Zacarías Cervantes

Chilpancingo

A pocas horas de que el Juzgado de Santiaguito, en Almoloya, Estado de México, vinculó a proceso a la activista guerrerense Kenia Hernández Montlaván, por el delito de robo con violencia, pero con la posibilidad enfrentarlo en libertad, fue trasladada al penal de Acapulco, acusada por el delito de ataques a las vías de comunicación, del fuero federal.
Su abogado Antonio Lara Duque informó que a las 10 de la noche del sábado terminó la audiencia que comenzó a las 6 de la tarde del viernes, en la que el juez que lleva la causa penal por el delito de robo con violencia la vinculó a proceso.
Pero aclaró que se realizaban los trámites para que el proceso lo enfrentara en libertar y que entre el lunes y martes recobraría su libertad.
Sin embargo la madrugada de ayer domingo Hernández Montalván fue trasladada al penal de Las Cruces de Acapulco, acusada por el delito de ataques a las vías generales de comunicación que se integró bajo la causa penal 322/2020.
En razón de ello, la dirigente del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos en Guerrero (Molpeg) fue trasladada al penal de Acapulco.
Ayer, el Molpeg y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, que encabeza la defensa, alertaron que Kenia corre peligro en ese penal porque recordaron que salió huyendo de Guerrero por amenazas de muerte “y el penal de Acapulco está lleno de personas que podrían lastimarla”.
Denunciaron que el gobierno “no puede con ella por la vía legal, pero está buscando otras formas de eliminarla”.
El abogado Lara Duque informó que Hernández Montalván fue trasladada a Acapulco horas después de que la juez de control mexiquense determinó que seguiría su proceso en libertad.
Dijo que la activista fue trasladada durante la madrugada de ayer domingo a Guerrero, tras de que se ejecutó en su contra una nueva orden de aprehensión, ahora federal.
Para el abogado existe una campaña de criminalización por parte del gobierno, señalamientos y criminalización promovida por empresas concesionarias en contra de la dirigente del Molpeg, quien es beneficiaria del Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Activista.
Recordó que ya es la tercera vez que Kenia es detenida en este año, la primera el 6 de junio en la caseta de la Hortaliza, Valle de Bravo, cuando fue ingresada al penal de Chiconautla, acusada de un supuesto robo de 500 pesos supuestamente ocurrido en la caseta de Las Américas, en Ecatepec, pero liberada días después.
La segunda detención ocurrió el domingo 18 de octubre, en la caseta de Amozoc, Puebla. Esta vez fue ingresada al penal de Santiaguito, Almoloya de Juárez, acusada de robo con violencia, supuestamente al amenazar con una varilla para construcción a un usuario de un autobús de transporte público, en marzo pasado.
Por esta segunda causa, la acusación fue en agravio de Autovías Concesionadas Mexiquenses, pero la juez le impuso una medida cautelar económica por 30 mil pesos, con lo cual podría llevar su proceso en libertad.
Mediante un video, Lara Duque informó que cuatro horas después de lograr la libertad de Kenia, bajo medidas cautelares en el Estado de México,
(Aproximadamente a las 2 de la madrugada), el juez de distrito especializado en el sistema acusatorio de Guerrero que lleva la causa penal 322 del 2020, José Miguel López Rodríguez, giró una nueva orden de aprehensión en su contra.
Explicó que esta causa penal es por el supuesto delito de ataques a las vías de comunicación, y la causa por la que fue trasladada al penal de Acapulco, Guerrero.
El abogado insistió en su llamado a los colectivos, organizaciones y organismos de derechos humanos que apoyan a la activista a mantener la solidaridad y atención a Kenia porque insistió que se trata de una campaña de criminalización y señalamiento en su contra “impulsada por empresas concesionarias y gobiernos”.
“La organización y movilización ha logrado liberarla anteriormente, y de nueva cuenta se requiere que todas y todos quienes creemos en la vida humana, la justicia y la libertad cerremos filas ante este abuso”, demandó el abogado.
En un pronunciamiento del Molpeg y de Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, demandan al gobierno federal su libertad y que cese el hostigamiento en su contra.
Exponen que debido a su activismo social ha sido víctima de violencia de género y violencia mediática, “ha sido perseguida y amenazada de muerte por agentes estatales y grupos paramilitares de Guerrero”.
Desde el 2019 Hernández Montalván es beneficiaria del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, “y tuvo que desplazarse por una persecución política, e intentos de actos de judicialización que vivió en Guerrero”, sostienen.
En un llamado de alerta, las organizaciones que la respaldan se pronunciaron por su libertad. “Nos queda más que claro que el gobierno federal está detrás de la persecución de nuestra compañera y la trasladan al estado del que salió huyendo para salvar la vida”.
Plantean que temen por su seguridad “y por las oscuras intenciones que puede haber detrás de estas acciones. Saben que por la vía legal vamos a dar la batalla y no podrán arrebatárnosla, pero sabemos y conocemos el monstro que es este sistema, si la cárcel no le funciona, tomarán otras medidas”.
Llamaron a los colectivos de lucha por la defensa de los derechos humanos “a sumar acciones para tener a nuestra compañera de regreso donde podamos protegerla y no en manos de quien la puede lastimar”.