El abogado y ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Enrique González Ruiz y la esposa del preso político Gonzalo Molina González, Ausencia Honorato condenaron que él y los otros presos e integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC), Samuel Ramírez Gálvez y Arturo Campos Herrera sigan encarcelados, y expusieron que continuarán en la lucha para verlos libres.
González Ruiz informó que es el nuevo abogado de los presos políticos, y que revisará los expedientes para que en los próximos días dé información sobre los procesos jurídicos.
Además Ausencia Honorato informó que le diagnosticaron gastritis crónica al promotor de la Policía Comunitaria de El Fortín, en Tixtla, Gonzalo Molina González, que después de presionar en el penal de la capital donde está recluido le permitieron llevarlo al hospital para revisarlo.
“Gonzalo Molina (preso en Chilpancingo), Arturo Campos (preso en Ayutla) y Samuel Ramírez (preso también en la capital), esos tres compañeros son rehenes del Estado para evitar la formación y permanencia de policías comunitarios, porque ellos están acusados en relación a su trabajo en la Policía Comunitaria…ellos fueron acusados por una cantidad enorme de delitos que se han ido desvaneciendo, fueron acusados por delincuencia organizada, fueron acusados por secuestro, fueron acusados por acciones sumamente fuertes que son propias de grupos delincuenciales”, manifestó el abogado de los presos políticos.
Añadió que las policías comunitarias surgen de actos legítimos de los pueblos, cuando no funcionan los mecanismos normales de autoridad, entonces los pueblos se arriesgan y las forman.
Refirió que el hecho de acusarlos de delitos “sumamente escandalosos”, como delincuencia organizada, secuestro, tiene el propósito de desprestigiarlos, de desautorizarlos y de reprimirlos.
Resaltó que lo que se quiere es que sean liberados sin ningún cargo ni condicionados, porque no cometieron ningún delito.
De las presuntas víctimas que debían presentarse a declarar por el caso de Molina González, como la diputada local perredista Érika Alcaraz, Ausencia Honorato expuso que se le envió el citatorio pero no fue, con el argumento de que no tenía conocimiento del caso, pero ella interpuso una denuncia.
De las armas que les quitaron dijo que están en resguardo en la base del Fortín, y que en un acuerdo que se hizo con funcionarios del Ayuntamiento se estipuló que en cuanto salga el promotor Gonzalo Molina de la cárcel y ponga un pie en la base, se van a devolver las armas.
Añadió que la Policía Comunitaria del Fortín sigue en pie de lucha, aunque con un poco de temor ante las órdenes de aprehensión en su contra.
Dijo que la salud de su esposo está “muy mal”, que después de las tres cirugías a las que se enfrentó sigue enfermo, y le diagnosticaron gastritis crónica, por lo que el martes lo llevaron al hospital a revisarlo.
Afirmó que está sufriendo demasiados dolores, y que en el reclusorio no hay medicamentos, ni enfermeras ni doctores, que  solamente le pueden controlar un poco el dolor, motivo por el que se presionó para llevarlo a un hospital.
Dijo que no se ven ninguna respuesta, “ni de nuestro compañero Arturo, ni de nuestro compañero Samuel, ya que como saben nuestro compañero Samuel era policía comunitario y él le violaron sus derechos porque él cayó antes de los 18 años, él cumplió los 18 dentro del reclusorio y es la fecha que no lo han dejado libre”.