Este lunes por la tarde, integrantes de la Policía Ciudadana Comunitaria de la Costa Grande y de la Sierra, adherida a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, (UPOEG), tomaron las instalaciones de la Dirección Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Petatlán y desarmaron a los policías preventivos municipales que estaban de turno, a quienes acusan de presuntos nexos con un grupo de la delincuencia organizada.
En la mañana, dirigentes de este grupo de vecinos de la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, sostuvieron una reunión privada con el subsecretario estatal de Gobierno para Asuntos Políticos, José Martín Maldonado del Moral, y el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Rafael Horacio Perfecto Beltrán Noverola, en la que acordaron ambas partes darse un voto de confianza mutuo para pacificar esa región.
Fueron poco más de 200 comunitarios, entre hombres, mujeres y niños, la mayoría de ellos uniformados con playeras verde olivo tipo polo y gorras del mismo color rotuladas con la leyenda de Policía Ciudadana UPOEG, a bordo de camionetas, algunas con lonas que los identificaban como policías ciudadanos, llegaron poco después de las 5 de la tarde a la Dirección Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Petatlán, a un costado de la carretera nacional Acapulco-Zihuatanejo, en la zona poniente de la cabecera municipal y desarmaron inicialmente a  26 policías preventivos, de 50 que presuntamente deberían de haberse encontrado trabajando en el turno de este lunes; horas más tarde, el vocero de la autodefensa, informó vía telefónica que “ya tenemos a 46 que mañana vamos a entregarle al presidente municipal”.
Los preventivos, al verse superados en número por los comunitarios quienes llevaban armas largas y cortas de diferentes calibres, no ofrecieron resistencia cuando los colocaron bocabajo en la explanada de esas instalaciones, mientras ellos hacían un recorrido en el interior de las mismas y tomaban el control de esa corporación.
El vocero de la Policía Ciudadana Comunitaria, Víctor Espino Cortés, informó más tarde que en ese lugar solamente estaban 14 preventivos y que los 12 restantes fueron buscados por los comunitarios en los módulos de vigilancia y trasladados a la corporación con tres patrullas.
Agregó que encontraron que los equipos de radiocomunicación de la Policía Municipal estaban conectados con el equipo de radio del grupo de la delincuencia organizada que impera en esa zona y contra el cual los vecinos de la sierra adheridos a la UPOEG como policías ciudadanos comunitarios, se levantaron en armas, “esto es una porquería, oiga, desde aquí le estaban avisando de todo a esa gente, eso fue lo que encontramos al llegar, que esa gente todavía se estaba comunicando con ellos porque los estuvimos oyendo; la policía municipal de Petatlán trabajando para el crimen organizado en lugar de trabajar para el pueblo”.
Dijo que luego de que tomaron el control de la Policía Municipal, dieron aviso de este hecho al presidente municipal perredista, Esteban Cárdenas Santana, para que acudiera a esas instalaciones “para decirle que sus policías esta noche la pasarán aquí en la comandancia y mañana (martes) se los entregaremos, él sabrá qué hace con ellos, si los pone a disposición de las autoridades o a ver qué hace; mientras tanto, le hemos dicho que nosotros vamos a estar a cargo de la seguridad del pueblo de Petatlán”.
Cuando los comunitarios llegaron a las instalaciones de Seguridad Pública y Tránsito, un grupo atravesó sus camionetas en la carretera nacional para impedir la circulación vehicular, la cual se detuvo casi media hora, mientras otro grupo desarmaba a los policías municipales y tomaba el control de esa dependencia; en tanto que casi medio centenar de mujeres y niños, portando pancartas, resguardados por otro grupo de comunitarios, se trasladaron unos 200 metros más adelante para instalar un retén de revisión vehicular.
A casi un kilómetro de distancia, en la intersección de la carretera nacional Acapulco-Zihuatanejo y el camino de terracería que conduce al rastro municipal en dirección a Zihuatanejo, militares del 75 Batallón de Infantería colocaron también un puesto de control y revisión; aunque sabían lo que estaba pasando en las instalaciones de Seguridad Pública, no intervinieron, “hasta ahorita sólo han mantenido su distancia de nosotros”, dijo el vocero Víctor Espino.

La reunión con el subsecretario de Asuntos Políticos

Ayer en la mañana, los representantes de la Policía Ciudadana Comunitaria de la Costa Grande y la Sierra, sostuvieron una reunión privada en la escuela primaria de la comunidad Santa Rosa de Lima, municipio de Tecpan de Galeana, con el subsecretario estatal de Gobierno para Asuntos Políticos, José Martín Maldonado del Moral y el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Rafael Horacio Perfecto Beltrán Noverola.
Asimismo, estuvieron presentes representantes del Ejército y de la Policía Federal Preventiva división Caminos.
El encuentro ocurrió luego de que el domingo, en la comunidad serrana El Camalotito, hubo un enfrentamiento entre un grupo de la delincuencia organizada y los comunitarios; algunos de éstos fueron detenidos más tarde por el Ejército.
A modo de presión para conseguir que los liberaran, sus compañeros bloquearon casi cuatro horas de manera total la carretera nacional Acapulco-Zihuatanejo en Santa Rosa, hasta que consiguieron otra mesa de diálogo con el gobierno estatal, en esta ocasión representado por Maldonado del Moral y Beltrán Noverola, quienes llegaron a bordo de un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, que aterrizó en el campo de futbol de Coyuquilla Norte, a pocos metros de Santa Rosa de Lima.
Maldonado del Moral presionó a los comunitarios para que los reporteros no estuvieran presentes en la reunión; al término, informó que “vamos a estar muy atentos, muy pendientes aquí en la zona para coordinar los esfuerzos, tanto del gobierno del estado como con la federación, para dar atención al problema que estamos viviendo aquí en la comunidad de Santa Rosa y parte de la sierra”.
Sobre los hechos violentos ocurridos el domingo en El Camalotito y que fue el motivo por el que se dio la reunión, el funcionario estatal aseveró que “el gobierno del estado ya tiene presencia allá (en la comunidad) desde el día de ayer y del gobierno federal también; tengo entendido que se dio atención inmediata”.
Dijo que uno de los acuerdos con los representantes de los comunitarios fue que “vamos a estar muy presentes aquí, vamos a estar atendiendo la problemática de inseguridad y vamos a seguir trabajando todos estos días hasta donde sea necesario para establecer la paz”.
Sobre si el gobierno procederá de alguna manera contra los comunitarios por haberse enfrentado con el grupo de la delincuencia organizada, contestó que “se están documentando, la Fiscalía General, está documentando todas las actividades que se registraron para definir legalmente qué se va a hacer”.
El vocero de la Policía Ciudadana de la UPOEG, Víctor Espino, comentó que en la reunión acordaron que mañana miércoles 12, estará en Santa Rosa de Lima, un módulo móvil del Registro Civil para apoyar a las familias desplazadas que salieron de sus comunidades y dejaron en sus hogares toda su documentación, así como también a las que les quemaron sus viviendas y perdieron todas sus pertenencias y documentos importantes.
Agregó que Maldonado del Moral insistió en decirles que se encuentran en la ilegalidad porque no se encuentran dentro del territorio considerado para las policías comunitarias y que deben desarmarse, “pero nosotros le dijimos que deben de reconocer que el gobierno ha sido rebasado en materia de seguridad, que nosotros sólo hemos pedido que nos dejen coordinarnos con la Guardia Nacional para ayudarles a que detengan a estas personas que han hecho tanto daño en la sierra o que nos dejen defendernos, es lo único; no somos enemigos del gobierno, se lo volvimos a decir, que lo único que queremos es que haya paz en la sierra”.
“Le dijimos que si el gobierno nos garantiza la seguridad, si nos garantiza nuestra vida y la de nuestras familias, entonces nosotros dejamos de vestir este uniforme y nos regresamos a nuestras comunidades a trabajar, a recuperar todo lo que hemos perdido a causa de esta gente”.
De los detenidos el domingo por el Ejército en El Camalotito, después del enfrentamiento, Espino Cortés precisó que mientras oficialmente se informó de tres personas fallecidas, ellos recibieron el reporte de seis personas muertas, entre ellos, Felipe Torres Cruz, quien a decir del vocero, recientemente había tomado la decisión de apoyar a las autodefensas.
También que hubo varios heridos, “y 12 detenidos, no 50 como lo habíamos dicho en un principio, sólo fueron 12 compañeros los detenidos, quienes quedaron libres en la madrugada de hoy (lunes); a nosotros nos informaron que habían sido 50 porque la información nos fue llegando de a poco porque esa gente cortó la energía eléctrica y toda forma de comunicación, pero fueron 12 que ya están libres”.
“Lo que supimos fue que por la tarde llegó el Ejército y detuvo a nuestros compañeros, los maltrataron pese a que iban uniformados con su playera de la Comunitaria, los obligaron a ponerse bocabajo, los encañonaron y les quitaron sus armas; entonces, la noche del domingo se comunicó con nosotros el fiscal general y nos dijo que iba a ver la situación de las armas; ese mismo tema lo platicamos hoy (lunes) con el subsecretario Martín Maldonado, a quien le pedimos que nos devuelvan esas armas porque las necesitamos para defendernos, esa gente no pelea con piedras y resorteras, pelea con armamento potente”.
Agregó que la respuesta del funcionario estatal fue que trataría el tema con el propio gobernador Héctor Astudillo Flores y con el fiscal general y que les tendría una respuesta a la brevedad.
La reunión, que inició poco después de las 10 y media de la mañana, concluyó poco después de la una de la tarde; los funcionarios estatales se retiraron y menos de media hora después, llegó un convoy de militares del 109 Batallón de Infantería, en el que iban unos 150 soldados que pretendían entrar a la comunidad con el argumento de que iban a dar seguridad a los mandos que estaban en la reunión, después, que querían entrar para buscar un lugar para preparar sus alimentos,  y luego, que habían sido enviados por sus mandos para coordinarse con ellos sobre el tema de la inseguridad, “agradezcan que no me estoy poniendo a revisarles sus armas”, les dijo el militar que iba al frente y quien nervioso jalaba constantemente el cerrojo de su rifle ante la postura de los comunitarios de no permitirles el paso a la comunidad.
Después de varios minutos de diálogo tenso, los comunitarios permitieron el paso sólo a algunos vehículos, como muestra “de que nosotros no somos el problema”.
El vocero hizo un llamado al presidente, Andrés Manuel López Obrador, “pedimos paz, pedimos justicia, pedimos desarrollo para esta región del país, hay zonas marginas que nos falta muchísimo educación, salud, desarrollo social, pero sobre todo, todo eso se puede lograr si hay seguridad, si no hay seguridad no podemos desenvolvernos como personas, porque otro grupo de personas cortan nuestras libertades y eso es lo que pedimos nada más, pedimos paz, es el único clamor para el presidente de la República y para el gobernador Héctor Astudillo”.