Martín Equihua

Tlapa

“Un ministerial me pisó el cuello, tirado yo en el piso, vendado de todo el cuerpo, golpeado en las costillas, en los güevos y la cabeza… otro agente me puso un trapo en la cara y empezó a vaciarme una cubeta de agua, amenazando con matar a mi familia. Sentí que me ahogaba. Sentí la muerte…”, dice el recluso Marcelino Romualdo de los Santos, mientras que otros presos del Centro de Readaptación Social de Tlapa, confirman a El Sur que la práctica de la tortura sigue siendo el principal recurso de la autoridad “investigadora”.
Por su cuenta, profesionistas del derecho y la antropología consideran que el racismo está más vivo que nunca en el sistema judicial, tanto en el ámbito de investigación como en tribunales y el sistema penitenciario.
Autoridades “competentes”, como la dirección del Centro de Readaptación Social de Tlapa, la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), desatendieron la reiterada solicitud de compartir información precisa de indígenas que se encuentran privados de libertad en el sistema penitenciario estatal, de su estatus de reclusión, de acciones en favor de su excarcelación… a pesar de tratarse de información pública, es decir, generada con recursos públicos. No obstante, se admitió la petición por vía del entelarañado sistema de acceso a la información.
En México, atendiendo al Censo del Sistema Penitenciario 2024 del Inegi, en realidad con datos del año 2023, en el país habría 8 mil 175 presos indígenas, de los cuales sólo 4 por ciento están recluidos por delitos federales, y 96 por ciento lo están por delitos del fuero común.
Los hablantes de la lengua náhuatl son el grupo más numeroso de internos, mientras que el de mixtecos están entre los primeros cinco, ambos presentes en Guerrero y otras entidades del país.
Con la misma fuente documental, la infraestructura penitenciaria nacional se integra por 331 centros de reclusión, de los cuales 14 son centros penitenciarios federales, 266 centros penitenciarios estatales y 51 centros especializados.
En Guerrero, en los 12 centros penitenciarios estatales, habría capacidad para 3 mil 850 reclusos, y estaría apenas sobrepasado por 4.5 por ciento, con un aproximado de 4 mil 020 internos.
En las “evaluaciones” de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el sistema carcelario estatal nunca sale bien librado, y en especial, no lo hace el Centro Penitenciario de Tlapa, que obtiene siempre calificación reprobatoria.

“Matarían a mi familia como a perros”: José Manuel N.

La historia del recluso José Manuel N. está ligada a la de Marcelino Romualdo, y a la de un tercero que opinó pero que no quiso dar su nombre, porque, como la mayoría, tiene “miedo de decir esto”. Es una tercia acusada del delito de secuestro.
A José Manuel lo detuvieron una mañana de 2020, a las puertasde la iglesia en Tlapa. Inmediatamente lo subieron a una camioneta, lo vendaron y alguien dijo “vámonos pa’l cuarto”, a donde llegarían 15 minutos después. Ahí le ajustaron el vendaje “desde los pies hasta el cuello”, y así lo sentaron en una silla, para ponerle el temible trapo en el rostro, y lo inundaron de agua hasta que perdió el conocimiento.
No sabe cuánto tiempo estuvo desmayado hasta que escuchó que ya había regresado. Le aflojaron el vendaje y lo pusieron a “hacer 100 sentadillas para que se aliviane”, y después lo llevaron a “dar una vuelta. Ya era de noche porque escuchaba grillos”, y siguieron golpeándolo, y claramente sintió cómo le tronaban dedos de la mano izquierda y del pie derecho. El dolor era extremo.
Lo encañonaron y le dijeron que “no fuera pendejo, y que iban a traer a mi familia y los matarían como a perros, y me matarían a mí después, si no hacía lo que ellos me dijeran. Yo les dije que sí lo haría…”, y se lo llevaron de regreso al cuarto donde también escuchó otros quejidos y llantos. Ahí estuvo no sabe cuánto, pero pasó más de un día y una noche, hasta que le llegaron a decir que ya había pasado todo y le quitaron las vendas y con las manos cortadas, le dijeron que iba a “firmar unas hojas y con fuerza me tomaron las manos” y estamparon su huella en papeles blancos.
Los tres, desde la primera audiencia, le dijeron al juez que habían sido golpeados. El certificado médico no especificó los daños corporales, y se limitó a decir que se presentaban en estado “no íntegro”, lo que, sin embargo, abrió la puerta a que se activara, hasta el 2023, el Protocolo de Estambul.

Tortura y Protocolo de Estambul

Aquí no se presume que los reclusos entrevistados sean culpables o inocentes de los delitos que se les acusa, sino que se informa de la evidente violación a sus derechos más elementales en los procesos judiciales abiertos en su contra.
Las entrevistas con ellos se realizaron en locutorios, pues la solicitud de ingresar y poder observar dormitorios, áreas de trabajo y otras, a las que obliga la norma constitucional, según el modelo de readaptación que tiene que ver con educación, deporte, trabajo, capacitación, salud… por esta ocasión, no fue posible. Otros internos que observan de lejos e intuyen el contenido de la charla, hacen señas de golpes en sus cuerpos.
A Romualdo de los Santos lo detuvieron en marzo de 2020, cuando se encontraba en el lavado de autos donde trabajaba. De una camioneta blanca descendieron dos elementos que de inmediato lo tiraron al suelo, lo esposaron y subieron al vehículo, donde le vendaron el rostro y lo empezaron a golpear, mientras lo trasladaban “a un cuarto donde se escuchaba que golpeaban a otros porque se oían golpes y quejidos”. Lo tiraron al piso y lo patearon en todas sus partes, incluidos los testículos, mientras él les dice que no sabe nada de lo que lo acusan, y les implora que no lo golpeen más, “por favor señores”. Transcurren horas, toda la noche, bajo tortura física y psicológica y, al amanecer, sin saber leer ni escribir, le hicieron firmar unas hojas donde aceptó que él, y otras dos personas, habían cometido secuestro.
–¿Y te explicaron bien qué decían los papeles que firmaste? –se le pregunta.
–No. Sólo me dijeron que ya me había cargado la verga, –dice entre el enojo y la tristeza.
La representación legal de Marcelino y sus compañeros pidió que se indagara bajo el Protocolo de Estambul, un instrumento para investigar y documentar casos de posible tortura, certero en determinar si se ha cometido ésta u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, prohibidos en la Constitución Política de México, en leyes nacionales como la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, que establece una tipificación penal para sancionar estas prácticas, y en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura.
Bajo este protocolo, los peritos especializados emitieron en 2023, un dictamen positivo que confirma estas prácticas sufridas por Marcelino y sus compañeros. Sin embargo, el juez de la causa ninguneó el Protocolo de Estambul, sabiendo que no está obligado legalmente a acatarlo, aunque resulte en un juzgador complaciente con esta otra forma delictiva.

“El juez Edilberto Calderón Juárez es un racista”: abogada na savi

Persiste el racismo en el trato a los indígenas presos, pero también hacia los profesionistas, señala Esmeralda Díaz Diego, abogada y perita intérprete de la lengua na’savi, originaria del municipio de Metlatónoc, percibe actitudes racistas del juez Edilberto Calderón Juárez, quien ni siquiera el saludo regresa, pero tratándose “de personas güeritas, ahí sí anda muy educadito el señor”, señala la intérprete con ocho años de servicio en el peritaje antropológico.
Asegura que ha iniciado un reclamo ante la Coordinación General de Peritos del Tribunal Superior de Justicia, porque a ella y a otros intérpretes los han desplazado, tal vez porque son fieles a las palabras de sus representados, estén de un lado u otro del delito. Así ha sido con sus más de 20 casos en promedio por año, en su mayoría homicidios, aunque también ha sido intérprete en secuestros, violaciones y robo. “O tal vez porque a algunos jueces no les caemos bien… por eso estoy pidiendo que me expliquen cuál es el motivo”.
Asegura la abogada indígena, que no es posible que, por caprichos de algunos jueces, se margine a inculpados de su derecho a ser procesados en su lengua materna, porque a los intérpretes los sustituyen o prescinden de ellos incluso en plena audiencia, lo que, además, sería una falta de respeto.
“Si bien es cierto que el juez tiene una investidura de alto nivel, debe tener respeto y no ser racista con nosotros”, señala.
Sin duda, pero con tiento, Díaz Diego comenta que el citado juez no contesta ni el saludo, y que se advierte su desprecio hacia los indígenas, sean presos o abogados. “Nos ve como menos, nos hace a un lado, como si nunca pudiéramos estar a su nivel… pero nomás lo vieran con personas güeritas. Saluda, sonríe y todo”, dice con cierto pesar.
Y no se trata de normas de urbanidad, como se les decía, sino del impacto de esa actitud racista a la hora de juzgar. “Yo he visto muchos casos que los propios jueces recomiendan a los internos que no gasten en abogados particulares”, porque ellos son los que más recurren al peritaje especializado que suele dificultarle al juez su trabajo, empezando por el intérprete de lengua.
Hay casos “que sólo veo, oigo y callo, como el de un presunto feminicida. Me quedé sorprendida de cómo se opusieron a que el inculpado aportara saliva para el esclarecimiento genético del caso. El abogado de oficio y el juez lo convencieron de que no entregara la muestra que podría aclarar el feminicidio que le imputan y del que él se declaraba inocente”, y como querían resultados rápidos, los obtuvieron.
Asegura que son muchos los casos de injusticia, tanto de encarcelados sometidos a procesos no apegados a derecho, como de quienes “han salido como inocentes pero que en realidad son culpables”, como el de una desaparición forzada en la que le tocó asesorar al núcleo de las víctimas indirectas, y en donde el agente del Ministerio Público no apeló la excarcelación del acusado. “Y me dio tristeza porque la doliente era una pobre señora, de bajos recursos, pero bueno, son situaciones que ya no está en uno que se hagan bien”, dice.

De tortura y culpa

Sobre su experiencia carcelaria, y en especial, sobre el sentimiento de estar ausente de la vida de sus tres hijas, incluida la adolescente de 16 años, José Manuel ya no tiene respuesta. Quiere hablar, decir algo, pero la voz no le sale y mejor se agacha, medio mueve y se muerde los labios, rechina los dientes y sus ojos brillan con lágrimas reprimidas. Como los otros, niega haber cometido secuestro.
Sin embargo, familiares de la víctima, que prefieren el anonimato, y a quienes se les buscó dada la dimensión del asunto, aseguran que contra los imputados hay pruebas suficientes, y que el caso de secuestro ocurrió porque la víctima fue engañada por su novio, que sería hermano de uno de los tres acusados. De si hubo tortura o no, a ellos no les consta, y en todo caso, “no era necesario, pues todo está claro”, dicen. La secuestrada fue encontrada sin vida, mucho tiempo después.
De esta forma, aquí no se sugiere la inocencia ni la culpabilidad de los acusados, sino que se informa que éstos fueron torturados, como lo señalan ellos y se pudo constatar visualmente en las evidentes fracturas de dedos en manos y pies, y como lo constatan certificados médicos de su ingreso y, sobre todo, el resultado positivo de la verificación que peritos especializados hicieron, siguiendo el Protocolo de Estambúl, el cual fue desatendido por el juez de la causa, aun cuando no ha emitido sentencia.
Es decir que, al haber sido torturados para aceptar la culpa, y como la mayoría, al no haber contado con intérpretes de su variante lingüística, y sin asesoría profesional que reclamara este marco cultural, a estos tres detenidos se les dejó en desventaja, incluso, como se ha dicho, aun cuando, en honor a la verdad real, resultaran culpables.
El director del penal no quiso conceder entrevista. Se trata de Mario Alfredo Flores Tapia, quien hace algunos años ostentó el mismo cargo en el Centro de Readaptación Social de Acapulco (la cárcel de Las Cruces), de donde fue destituido después de un cateo al penal, en el que encontraron más de 100 armas blancas, “antenas parabólicas”, una pistola 38 milímetros, 20 teléfonos celulares y “diversos envoltorios” de cocaína y mariguana, según consignaron diversas crónicas periodísticas. Durante su estancia en Tlapa, de acuerdo con distintas publicaciones, ha enfrentado quejas de custodios porque los “obliga a ingresar drogas”, o quejas de familiares de internos que señalan que sus trabajos artesanales no les son pagados.
El hijo de Marcelino Ro-mualdo, de 6 años murió “apenas hace unos días”, dice para con-cluir, con voz cortada y lágrimas asomando en sus ojos.
Los entrevistados por El Sur piden que sobre ellos se mantenga atención, pues hay temor a represalias, tanto procesales como físicas, a cargo de grupos de internos que quisieran ganarse favores de la administración del penal u otras autoridades.