificadas áreas ingobernables, como es el caso de Petatlán, en donde la PGR está “buscando las líneas de taladores ilegales y a los narcotraficantes”.

Ante este panorama justificó la presencia del Ejército en las zonas de conflictos, porque también es “un alto riesgo” la labor de los inspectores de Profepa que no portan armas, y en las supervisiones tienen el riesgo de que “los maten por contravenir a los intereses del narcotráfico”.

Resumió: “Es importante el apoyo del Ejercito en áreas naturales protegidas o zonas de reservas, en áreas de detectada tala ilegal”. Según el informe de la Profepa en 20 estados del país, se localizan 100 zonas críticas “con serios” problemas forestales, y la lista es encabezado por la deforestación de la selva Lacandona en Chiapas.

El titular de la Profepa también habló de la relación de los gobernantes y los inversionistas de desarrollos turísticos que comienzan trabajos sin tener el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA).

Reconoció que existen muchos casos, en los cuales el infractor se apoya políticamente para que no ser sancionado, y para facilitar los trámites de levantamiento de clausuras de las obras.

José Luis Luege insistió en que la responsabilidad de la Profepa es sancionar y clausurar, pero si un juez ordena levantar los sellos y se inicia un proceso judicial, “en muchos casos se resuelven con suspensiones provisionales o definitivas sin la información adecuada y por presiones”.

Por eso conminó al Poder Judicial que, antes de calificar un aspecto de sanción ambiental, se estudie la ley ambiental y el impacto que se está generando, porque se han registrado casos en donde un juez otorga el amparo a un infractor.

Ante este panorama, conminó al sector turístico a la legalidad y reiteró que no se admitirá ninguna obra sin autorización del MIA por Semarnat, y se aplicará la ley de impacto ambiental, para contrarrestar la inercia de la corrupción, la ineficacia y la impunidad. Luege Tamargo mencionó que con el ordenamiento ecológico y la agilización del trámite del MIA, los empresarios serían beneficiados y se mermarían las irregularidades que, sólo en marzo de este año, en Acapulco, se han registrado 13 clausuras temporales a desarrollos turísticos por daños ambientales.