Una Comisión de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, el Frente Popular de Tlapa y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), terminaron la redacción de su propuesta conjunta de reformas al artículo 14 Constitucional.
En el artículo 14 se delimita el sistema de justicia comunitario que aplican los pueblos y comunidades indígenas, con el del sistema de justicia tradicional.
A esta reunión llegó circunstancialmente una comisión de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ) miembros de la comisión de asuntos indígenas encabezados por la magistrada Adela Román Ocampo y Julio Lorenzo Jáuregui, con el presidente municipal de San Luis Acatlán, Javier Vázquez García, quienes pidieron conocer cómo funciona el sistema de justicia comunitario de la CRAC.
La reunión de ayer fue continuación de las del viernes y sábado de la semana pasada en la casa matriz, como parte de los acuerdos que tuvieron el 5 de junio con el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Congreso local, el diputado perredista Ociel García Trujillo, con el vocal de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la fracción de MC, Ricardo Mejía Berdeja y con la diputada de Morena María de Jesús Cisneros, con quienes acordaron elaborar una sola propuesta de reformas al artículo 14 para que sea presentada al Congreso loca.
Consultado vía telefónica el consejero y ex coordinador de la CRAC, Pablo Guzmán Hernández informó que en la reunión con los diputados dejaron su propuesta y que la idea fue elaborar una sola, conjuntando la que ya tenía el Consejo de Comunidades de la Montaña y la propuesta que elaboró la comisión de la CRAC en la que participan todas las casas de justicia.
Los trabajos para la elaboración del documento comenzaron el viernes y sábado con la asesoría de expertos y del área jurídica de Tlachinollan, por lo que la de ayer sólo fue continuación de la que comenzó la semana pasada.
Guzmán Hernández informó que en la reunión de ayer se elaboró una sola propuesta tomando en cuenta la del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña y la de la CRAC, para que esta conjunción de las dos propuestas sea presentada a finales o a mediados de la próxima semana cuando se volverán a reunir con los diputados de los partidos del MC, Morena y PRD, informó Guzmán.
Por su parte, el asesor de la CRAC, Valentín Hernández Chapa dijo que desde hace 8 días estuvieron revisando lo que dice la Constitución del estado y la Constitución federal, así como los tratados internacionales y las diferentes propuestas de iniciativas de reformas que presentaron los partidos y el Ejecutivo “para construir una propuesta que sea la más relevante de todas, y que sea para beneficio e interés de los pueblos indígenas”.
Explicó que además tienen prevista una reunión con expertos en el tema y que cuando esté revisado el planteamiento tendrán una nueva reunión con los diputados para revisar de manera conjunta la propuesta, con el objetivo de que sea la única que se lleve al Congreso.
Anunció que después tendrán que avanzar en cuanto a las reformas a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero que es la ley reglamentaria del artículo 14 Constitucional.
“Nosotros vemos que cuando menos en declaraciones los diputados están en una buena disposición de realizar una labor legislativa, y el acuerdo es que no deben avanzar sin tomar en cuenta las propuestas de los pueblos y sus organizaciones”, dijo Hernández Chapa.
Por separado Pablo Hernández informó que circunstancialmente llegó a la casa matriz de la CRAC, en donde se encontraban reunidos, una comisión de magistrados, miembros de la comisión de Asuntos Indígenas encabezados por la magistrada Adela Román Ocampo y Julio Lorenzo Jáuregui, quienes a invitación del alcalde Vázquez García asistieron al encuentro.
Dijo que los magistrados pidieron conocer cómo funciona el sistema de justicia comunitario que imparte la CRAC y que estuvieron de acuerdo en que debe de haber coordinación entre las instituciones comunitarias y el sistema de justicia tradicional, para evitar la invasión de competencias y confrontaciones como la ocurrida en mayo del 2013 cuando funcionarios del sistema judicial fueron retenidos por policías comunitarios en San Luis Acatlán.

La única opción para la seguridad de los pueblos es que ellos mismo se organicen, considera Sabás Aburto

El vocero de la CRAC, Sabás Aburto Espinobarros estimó que las condiciones políticas (las próximas elecciones de 2018), pueden generar una coyuntura para avanzar en el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, no obstante que no es una institución corporativa, tiene claros objetivos y en su reglamento interno prohíbe la participación política partidista de sus integrantes activos. Además que las relaciones internas están en un buen momento, sin conflictos de grupo.
No descartó que en este proceso los acusen, por un lado de oficiales por tener acercamientos con el gobernador Héctor Astudillo, el fiscal Javier Olea Peláez, el PRI, el PAN, y por otro lado otros dirán que están alineados con la izquierda.
Subrayó que el Sistema comunitario está con los pueblos, sin más etiquetas, y su prioridad en este momento es la reforma constitucional y luego trabajar una ley reglamentaria.
Ahora que predominan los hechos de violencia, cuestionó que otros pueblos aún esperan los gobiernos les den una solución al problema, “se ve difícil saber hasta cuándo se va a dar”.
Ratificó que la única opción para la seguridad de los pueblos originarios es que ellos mismo se organicen y se defiendan, que ningún político de cualquier nivel de gobierno vinculados con criminales, “vengan a pohíbir que los pueblos no se organicen, ni se defienden”.