Lenin Ocampo Torres

Alcozacán

En las comunidades indígenas de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, hay muertos, desplazados, miedo y hambre provocado por Los Ardillos. Los pobladores afirman que este grupo del crimen organizado viene apoyado por el Ejército mexicano, que mantiene “mucho odio a sus comunidades porque desde hace más de cuatro décadas hay rebeldía”.
Durante seis días esas comunidades han sido atacadas con disparos y drones artillados; hasta ayer llegó el gobierno. Los ataques dejaron tres muertos, seis heridos y al menos 15 desaparecidos, hombres que se encontraban apagando un incendio forestal en Xicotlán provocado por Los Ardillos y que “ya no llegaron a sus casas”.
En Alcozacán llegaron a refugiarse al menos 800 personas, entre mujeres, niños y ancianos, “los hombres se encuentran en los cerros peleando contra el grupo delictivo”.
Uno de los pobladores más viejos contó a El Sur que desde hace 15 años se encuentran en guerra, en la autodefensa, primero contra el grupo de Los Rojos encabezado por Zenén Nava alias El Chaparro, después contra Los Ardillos encabezado por Celso Ortega Jiménez.
“Todos esos grupos siempre encabezados por los guachos (como llaman a los soldados del Ejército), los guachos nos tienen odio porque hace años un grupo guerrillero los emboscó cerca de estas comunidades, desde esos tiempos siempre vinieron a amedrentarnos y en los últimos años ya mandaron sus grupos de sicarios, pero son los mismos, la forma de organizarnos no les gusta y la forma de defendernos menos”, explicó el poblador.
Hace 29 años, el 24 de mayo de 1997, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) emboscó un convoy militar en la carretera de Chilapa a Tlapa, cerca de Tepozonalco, donde murieron dos elementos del Ejército federal y unos 20 quedaron heridos. También murieron dos guerrilleros. Después de los ataques los militares incursionaron en los pueblos del Rincón de Chautla, Papaxtla, Ayahualtempa, Alcozacán, Tula, Xicotlán y otras comunidades nahuas en busca de los guerrilleros.
“Desde ahí vienen nuestros problemas, el Ejército después ocupó a los grupos delictivos para intentar desplazarnos, para sacarnos de nuestro territorio, pero ahora sí vienen con todo, ocupan drones, descuartizan a los pobladores y nos imponen miedo, eso es lo que realmente pasa, la presidenta (Claudia Sheinbaum Pardo) sabe lo que nos pasa, nosotros nos estamos defendiendo, no nos queda de otra y lo que pase es culpa del gobierno, porque ellos son los que protegen a los sicarios”, reclamó.
Ayer llegaron decenas de policías estatales y Guardia Nacional a la zona del conflicto. Contrario a lo que había señalado la presienta Claudia Sheinbaum, que desde el lunes había presencia de autoridades.
El convoy fue encabezado por el subsecretario de Asuntos Políticos, Francisco Rodríguez Cisneros, que fue abriendo el camino bloqueado de Atzacualoya a Ayahualyempa, cerrado por troncos de pinos y piedras, que Los Ardillos pusieron para bloquear el paso.
A las 11 de la mañana Rodríguez Cisneros llegó a la cancha de Alcozacán, donde tuvo un diálogo a regañadientes con los pobladores, que en todo momento le reclamaron la seguridad y la falta de atención del gobierno.
En la cancha había cientos de desplazados, en sus mayoría mujeres, niños y ancianos, porque los hombres “se encuentran en las trincheras peleando contra Los Ardillos”.
En ese lugar el subsecretario justificó que llegaron tarde porque no querían poner en riesgo a la población.
“Estuvimos trabajando para evitar todos los riesgos, porque lo más importante para nosotros es la vida de todas y de todos ustedes, la vida de las mujeres, la vida de los niños, de los hombres, de los ancianos, como lo decía el comisario, la vida de la gente que no sabe caminar, o que no puede caminar porque tiene problemas de salud, y evitamos todos los riesgos posibles. Ya estamos aquí, venimos a estar con ustedes, con nadie van a estar mejor que con la autoridad”, les dijo a los desplazados.
“Tengan confianza que lo que vamos a hacer, va a ser construir un acuerdo de paz duradera. ¿Qué les pido a los comisarios, a los coordinadores, a los promotores? que seamos muy cuidadosos en la expresión pública, que seamos muy cuidadosos en lo que decimos”.
En la reunión las mujeres querían dar su testimonio, pero no pudieron por la prisa de los funcionarios.
El Sur tomó algunos de los testimonios, desgarradores y contados entre sollozos, que relataron la imposibilidad de llevar una vida digna.
“No podemos ni salir a trabajar, no podemos ni comer”, confesó una de las desplazadas en la cancha de basquetbol donde había ancianos y niños amontonados en sillas de plástico.
“No es solo de seguridad, es de supervivencia básica. Los campos de labor están abandonados y las escuelas cerradas. No somos parte de un grupo delictivo; somos trabajadores, campesinos y familias que quedaron atrapados en la línea de fuego de una disputa que no entendemos, pero sufrimos a diario”, expresó la mujer desplazada, que además busca a su esposo desaparecido desde el sábado.
Las comunidades se encuentran en medio del territorio de Los Ardillos, en esa parte se encuentra la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) que en su tiempo fueron comandados por Cirino Plácido Valerio.
En la zona no hay nada, la gente vive en la pobreza extrema, no hay maestros, no hay médicos y los caminos están controlados por la policía municipal de Chilapa que según los pobladores está controlada Los Ardillos.
“Pedimos justicia, pedimos que nos escuchen”, clamó.
El llamado no es solo para el cese de las balas, sino para la restitución de su derecho a la salud, a la alimentación y al libre tránsito. Mientras tanto, en Alcorzacán, siguen llegando los desplazados.
“¿Por qué nos hacen esto? Somos gente de trabajo”, cuestionó otra señora desplazada con mirada firme, pero cargada de tristeza.
“Cuando necesitamos protección, no hay nadie. Cuando queremos trabajar, nos cierran los caminos”, señaló con amargura.
Alcozacán se volvió el pueblo de la resistencia, donde hombres jóvenes con rostros endurecidos y madres sosteniendo a sus hijos esperan una respuesta que no llega.
La gente dejó sus pertenencias, sus animales y su historia atrás para salvar la vida, llegando a refugios donde la ayuda humanitaria es escasa y el futuro es una hoja en blanco.
“Solo queremos que nos dejen trabajar en paz”.
Los pobladores esperan que el gobierno recupere el control territorial y garantice la seguridad de sus comunidades o de lo contrario “están condenados a desaparecer del mapa, devorados por la violencia y el olvido institucional”.