Para los cerca de 40 vecinos de Quetzalcoatlán de las Palmas, municipio de Zitlala, todos indígenas y bajo amenaza del crimen organizado, terminar el año fue complicado, de los dos grupos de policías estatales de siete integrantes que los resguardaban sólo hay unos cinco agentes y el gobierno del estado no les garantiza los derechos a la salud y a la educación.
En 2016 los vecinos sufrieron el ataque de un grupo criminal ligado a Los Ardillos, conocido como Paz y Justicia que actúa donde masacraron a seis pobladores, ante la violencia tuvieron que salir del pueblo pero regresaron a sus casas sin tener las condiciones necesarias para vivir.
El 12 de julio de este año dos vecinos de esta comunidad fueron atacados a balazos por hombres armados cerca de las 4 de la tarde, a la salida de Zitlala, uno de ellos murió y el otro resultó herido, a pesar de que ambos contaban con medidas cautelares luego de la masacre del 6 de enero.
Así como estos dos habitantes junto con el resto que habita en Quetzalcoatlán luego de estar desplazados, regresaron con el argumento de que contarían con el reguardo de dos grupos de la Policía Estatal.
“Desgraciadamente para las víctimas… han  tenido una nula respuesta del gobierno, digo nula en el sentido de que no ha habido una atención de fondo a la problemática que genera el desplazamiento forzado, para empezar no hay, pese a que es un hecho que ocurre de grupos de la delincuencia organizada, no hay una investigación, no hay nada con el argumento de que la gente tiene que presentar una denuncia, pero bueno sabemos que el temor, el miedo de la gente lo impide”, expuso vía telefónica el director del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández.
Agregó que de nada sirve que exista la Ley 487 que es para atender y prevenir el desplazamiento interno, porque nunca se ha atendido de acuerdo a los estándares internacionales en la materia, tampoco hay protocolos de atención ni prevención, y la gente regresa a sus comunidades en condiciones de alta vulnerabilidad.
Abundó que los grupos de la delincuencia organizada siguen operando en la región, entonces eso les limita desarrollar actividades  como salir a trabajar, además de que hay necesidades como la educación y la salud, y no las pueden cubrir ante el temor de ser agredidos o atacados en cualquier lugar.
El director dijo que cuando se otorgan medidas cautelares es complejo, muy burocrático que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cumpla puntualmente, principalmente cuando tienen que ver con proporcionarles algún grupo o grupos de policías para que estén resguardando las comunidades.
Dijo que el año termina con los riesgos comunes de un caos que no ha sido atendido, “últimamente son cuatro o seis elementos (policiacos) que están ahí, el problema que se enfrenta es que cuando hacen el relevo los policías vienen hasta Zitlala o hasta Chilapa por el relevo, entonces ahí hay un lapso de tiempo en el que la comunidad queda sin resguardo, estamos hablando de alrededor de cuatro a seis horas”.
–¿Cómo estuvo el derecho a la salud este año en la comunidad?, se le preguntó.
–En ese tema nosotros tuvimos una reunión con el secretario de Salud, con el doctor Carlos de la Peña Pintos, precisamente para proponerle la organización de brigadas o campañas médicas que pudieran atender a desplazados como a víctimas indirectas de desaparición, pero finalmente nunca se ha podido concretar nada… entonces hasta ahorita no tienen ninguna atención garantizada.
–¿Si hay una emergencia a dónde se tienen que trasladar los vecinos?
–Regularmente hasta Zitlala o a Chilpancingo, aquí lo que nosotros tenemos que asegurar primero es la cita médica, y después gestionar el acompañamiento y el traslado de la policía y el Ayuntamiento.
Olivares Hernández abundó que regularmente el Ayuntamiento cubre el traslado y la policía da el acompañamiento,  y todo eso es un problema porque se tiene que pedir la intervención de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), de la Dirección de Seguimiento, Control y Evaluación de Derechos Humanos del gobierno del estado, de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, además tiene que mandarse un oficio al secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame o a la Secretaría de Seguridad Pública.
Dijo que se ha convertido en un problema burocrático, que a veces necesita de hasta 60 llamadas para poder concretar un acompañamiento.
Resaltó que este año se presentaron dos emergencias, una fue cuando una mujer estaba en trabajo de parto y se tuvo que actuar de emergencia, y el otro fue de Salomón y su esposa que sufren de cataratas y tienen casi total pérdida de vista, entonces se hizo todo el trámite de las que se tienen contabilizadas 48 llamadas telefónicas.
De la educación dijo que hay una maestra que está atendiendo a los niños, es una maestra multigrado pero gran parte de la población se fue a trabajar como jornalera y obviamente que los niños se fueron.
Actualmente hay alrededor de 40 personas en la comunidad cuando eran más de 100.
De la última reunión con el gobierno del estado dijo que fue a principios del año, “porque lo único que hemos estado trabajando es el tema de la salud, pero sólo ha sido pedir el acompañamiento, de buscar la atención médica ya sea en los hospitales u otra institución, pero así otras reuniones para tratar el tema no hemos tenido”.