El alcalde priista de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena informó que tiene el 31 de diciembre como fecha límite para tirar la basura que se genera en la capital, en el relleno sanitario de Eduardo Neri (Zumpango), por lo que se agiliza la negociación para el saneamiento.
“El municipio de Eduardo Neri no está poniendo ni un solo peso en eso (saneamiento), nosotros como municipio cubrimos esa parte, y eso hace que el presidente municipal (de Eduardo Neri), trabaje de manera coordinada”, agregó.
En su conferencia matutina de los martes, el alcalde insistió que el relleno sanitario del municipio vecino puede usarse hasta el 31 de diciembre sin problema, según la empresa encargada de los trabajos.
“No pueden sanear esas celdas sin la basura de Chilpancingo, no pueden sanearlas sin el dinero de Chilpancingo, nosotros necesitamos un terreno donde tirar y aquí es la conclusión de intereses de Eduardo Neri y Chilpancingo”, agregó.
Por ello insistió en que, a pesar de que sólo tiene cinco días para tirar la basura en el basurero de Iguala, se agiliza la negociación con el cabildo de Zumpango para continuar utilizándolo en los próximos días.
Aprovechó para señalar que el proyecto de Matlalapa sigue en pie, a pesar de las movilizaciones de los vecinos, y dijo que “se está logrando también”, aclarando que podría ser el nuevo relleno sanitario, es decir que le daría tiempo para atender la ciudad capital cuando termine el periodo de Eduardo Neri.
Sobre el terreno que le pertenece al hermano del gobernador, Héctor Astudillo Flores, recalcó que el gobierno municipal no está pagando nada por la renta, y que ahí sólo se deposita basura de las camionetas del servicio particular de recolección, por que fue una negociación “entre privados”, y “si existe un convenio ahí entre particulares, ya es otra cosa, que no le interesa al Ayuntamiento”, agregó.
Aseguró que en este terreno ya se están agilizando los trámites para evitar la contaminación y contar con los permisos necesarios para cumplir su responsabilidad.
Se le preguntó sobre el secretario de Imagen Urbana, Carlos Ramírez González, quien es líder de un grupo de propietarios de camionetas de recolección de desechos, y que el año pasado se aprobó que el servicio en la ciudad se dividiría entre esta Secretaría y el área de Servicios Públicos, a lo que Leyva Mena insistió en que, a pesar de que el funcionario es líder de los recolectores privados, no existe un conflicto de intereses.
Sin embargo, la Ley de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos establece que los funcionarios no pueden ejercer un trabajo privado ligado a su función al frente de una dependencia pública.