La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó que, a menos de un mes de que se cumplan tres años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, “su situación y paradero siguen siendo desconocidos”, por lo que urgió al Estado mexicano a “acelerar los trabajos relativos a la búsqueda de los estudiantes desaparecidos”.
En el contexto de la visita de la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora especial para México y presidenta del Mecanismo de Seguimiento a la medida cautelar sobre la desaparición de los estudiantes y del cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la CIDH emitió un comunicado sobre las reuniones de trabajo sostenidas por la relatora e integrantes de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión.
Entrevistada por Apro en la Cámara de Diputados, Arosemena de Troitiño declaró que la Procuraduría General de la República (PGR) se comprometió a transmitirle la próxima semana avances de las investigaciones sobre el caso.
Dijo: “Esperamos que en dos meses haya avances sustanciales para poder llegar a un tercer año con mayor claridad sobre lo que ocurrió con los estudiantes”. Recordó que, en noviembre próximo, el Mecanismo de Seguimiento emitirá un informe sobre el caso y se evaluará su continuidad.
El organismo destacó la inconformidad de los padres de los jóvenes desaparecidos manifestada en una reunión en las instalaciones de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en la que expresaron “su frustración por la falta de avances concretos para encontrar a sus seres queridos y su angustia ante la inminencia del tercer aniversario de los trágicos eventos sin alcanzar verdad y justicia”.
Respecto al encuentro con el procurador, Raúl Cervantes, y su equipo, la CIDH urgió a la detención de policías del municipio de Huitzuco, “como medida tendiente a esclarecer lo ocurrido y sancionar a las personas responsables”, así como avanzar en la investigación contra policías federales “como presuntos responsables de encubrimiento de los hechos”.
Asimismo, el organismo exhortó a detener a personas que la PGR identificó como “relevantes para la investigación”. Con ello, dijo, “se contribuiría a obtener información valiosa sobre el paradero de los estudiantes”.
Tras reconocer el esfuerzo de la PGR por conformar un equipo de 90 personas que trabajan exclusivamente en la averiguación del caso Iguala, la CIDH puntualizó que la hipótesis de que los estudiantes y todas sus pertenencias habrían sido incinerados en el basurero de Cocula debe ser suprimida del discurso oficial, ante la imposibilidad de que haya ocurrido, como lo confirmó el GIEI y el avance de las propias investigaciones de la dependencia.
Al señalar que mantener vigente la “verdad histórica” que postuló el entonces procurador Jesús Murillo Karam, “provoca una distancia frente a las víctimas y sus familiares y pone en riesgo la búsqueda de verdad y justicia en este caso”, la Comisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) destacó que durante la reunión con personal de la PGR se informó que “se tiene certeza que los teléfonos y chips de los estudiantes fueron utilizados tiempo después de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, hecho que, aunado a otros elementos de prueba, corrobora la necesidad de descartar la versión inicial que indicaba que todos los teléfonos habían sido quemados en el basurero de Cocula”.
Durante el encuentro de Arosemena con el procurador Cervantes, se le notificó sobre la “asistencia jurídica” que la dependencia recibió del gobierno estadunidense para abordar el asunto de la ruta del tráfico de estupefacientes y dinero de Iguala a Chicago.
La CIDH instó a profundizar esa línea de investigación, así como “priorizar pruebas y diligencias en relación con la ubicación del quinto autobús”, en el que viajaban los estudiantes, que podría estar relacionado con ese tráfico y que hasta ahora no ha sido identificado.
Sobre las acciones de búsqueda, la Comisión valoró positivamente el empleo de tecnología LIDAR para la obtención de información de cuadrantes de los alrededores de Iguala, así como que próximamente personal de la PGR junto con peritos propuestos por los familiares “trabajarán de manera conjunta en el análisis de las imágenes para posteriormente llevar a cabo visitas al terreno con un equipo multidisciplinario”.
La Comisión informó que Arosemena se reunió además con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob), con el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, así como con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.