Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El dirigente del Frente Nacional para la Liberación de los Pueblos (FNLP), Hoguer Morales Miranda denunció en conferencia de prensa ayer en Chilpancingo el asesinato del padre del coordinador de esa agrupación social en Acapulco, y el intento de despojo de un predio de 10 hectáreas a sus familiares, con la complicidad de autoridades del Tribunal Unitario Agrario (TUA) de esa ciudad.
También pidió en conferencia de prensa, a autoridades y a organismos de derechos humanos que atiendan el caso de los hermanos, García Casimiro, dos de ellos menores de edad, que fueron detenidos por la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de las Juntas Caxitepec, municipio de Acatepec, mismos que fueron golpeados, denunció.
Morales Miranda denunció que el 2 de mayo del 2018 fue asesinado en la comunidad de El Campanario, municipio de Acapulco, Maximino Pérez Delgado, coordinador en Acapulco del ya desaparecido Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) que dirigía el finado Bertoldo Martínez Cruz, y quien posteriormente se sumó al FNLP.
Explicó que fue asesinado a machetazos en su terreno, “por personas que en ese momento desconocíamos”.
Contó que a los cuatro años llegaron a la casa de los familiares de la víctima unos primos que tenían más de 50 años que se habían retirado de El Campanario, a decirles que querían vender el terreno de Maximino.
Los familiares del dirigente asesinado les dijeron que no, porque eran propiedad de la víctima.
Sin embargo, contó que regresaron el año pasado y demandaron al hijo de Maximino, Simón Pérez Tapia para quedarse con las tierras, con el respaldo de la Comisaría municipal.
Contó que la entonces comisaria, Sabina Tule Ramírez, que suponen fue sobornada, citó a Simón para presionarlo a que vendiera el predio, petición a la que nuevamente se negó el hijo del finado.
Agregó que, después, los interesados en el predio acudieron con el comisariado de Bienes Comunales, Efraín Dorantes Vélez, quien citó a Simón, pero la mayoría de los comuneros le dieron el respaldo y el comisariado se declaró incompetente para atender el asunto.
Dijo que fue en esa reunión que los familiares de Maximino se enteraron que los responsables de su asesinato fueron los cuatro interesados en el terreno, que son Luis Delgado García y sus hermanas Adela, Basilia y Alberta.
Informó que como no lograron que les vendieran con el apoyo del comisario municipal ni con el comisariado comunal, acudieron al Tribunal Unitario Agrario de Acapulco en donde presentaron documentos falsos, entre estos un certificado parcelario de fecha del 2008.
Explicó que el documento fue entregado al TUA en octubre del 2025 firmado por una persona que reconoce a los cuatro hermanos como comuneros, pero que lo firma como presidente de Bienes Comunales, cuando en ese tiempo el presidente del núcleo agrario era otra persona.
Pese a ello el documento fue recibido y validado por funcionarios del TUA de Acapulco.
“Por eso exigimos al TUA que detenga esta demanda porque no procede, puesto que es falsa la documentación”.
Morales Miranda indicó que los hermanos Delgado García argumentan que Simón no es comunero, lo cual éste ha reconocido, pero ha demostrado que su padre sí lo era y fue el que le dejó el terreno “y de ello han presentado pruebas”.
“A ocho años del asesinato del compañero Maximino venimos a comprobar que su asesinato fue cometido por los hermanos Delgado García para apropiarse de sus tierras”, denunció Morales Miranda.
El dirigente del FNLP pidió que el TUA de Acapulco detenga el juicio que se inició y que reconozca a Simón como propietario del terreno en disputa.

De los detenidos por la CRAC en Caxitepec

Por separado, el dirigente del FNLP se solidarizó también con los familiares de los hermanos Lázaro García Casimiro de 22 años, Saturnino de 18, Román de 15 y Angelino de 13, quienes fueron detenidos por la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que tiene su Casa de Justicia en Las Juntas Caxitepec, el 22 de mayo pasado.
Denunció que los dos menores de edad ya fueron liberados pero que presentan huellas de golpes y que están recibiendo atención sicológica y médica, por la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum).
“Nosotros hacemos un llamado fraternal, atento y respetuoso, porque no tenemos nada en contra de la CRAC, pero pedimos que se conduzcan como debe de ser, sobre todo cuando detenga a sus conciudadanos indígenas y no sean tratados de una manera violenta”.