El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, advirtió que no fue dilucidado el móvil del ataque a la Urvan del transporte público en la carretera Chilpancingo-Tixtla, ocurrido el 4 de octubre de 2016, por el que este lunes cuatro hombres acusados de homicidio calificado fueron sentenciadas a 60 años de prisión.
Mediante un comunicado insiste en que los agresores pueden ser parte de una estructura criminal que les permitía cometer crímenes y desplazarse por la ciudad, y que las autoridades no trataron de ubicar y localizar a los infractores hasta que fue una exigencia de la Normal Rural de Ayotzinapa porque dos estudiantes fueron asesinados en esos hechos.
El organismo civil de derechos humanos reconoce que en el juicio oral se desahogaron más de 40 pruebas testimoniales y periciales, y aceptó que un fallo condenatorio es firme. Los jueces impusieron una pena de prisión de 60 años a cada uno de los acusados y la reparación del daño para una de las víctimas.
Sin embargo denuncia que “no obstante la condena impuesta a los autores materiales del múltiple y violento homicidio, el móvil no quedó dilucidado cabalmente dado que las personas acusadas formaban parte de un grupo armado que cometió diversos crímenes en Chilpancingo con el mismo modus operandis, sin que mereciera la intervención de las autoridades para ubicar y detener a los agresores”.
Tlachinollan considera que la demanda de justicia del homicidio de los normalistas Filimón Tacuba Castro y Jonathan Morales Hernández, en dos ataques consecutivos con un saldo de cuatro muertos, “despertó preocupación de las autoridades y decidieron actuar, ubicando y deteniendo a los agresores”.
Pero cuestiona que durante la investigación no haya “coacusados prófugos”, ni una estructura y organización criminal detrás de los agresores, pues la violencia en Chilpancingo, “genera una convicción de que no actuaban solos”.
Estima que el grupo de asaltantes tenía el respaldo “de una estructura más amplia que hacía posible sus movimientos en la ciudad y les aseguraba impunidad”.
Ratifica que el asesinato de los normalistas “es un caso paradigmático de la violencia generalizada que se vive en Guerrero y la vulnerabilidad en que se encuentran los ciudadanos de a pie, que por caminar en una calle o abordar un medio de transporte en el lugar y la hora equivocada puede perder la vida, mientras los gobernantes siguen tratando de ocultar esta realidad que nos lacera”.
Concluyó que la sentencia representa “un logro importante de justicia para las víctimas ante un contexto de violencia que sigue golpeando la zona, sin embargo la Fiscalía tiene mucho por hacer en este caso para su total esclarecimiento y poder ofrecer verdad a las víctimas”.
Menciona que para el próximo lunes el Tribunal de Enjuiciamiento Penal con sede en Chilpancingo llamó a otra audiencia para explicar la sanción, la forma de reparación del daño y dejó abierta la posibilidad para aportar pruebas que tomen en consideración alguna cantidad exacta para la reparación.