Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, y estudiantes de normales rurales del país integrados a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), tomaron 2 horas la caseta de cobro de Palo Blanco en la Autopista del Sol y dieron paso libre a los automovilistas.
La actividad fue por la jornada a tres años de los ataques del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, y en solidaridad con las víctimas y deudos del sismo de 7.1 grados Richter que provocó las muertes de cientos de personas en todo el país.
En un mitin político con megáfono en la carretera de paga, padres y estudiantes anunciaron la restructuración de las actividades de la jornada Escucha mi voz 43, del 15 al 26 de septiembre, que tiene como fin protestar a tres años sin respuesta de la masacre y desaparición forzada de estudiantes y otros civiles, debido a la contingencia.
El representante de los padres, Melitón Ortega aclaró que la marcha prevista en la Ciudad de México el 26 de septiembre se cambiará por otra actividad significativa.
Dijo que la acción va a definirse pero buscarán respaldar a las víctimas y deudos del terremoto, “el dolor de ellos es nuestro dolor, porque así lo sentimos, conocemos el sufrimiento de no tener a un familiar al lado, de no convivir con ellos”.
En consulta dijo que desde el 15 de septiembre comenzó formalmente la jornada de lucha para denunciar la impunidad, y los nulos avances en cuatro líneas de investigación que trazaron expertos extranjeros para encontrar a los jóvenes desaparecidos, y descubrir a los responsables de los ataques de agentes estatales y criminales a los estudiantes en Iguala: el Ejército que generó documentos de seguimiento de los ataques, Huitzuco donde policías municipales habrían llevado a 25 de los 43 desaparecidos con la complacencia de policías federales, el análisis de la telefonía celular a 17 estudiantes y el trasiego de droga de Iguala a Chicago como móvil de la agresión.
Ante la contingencia por el terremoto indicó que los padres valoraron cambiar las actividades de la jornada en la ciudad de México, y ayer hubo una reunión con representantes de organizaciones solidarias y los padres de familia para definir la nueva agenda.
Informó que ayer liberaron el paso en la caseta de cobro de la autopista en apoyo solidario a las víctimas y familiares de la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
Llamaron a la población a liberar también las casetas en otras ciudades y estados para que no haya obstáculos en el envío de víveres y apoyos a los afectados.
Indicó que los normalistas instalaron centros de acopio en el Zócalo de Chilpancingo, en la Normal Rural y en el centro de Tixtla, sede de la escuela, para llevar a las verdaderas víctimas un apoyo simbólico.
Unos 300 normalistas rurales, hombres y mujeres de diferentes estados de la República llegaron a la caseta a las 12:20 del día en seis camiones del servicio público, y tomaron todos los accesos a la carretera de paga hasta las 2:30, que emprendieron el regreso a la escuela.
Dirigentes estudiantiles expresaron su respaldo a los padres de los 43, y recriminaron el desinterés de las autoridades para dar con el paradero de sus compañeros.
Entregaron volantes donde llamaron a los trabajadores del campo y la ciudad a una jornada de lucha unitaria en todo el país, “para resolver demandas concretas, crear una nueva correlación de fuerzas y construir una patria nueva”.
En la carretera que se caracteriza por tener un tránsito continúo ayer se notó escaso, probablemente por la contingencia del terremoto, la amenaza de lluvias en la entidad y la suspensión de labores en las escuelas de todos los niveles educativos.
Sólo tres patrullas de la Policía Federal que fueron llegaron de una en una durante las dos horas, vigilaron a distancia la protesta.
Sobre el caso Ayotzinapa Melitón Ortega señaló que no hay avances, sino retrocesos, ya que después de la reunión con autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio volvió a pugnar por la tesis oficial descartada con pruebas científicas por expertos, de que los estudiantes desaparecidos fueron asesinados y quemados en un basurero por una banda de narcotraficantes.
Indicó que es particularmente grave la declaración pública porque ninguna autoridad salió a desmentirlo. Eso, dijo, pone de nueva cuenta a los padres en una relación difícil con la PGR.