Redacción

Cinco días después del asesinato de dos niños de Xochitempa, municipio de Chilapa y de que pobladores bloquearan la carretera a José Joaquín de Herrera (Hueycantenango) para exigir justicia, autoridades estatales acudieron a atender a los manifestantes. No acudieron autoridades del municipio de Chilapa.
Representantes y pobladores de 12 comunidades de Chilapa y José Joaquín de Herrera quitaron el bloqueo que inició el miércoles y dieron un plazo de un mes para que la Fiscalía General del Estado (FGE) detenga a los responsables del crimen, o en caso contrario advirtieron que la Policía Comunitaria hará las detenciones con base en el sistema de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF).
El martes en la tarde fueron asesinados Mateo de 14 años y Porfirio de 12, cuando salieron de su comunidad Xochitempa a la localidad de Ahuixtla para comprar víveres. Autoridades informaron que los cuerpos encontrados tenían un disparo en la cabeza de armas largas.
Los cadáveres fueron hallados el miércoles. Desde ese día unos 300 habitantes de 12 comunidades bloquearon la carretera Chilapa-Hueycantenango para pedir una investigación y la detención de los responsables.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) responsabilizó a integrantes de la organización criminal que opera en la región, Los Ardillos, y a un grupo de civiles armados de San Jerónimo Palantla.

Intercederá para que el Ayuntamiento de Chilapa atienda a 10 poblaciones, ofrece Rodríguez Cisneros

El subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros informó que ante los manifestantes se comprometió a solicitar a la Fiscalía General del Estado (FGE) que apresure las investigaciones de los homicidios de los dos menores de edad.
El funcionario también dijo que intercederá ante la presidenta municipal de Chilapa, Mercedes Carballo, para que el Ayuntamiento atienda a 10 poblaciones del municipio con quienes no ha tenido ningún acercamiento desde el inicio de su administración.
Otros acuerdos fueron la rehabilitación, que aseguró, iniciará el martes, de tramos daños de la carretera Chilapa – Hueycantenango; lanzar la convocatoria para un personal de enfermería y mejorar la unidad de salud de Alcozacán, además de que los maestros de la región cumplan con sus horarios de trabajo.
La mesa de trabajo inició a las 12 horas y concluyó a las 4 de la tarde en el crucero de Rincón de Chautla donde cientos de pobladores, desde el hallazgo de los cuerpos de los dos menores, mantenían el bloqueo.
Participaron además del subsecretario de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, el secretario de Educación estatal, Ricardo Castillo Peña; el secretario para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afroamexicanos, Abel Bruno Arriaga; el director de Cicaeg, Martín Vega González y el director del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa, Benjamín Guinto Nava.
Así como el comandante del 50 Batallón de Infantería, Carlos Javier Jaramillo.
No se presentó ni un representante del gobierno municipal de Chilapa, encabezado por la alcaldesa Mercedes Carballo Chino, postulada por el PRI, PRD y PAN.
Tras la reunión de este domingo, el funcionario estatal aseguró que el bloqueo fue levantado para que la Fiscalía determine las actuaciones a realizar.
Dijo que va a platicar con las familias de las víctimas para acordar un tipo de apoyo del gobierno estatal.
De la petición de obras dijo que cada año el gobierno del estado destina un presupuesto importante para obras en el corredor Chilapa-Hueycantenando, y que este año se van a rehabilitar unos tamos de esa vía interestatal dañados por el huracán John.
Sixto Mendoza, promotor de la CRAC-PF e integrante del Consejo Nacional Indígena (CNI), dijo que como pueblos pidieron la detención de los responsables del doble homicidio y dieron de plazo un mes a la FGE.
Dijo que como sistema de justicia la CRAC-PF tiene los derechos y podría ejecutar una orden de aprehensión contra los presuntos responsables, a quienes ya tiene ubicados después de una investigación.
“Los funcionarios dijeron que mejor que se encargara la Fiscalía para evitar hechos de violencia. Según los van a detener, pero si vemos que no lo hacen vamos a ir por ellos como autoridades comunitarias”.
Añadió que se plantearon demandas sociales que tienen las comunidades y de las cuales ya existen minutas firmadas por autoridades estatales y federales, pero que no han cumplido.
Mencionó la construcción de 4 kilómetros de un camino artesanal de Alcozacán a Buena Vista, la construcción de un hospital regional así como de tres aulas, una dirección y baños para el bachillerato intercultural.
Además la entrega de tarjetas en sus comunidades debido a que al estar cercados por civiles armados ponen en riesgo su vida al salir hacía Hueycantenango o Chilapa.